También en Galicia: radiólogos del hospital de Santiago cambian la prioridad de los pacientes sin contar con el médico

Retrasos en pruebas diagnósticas de un año y medio y, en las situaciones más “escandalosas”, superior a los 24 meses, sin que los afectados conozcan los motivos. Son los casos extremos que denuncia la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS (Complejo Hospitalario Universitario de Compostela) derivados de una práctica que, “con carácter general”, según afirman, lleva a cabo el Servicio de Radiodiagnóstico: alterar las prioridades marcadas por los médicos sin informarlos, ni a ellos ni a quienes esperan la prueba. La gerencia del CHUS defiende que los especialistas tienen “la formación y las competencias” para tomar ese tipo de decisiones y que, cuando lo hacen, es basado en “evidencias clínicas”. Los pacientes, sin embargo, creen que la escasez de medios, tanto humanos como materiales, es lo que ha provocado que haya más de 20.000 pacientes esperando una de esas consultas. Son casi tres veces más que antes de la pandemia.

“Llevamos muchos años denunciando esta forma de organizar el servicio”, cuenta a elDiario.es el presidente de la Asociación de Pacientes, Fernando Abraldes, una queja que ahora resuena al hilo de lo sucedido en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. Allí, según desveló El País, 57 personas vieron cómo su prioridad pasaba de nivel 2 a 3, con lo que el plazo para poder operarlas crecía de 90 a 180 días. En este caso, según el médico denunciante, se hacía para maquillar la lista de espera quirúrgica. En el de Santiago, la gerencia asegura que se hace con “criterios clínicos” y “siguiendo el protocolo”.

Abraldes lo ve de forma muy diferente. Considera que esta “reclasificación sistemática” permite a Radiología actuar como “muro de contención” de una multitud de pruebas diagnósticas que carecen de “capacidad” para afrontar. Respalda sus afirmaciones con números. El 31 de diciembre de 2019, justo antes de la pandemia, la lista de espera para este tipo de consultas en el área sanitaria de Santiago y Barbanza —450.000 personas, la tercera de Galicia tras Vigo y A Coruña— era de 8.720 personas, de las que 568 aguardaban ya más de seis meses. Los datos actualizados de los que dispone la Asociación elevan esa cifra a 20.789 pacientes; 5.011 llevan inscritos en ella más de medio año.

“Esos son los datos oficiales, así que conviene ponerlos entre paréntesis”. Al igual que la oposición política o los sindicatos, la asociación tampoco se cree que el balance de la Xunta refleje una realidad que, como denunciaba el PSdeG esta misma semana, “es todavía peor”. Abraldes lo demuestra con un ejemplo: en la última publicación de la situación del hospital compostelano, no existía ningún caso que superase los 12 meses de demora; sin embargo, en su entidad sí los conocían. “Desaparecieron de las listas”.

Prioridades “orientativas”

“Los especialistas en radiodiagnóstico también son médicos, profesionales capacitados y competentes para dos cosas: la indicación y la priorización de la prueba”. Así lo afirma Jorge Aboal, director de Procesos de Soporte del área sanitaria de Santiago y Barbanza. En una entrevista en la Cadena SER —el medio que adelantó la denuncia—, Aboal lo explicaba con un ejemplo: “A lo mejor en casos en que el clínico solicita un TAC o una resonancia, el experto en el diagnóstico por imagen considera que, para ese caso concreto, con las guías clínicas actualizadas por evidencia científica, en vez de un TAC es una resonancia o en vez de una resonancia es una ecografía”. Lo mismo sucede con una prioridad que, para él, “es orientativa”, ya que una vez conocido cada caso, los radiólogos cambian “lo que ellos consideran, dentro de su conocimiento y formación, que tiene que modificarse”; una decisión “muy variable, como la práctica clínica”.

Para Abraldes, lo más grave de todo ello es que se haga sin informar al médico que marcó la prioridad de la prueba ni, especialmente, al propio paciente. Según subraya, ese comportamiento incumple la Lei de Saúde de Galicia. “Esa ley recoge el derecho del paciente a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible”. Un derecho que le están hurtando ya que el radiólogo no contacta con el prescriptor y éste no puede trasladar lo sucedido al afectado que, en la mayoría de las ocasiones, sólo descubre lo que ha pasado al preguntar por el retraso en su cita. Otros lo comprobaron al llegar a la fecha de la siguiente consulta sin que la prueba se hubiese realizado “y, mucho menos, informado”.

Aboal negó que esta forma de actuar —“la de la inmensa mayoría de servicios de radiodiagnóstico en el sistema nacional de salud y fuera de él”— se aplique “de forma arbitraria” ni tampoco “supeditada a los recursos existentes, ni muchísimo menos”, sino basándose “en las guías que se van actualizando a nivel mundial basadas en la evidencia clínica”. El director de Procesos también trató de contextualizar la lista de espera para las pruebas, respondiendo a las 20.000 personas que aguardan con otra “cifra de referencia”, la de la “actividad normal” en el área sanitaria: unos 9.500 diagnósticos con imagen a la semana.

Abraldes deposita parte de la responsabilidad de la situación en el Servicio de Admisión del CHUS ya que, según la normativa, las consultas externas deben fijarse “en función de la carga de trabajo”. Por eso, “por un principio de confianza mutua entre médico y paciente”, da por hecho que si el facultativo marca una prioridad para una prueba es porque nadie desde Admisión le ha advertido de que es imposible realizarla en ese plazo. El presidente de la Asociación de Pacientes cree que la forma de actuar de Radiología no responde “a criterios éticos ni profesionales” y asegura que así se lo ha trasladado en más de una ocasión al propio jefe del Servicio. “Discrepamos, él tiene su punto de vista, pero al final es a nosotros a quien nos toca pagar el pato”.