“El incremento de suicidios es la punta del iceberg de un nivel de sufrimiento muy elevado en la sociedad”
La Facultad de Psicología de la USC acoge este sábado una Jornada del Movemento Galego da Saúde Mental en la que sanitarios, profesionales del ámbito jurídico y legal y representantes de asociaciones de afectados y familiares analizarán la situación en este ámbito en Galicia, muy afectado por los recortes. La jornada de debate, bajo lo el lema “Unidos para defender el derecho a un futuro con salud” estará compuesta por distintas mesas de trabajo, que elaborarán una serie de conclusiones que servirán de base para una asamblea final del Movemento Galego da Saúde Mental (MGSM). En esta reunión se adoptarán decisiones para futuras actuaciones del Movimiento, buscando la defensa de esta parcela de la sanidad pública.
Entre 70.000 y 80.000 gallegos y gallegas padecen algún trastorno mental grave, según los datos del MGSM, y entre 27.000 y 41.000 no pueden acceder “al sistema de atención a la dependencia al cual tienen derecho”. Para Miguel Anxo García Álvarez, psicólogo clínico del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y portavoz de la plataforma, “los actuales recortes están limitando los derechos asistenciales de estas personas. Están siendo dañados los derechos asistenciales y son restringidas de hecho las prestaciones sanitarias reconocidas como derecho por ley a la ciudadanía”. Hablamos con García Álvarez sobre la situación del sector y los objetivos de esta Jornada.
¿Es la salud mental el ámbito de la salud más afectado por la crisis y los recortes?
En cuanto a los efectos de la crisis sobre la salud, estamos seguros de que el ámbito más afectado es la salud mental. En otros ámbitos los efectos de los recortes y de la crisis económica pueden tardar más tiempo en manifestarse, pero en la salud mental el efecto perjudicial de la crisis es seguro y es importante. Hay informes que dejan claro el incremento del consumo de antidepresivos y ansiolíticos. El cambio en las condiciones de vida de una buena parte de la población: empobrecida, debilitada, con más incertidumbre sobre su futuro, privada de algunos elementos materiales, apartada de las redes normales de protección y apoyo, privada en parte de los servicios sanitarios y de los sistema de ayuda social... todo esto hace que las personas, lógicamente, manifiesten en forma de trastornos la dificultad para tolerar estas situaciones vitales.
Se ha hablado mucho del incremento de los suicidios, pero supongo que los efectos –aunque con consecuencias menos terribles– se notan en capas muy amplias de la población, ¿no es así?
Hay cosas que han venido pasando y que poco a poco se van convirtiendo en sufrimiento psíquico insoportable. La pérdida de vivienda, la pérdida de empleo, la pobreza... es normal que derive en trastornos psíquicos, entendiendo esto no como algo extraño a la experiencia común, sino como un sufrimiento que en un momento determinado adopta un cuadro sintomático tal que requiere de apoyo especializado sanitario para poder enfrentarlo. En todo esto el incremento de suicidios es la punta del iceberg de un nivel de sufrimiento muy elevado en la sociedad.
Y en medio de la crisis, la reforma del sistema de atención a la salud mental. ¿En qué se está fallando?
La reforma del sistema de atención a la salud mental consistió en un incremento de dispositivos asistenciales en la red sanitaria general para hospitalizar cuadros agudos de alteración psíquica y para tratar a estas personas en el marco social de asistencia normal, como se trataría cualquier otro problema de salud, y al mismo tiempo en reducir hasta cerrar los antiguos hospitales psiquiátricos o manicomios. ¿Qué ha pasado? Que avanzando el tiempo la reforma fue perdiendo fuerza, arranque y motivos; y al mismo tiempo fue priorizando unos métodos de tratamiento que satisfacían unos intereses comerciales muy poderosos, los intereses de la industria farmacéutica, promoviendo un consumo excesivo de psicofármacos en la sociedad. Se fueron cerrando los hospitales psiquiátricos, donde los derechos de las personas enfermas eran vulnerados, pero sin crear al mismo tiempo un sistema alternativo, con los apoyos suficientes para poder llevar una vida digna. Lo que se ha hecho ha sido colocar a estas personas en residencias para mayores, en algunos casos con un buen apoyo profesional, pero en otros casos en condiciones casi de abandono.
Tanto en la organización del MGSM como en la programación concreta de esta Jornada se busca la intervención de todas las dimensiones y actores que juegan un papel determinante en la salud mental, empezando por el ámbito legal...
Históricamente los temas legal y de la salud mental siempre han ido juntos. La reclusión del loco en los manicomios tuvo que ver con una sociedad que se daba cuenta de que ciertas acciones que hacían determinadas personas parecían estar fuera de su capacidad de responsabilizarse de sus actos. Lo primero que se hacía era considerar que esos actos irresponsables eran consecuencia de algún tipo de enfermedad, por lo que se optaba por la reclusión, pero sin que ello supusiera una condena penitenciaria para estas personas. La presencia en la Jornada y en el Movimiento de asociaciones profesionales del ámbito jurídico remarca esta dimensión legal de la salud mental, totalmente inseparable. El Movimiento introduce la novedad de incorporar todos los factores que tienen que ver con la enfermedad mental. Así se consiguen incorporar todas las dimensiones, acercando las visiones y necesidades de todos los actores, desde los profesionales a los afectados y familiares, y también es muy importante la presencia sindical y su trabajo por garantizar que se siga prestando una atención de calidad desde el sistema público.
¿Cómo valoras el camino recorrido por el Movimiento y qué objetivos perseguís en esta Jornada?
Se ha avanzado bastante en estos tres meses. Se ha hecho una llamada de atención, se han reducido daños en la población simplemente por el hecho de que exista el Movimiento y esté vigilante. Se ha paralizado una reducción grande de los recursos asistenciales en Compostela, al detener la intención de la Xunta de cerrar toda una unidad de especialización durante cuatro meses. La Jornada de este sábado debe servir para seguir avanzando por el mismo camino, fortaleciendo un Movimiento muy necesario a corto, a medio y a largo plazo, para continuar analizando la problemática que nos encontramos en este ámbito, para mandar al mismo tiempo un mensaje a la sociedad de que estamos aquí, y para formular una alternativa.
Programa de la Jornada
La primera mesa se centra en las dimensiones legales de lo que está ocurriendo, con la participación del juez José Gómez Rey, que abordará la responsabilidad legal del profesional sanitario, y de Antonio Rama Valdés, fiscal de Santiago, que propondrá una visión crítica de la actual reforma del Código Penalio y las controvertidas medidas que afectan a la salud mental. El Hospital Psiquiátrico de Conxo será el protagonista de la segunda mesa, moderada por el psiquiatra del Hospital Gil Casar, Alberte Araúxo. Tomarán la voz los profesionales del centro, subrayando las alternativas que tiene ante sí el centro de Conxo.
La evolución y la situación laboral de los profesionales centrará la tercera de las mesas, la última que se celebrará antes del mediodía. La relación entre la crisis y la salud mental abrirá el turno de la tarde, analizando la asistencia a los mayores, la situación de la atención a la salud mental de la infancia y de la adolescencia y la repercusión del actual contexto económico en los casos de suicidio. Para finalizar, será el turno de los derechos sociales, dibujando la situación sociolaboral, asociativa y participativa de las personas afectadas por trastornos mentales graves.
El Movemento Galego da Saúde Mental celebró su asamblea fundacional hace tres meses. Se trata de un movimiento cívico que pretende la protección de la salud mental en Galicia y la defensa de su atención pública, ante el grave deterioro que está sufriendo y el daño que se está causando a los derechos de las personas. Está formado por más de trescientos profesionales de la salud mental pública de Galicia, profesionales de la Justicia, sindicatos, el Colegio Oficial de Psicología, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales, organizaciones de familiares y usuarios de los servicios de salud mental, la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública o la Asociación Gallega de Medicina Familiar y Comunitaria.
