Fragas de Catasós: donde el pueblo ha vencido a la compañía eléctrica

“Conseguimos salvar las Fragas de Catasós contra el mastodonte de Fenosa, los poderes fácticos y una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que aceptaba el proyecto. Es un orgullo”. Miguel Diéguez, abogado del Ayuntamiento de Lalín en la batalla judicial contra la eléctrica, resumía así el proceso que esta semana acabó con la denegación por parte de la justicia de la licencia que la compañía tenía para construir una línea de alta tensión en un valorado bosque y que amenazaba miles de árboles autóctonos, la mayoría de ellos castaños y muchos centenarios.

Después de más de dos años de batalla social liderada por la plataforma Salvemos Catasós -y algún tiempo más de pelea burocrática por parte de los afectados-, la justicia acaba de darles la razón en un conflicto de los que raras veces acaban girando hacia ese lado. “Hay unos grandes vencedores que son el pueblo de Lalín, la plataforma y el Ayuntamiento, y unos grandes perdedores: los poderes fácticos, en este caso Fenosa, y la inacción de gobiernos anteriores”, aseguró el alcalde Rafael Cuiña al dar a conocer la “buena noticia”. Una noticia que ha llegado, además, cuando menos esperanzas había entre la sociedad civil de esta localidad del interior de Pontevedra.

Poco antes de Navidad, varios vecinos recibieron cartas de expropiación forzosa de los terrenos afectados con los detalles del importe a recibir. “Aquello nos pareció el momento que nos condenaba al desastre, en el que todo acababa y en el que, una vez más, los grandes y poderosos ganaban a pesar de las evidencias y pruebas documentales de que todo el proceso había sido erróneo”, resume Celso Fernández, portavoz de la plataforma, que reconoce así su “satisfacción pero también sorpresa” por la sentencia. Tanto es así que la acción pacífica en la que propietarios de los bosques y miembros del colectivo abrazaban los árboles en diciembre pareció ya más una despedida que un acto de esperanza. Todo mientras esperaban por la resolución de la Xunta para la declaración de la zona como Espacio Natural de Interés Local (ENIL), lo que parecía “el mecanismo más efectivo para paralizar la obra”.

Mes y medio más tarde, ha llegado la sentencia en la que la magistrada desmonta los argumentos de Gas Natural Fenosa y asegura que el Ayuntamiento “no sólo no puede sino que no debe autorizar la ejecución de las obras”. Una paralización que llegó con la licencia en poder de la eléctrica, una DIA de la Xunta que daba el visto bueno y el favor del anterior gobierno municipal, del PP, que gobernó en el municipio con amplia mayoría hasta que una coalición liderada por el ex-popular Cuiña, hijo del ex-conselleiro de Fraga, acabó con su hegemonía. “Lo fácil para el nuevo ejecutivo habría sido dejar hacer y otorgar el permiso”, advierte Diéguez. Pero no fue así. La compañía, ante el silencio de la administración local, pidió ejecutar las obras pero el Ayuntamiento se negó. La empresa recurrió esta negativa y el juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra acaba de desestimar el recurso en un dictamen recurrible ante el Superior gallego.

“La situación era muy compleja jurídicamente, pero cuando la gente que tiene razón lucha y trabaja saca réditos”, insiste el letrado Diéguez, que destacó lo “muchísimo” que sirvió tanto el trabajo como las pruebas e informes que la plataforma y la ciudadanía fueron aportando: el del Consello da Cultura Galega (CCG), el del Valedor do Pobo o los del catedrático en Botánica de la Universidad de Santiago, Javier Guitián. Todos coincidían en señalar los defectos en la evaluación de la afectación real que las obras suponían, lo que llevó a la magistrada a sentenciar que “unidos todos ellos [los documentos] en la contestación municipal a la demanda, es posible inferir serísimas dudas sobre el verdadero impacto que las obras van a tener no sólo en el medio ambiente sino a nivel paisajístico”. Además, incidió en el hecho de que la legislación medioambiental debe estar por encima de la urbanística.

Un bosque único

La actuación prevista preveía cortar hasta 2.000 árboles. La línea de alta tensión afectaba a una parte de una zona compuesta por especies autóctonas: robles, además de varios tipos de castaños, uno de ellos de más de 30 metros de altura. Además, las especies presentes en las 4,5 hectáreas registran una de las mayores tasas de crecimiento de toda Europa. El Decreto 76/2000 de la Xunta declaró la Fraga “Monumento Natural” por sus “características botánicas de gran importancia, singularidad y belleza” y el Decreto 67/2007 del Gobierno gallego creó el Catálogo gallego de árboles singulares y la incluyó como “formación singular”. Pero ni eso ni la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni otras figuras de protección lograron detener la autorización de mayo de 2014 de la Consellería de Economía para que una línea de alta tensión (el proyecto sectorial de incidente supramunicipal LAT 132 kV O Irixo-Lalín) pasase por esa zona. Tampoco sirvió la constancia de que buena parte de Los Pazos de Ulloa fuese escrita por Emilia Pardo Bazán paseando por este lugar.

Con todos estos antecedentes, en la DIA aprobada por la Xunta ni se recoge la existencia de especies autóctonas, tal y como luego advirtió el CCG. Aun así, el anterior gobierno municipal del PP lo obvió. “Fue una dejadez total; si llegamos aquí fue porque los técnicos del anterior ejecutivo avalaron el proceso sabiendo que estaba mal hecho; desde el ejecutivo nos acusaron de politizar la plataforma y de tener interés electoral”, relata Celso Fernández, que vivió la lucha en la plataforma desde el inicio.

Contempló también como Fenosa rechazaba las alternativas que se le presentaban u ofrecía otras que no convencían. “Propuso sobrevolar las Fragas con torres más altas, pero saben que bajo un tendido eléctrico no se permite vegetación por muy alto que las subiesen; ofrecían algo que no se podía cumplir”, recuerda. Al tiempo, expertos propusieron desvíos de la red por otras zonas o el soterramiento de la línea, como ocurre en las áreas que coinciden con el Camino de Santiago. “Algunas se estudiaron, pero nunca las quisieron porque ya tenían un proyecto y porque otras opciones eran más caras”, añade.

Desde el Ayuntamiento se advirtió de la necesidad de unas medidas de prevención y no de recuperación, ya que los expertos cifraban entre 50 y 100 años el plazo para recuperar la zona. Además, se insistió en la unidad paisajística de todo el entorno, algo que tuvo en cuenta la jueza que, según el abogado Diéguez, “desmonta punto por punto” las argumentaciones de Fenosa.

Aunque recurrible, nadie piensa que a la eléctrica se le ocurra a hora intentar de nuevo la construcción de la línea. “¿Cómo defenderá Fenosa seguir adelante con el mismo proyecto con una sentencia que le advierte de todos los daños medioambientales? ¿Cómo va a defender esto ante la ciudadanía?”, se pregunta Diéguez, convencido de que “buscará alternativas” tras un dictamen que “paró también la DIA y los procedimientos de expropiación”. “Salvamos las Fragas de Catasós”, insisten todos los implicados. En primera persona del plural.