Feijóo presumió este jueves de anunciar “la primera ley de pandemia que existe en una comunidad” para que la Xunta pueda limitar derechos fundamentales en su territorio de competencia. Unas frases después, le dio la vuelta al argumento y pidió un Ejecutivo central “que gobierne” al estilo de Macron y Merkel y atacó que existan “19 estados de alarma” en el Estado español. La dureza de las medidas tomadas en Francia y Alemania contrasta con la situación estatal en la que los presidentes de las comunidades tienen autonomía para decidir las medidas de restricción que se adapten a la situación de su territorio. También contrasta que el Gobierno gallego pida centralidad en las decisiones mientras presenta una normativa que situará a Galicia como la única zona de España en la que el Ejecutivo se faculta, previa autorización judicial, para obligar a un persona a vacunarse, a un paciente a seguir un tratamiento o para limitar la movilidad en un territorio.
“Llevamos mucho tiempo solicitando al Gobierno que gobierne, como lo hace el presidente de la República francesa o la canciller Angela Merkel. Aquí no, aquí el Gobierno deja que las 17 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla hagan lo que consideren oportuno de acuerdo a un texto que habilita para mantener esta situación durante los próximos seis meses”, criticó Feijóo siguiendo la línea argumental de Pablo Casado, líder de su partido, que se abstuvo en la votación para la prórroga de la medida durante medio año. El presidente gallego se caracterizó durante el primer período de estado de alarma por reclamar al Gobierno central que dejase gestionar a las comunidades. “Los ciudadanos tienen que ir recuperando los derechos y las administraciones nuestras competencias”, repetía en el mes de mayo. Ahora, sin embargo, el barón popular considera caótico que cada comunidad tenga diferentes restricciones.
“Es necesario en España para un español, ya no para alguien que nos visite, hacer un cursillo rápido de aprendizaje de qué cosa se puede hacer en cada comunidad, en cada provincia y en muchos de los 8.000 ayuntamientos en los que se divide España”, afirmó Feijóo, “y así es muy difícil que los ciudadanos entiendan lo que hacen los políticos”. Al mismo tiempo, el presidente gallego defiende que las medidas de restricción se tomen con precisión y que no se apliquen de manera general en todo el territorio. En Galicia, toda la comunidad se encuentra en nivel 2 de alerta y tiene limitaciones de reunión y aforos. Otros nueve ayuntamientos y una localidad de un décimo municipio se encuentran en nivel 3, con medidas más duras, y ocho de ellos tienen restringidas las entradas y salidas del término municipal. El afán de aplicar diferentes medidas según el ámbito territorial ha llevado a la Xunta a publicar restricciones por barrios en ciudades como Ourense, Lugo o A Coruña.
Sin embargo, para Feijóo “no hay un caso” en la Unión Europea de un país que active un estado de alarma “durante seis meses, y que cada comunidad autónoma haga lo que considere oportuno más las ciudades de Ceuta y Melilla”. Una opción que permite que la Xunta mantenga a Galicia como una de las cinco comunidades del Estado sin cierre perimetral en estos momentos.
El ataque de Feijóo contra los “19 estados de alarma” se produce al tiempo que su Gobierno presenta una reforma de la ley sanitaria de Galicia que pretende legislar para que el Ejecutivo gallego pueda limitar derechos fundamentales a cualquier ciudadano que se encuentre en la comunidad. El barón gallego avanzó tras la reunión semanal de su Gobierno algunas ideas que se introducirán en la norma pero sin presentar el articulado legal, que llegará al Parlamento de manos de su grupo, el PP, que tiene la mayoría absoluta en la Cámara. De las explicaciones de Feijóo se entresaca que el Gobierno gallego tendrá que seguir acudiendo al poder judicial para restringir un derecho o una libertad constitucional, pero plasmará supuestos que se escapan a las competencias actuales de Galicia como hacer cumplir los aislamientos de enfermos y las cuarentenas -que se hace hasta el momento con ratificación de un juzgado- o poder obligar a que los pacientes se somentan a tratamientos o reciban las vacunas que se consideran obligatorias, así como limitar la movilidad de la ciudadanía y confinar zonas de la comunidad.
La tesis del Alberto Núñez Feijóo y del PP de que una pandemia no puede gestionarse bajo un estado de alarma, sino que precisa de legislación sanitaria propia se basa, según los últimos argumentos del presidente gallego, en el “enorme impacto reputacional” que tiene para el Estado español esta herramienta. Esta reforma de la normativa autonómica sigue el camino de restringir derechos fundamentales sin utilizar el estado de alarma, una idea que cuestionan catedráticos de Derecho Constitucional como Javier Pérez Royo. “Lo que está diciendo el presidente de la Xunta de Galicia de que con una reforma de la Ley de Salud Pública se podría dar cobertura a la presunción de legitimidad de los actos limitativos de derechos fundamentales, simplemente no es verdad. Es radicalmente incompatible con la Constitución”, argumenta el profesor de la Universidad de Sevilla.
El presidente de la Xunta comenzó a inicios de mayo a reclamar una modificación legislativa de la normativa sanitaria estatal para limitar derechos básicos de la ciudadanía y unos meses después, en agosto, anunció que presentaría “una nueva ley orgánica de salud”. No fue hasta la primera semana de octubre cuando Feijóo remitió a Pedro Sánchez su propuesta, obviando el texto para la modificación de la ley orgánica de salud que su formación, el Partido Popular, ya había registrado en el Congreso. Ahora, la Xunta continúa su oposición al estado de alarma con cambios en su ley autonómica de salud.
De defender las competencias al “se nos traslada la responsabilidad”
Si durante el primer período de estado de alarma Feijóo reclamó semana tras semana que los presidentes autonómicos recuperasen sus competencias ahora el presidente gallego considera que el Gobierno central les está “trasladando la responsabilidad” a las comunidades. “Fíjese si [los presidentes y presidentas] somos responsables que aceptamos la competencia delegada en este estado de alarma. ¿Qué pasa si no se acepta?¿Actuaría el Ministerio de Sanidad? Si Ceuta y Melilla están colapsadas, menos mal que no es el que gestiona todas las comunidades”, se preguntó esta mañana el presidente de la Xunta justo después de pedir un Gobierno como en la República francesa, en donde vuelve el confinamiento domiciliario a partir de este viernes 30 y está vigente el estado de emergencia sanitaria.
En los primeros compases de la pandemia, Feijóo reclamó al Gobierno central que clarificase qué competencias seguían en sus manos y que se tuviese en cuenta a los ejecutivos de las comunidades para la toma de decisiones. Una defensa que practicaron más comunidades hasta que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos apostó por una cogobernanza del estado de alarma que no convenció al barón gallego.
A la desescalada, Galicia llegó apretando para superar fases alegando que la situación de la comunidad era mejor que en el resto de España y se acogió a un levantamiento de las restricciones asimétrica, por territorios, como proponía el Gobierno central. Feijóo llegó a pedir una “cláusula de salvaguarda territorial” para que las comunidades pudiesen tomar decisiones y tuviesen libertad para interpretar la norma.