Seis incógnitas sobre el conselleiro de Empleo, la bodega familiar y la contratación de migrantes sin papeles
De perfil discreto y sin grandes apuros en su mochila –y eso que le tocó lidiar, desde Medio Rural, con alguna de las peores oleadas de incendios–, el conselleiro José González seguía siendo un gran desconocido para los gallegos tras ocho años en la Xunta. Ahora, el responsable Empleo y Emigración tiene sobre él todos los focos después de que Inspección de Trabajo sancionase a la bodega de su familia –de la que él fue socio hasta entrar en la Xunta, en 2018– por tener trabajando en la vendimia a dos inmigrantes sin papeles, contratados a través de la ETT “habitual”. Empleo, Emigración y Medio Rural –su anterior cartera– se juntan en una crisis sobre la que intenta echar tierra pero en la que todavía quedan muchos interrogantes. Empezando por saber...
¿Quién es el conselleiro de Emprego?
José González (Ourense, 1970), ingresó en el cuerpo de inspectores de Hacienda con 27 años, mucho antes de heredar, junto a sus hermanos, la bodega familiar. En 2016, llegó al Parlamento como diputado raso y solo dos años después ya era conselleiro de Medio Rural. El detonante de su despegue, la presidencia de la comisión creada tras los incendios del otoño de 2017, donde el fuego llegó a correr por las calles del centro de Vigo. El dictamen, muy crítico con la propia Xunta, le granjeó enemistades en el partido pero hizo que Feijóo se fijase en él y lo incorporase a su gobierno. Tras ganar sus primeras elecciones, Alfonso Rueda lo desplazó a Emprego.
Su sucesora, María Jose Gómez –protegida de la presidenta provincial y alcaldesa de Lugo, Elena Candia, curiosamente más próxima a Feijóo que a Rueda– guardó en el cajón o “reformuló” algunas de sus medidas estrella, como la anunciada ley de incendios, que sigue en el limbo. Con ella pretendía poner el colofón a un sistema que se basaría, por primera vez, más en la prevención que en la extinción.
¿Cuál es la ETT que contrató a los trabajadores sin papeles?
Ni la bodega Casal de Armán ni el propio conselleiro –que dice limitarse a repetir lo que le contaron en el “ámbito familiar”– han identificado a la ETT a la que responsabilizan de haber llevado a sus viñas de Ribadavia (Ourense) a los dos migrantes en situación irregular. Es la ETT “con la que tratan habitualmente”, afirmó González mientras defendía la “honorabilidad” de la empresa de sus hermanos.
Sin embargo, Trabajo no multó a la ETT sino a una filial de Casal de Armán, Viña Campinas S.L., la encargada de gestionar los viñedos. Lo hizo, según la empresa, porque “aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo”. La ley 14/1994 que regula las empresas de trabajo temporal ya recoge en su artículo 16.2 que “la empresa usuaria es responsable de la protección en materia de seguridad y salud laboral”.
¿Por qué se denunció a los migrantes?
Casal de Armán y González esgrimen, como prueba de que no existió intención de fraude, la denuncia presentada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –la Guardia Civil, aclara el conselleiro– cuando conocieron los hechos. Sin embargo, la demanda no es contra la tantas veces mencionada ETT, como responsable de la contratación, sino contra los migrantes en situación irregular que supuestamente se han hecho pasar por otras personas que sí tenían los papeles en regla. Si son declarados culpables de usurpación del estado civil, que es como se encuentra tipificado en el Código Penal, podrían afrontar penas de cárcel de 6 meses a 3 años.
¿Se esconde Alfonso Rueda?
Eso dice la oposición, porque el presidente de la Xunta no ha abierto todavía la boca sobre el “desgraciado incidente”, como definió González lo sucedido en Casal de Armán. Desde la publicación de la noticia por elDiario.es en la noche del lunes, Rueda ha seguido protagonizando actos públicos: el martes visitó la ampliación de una depuradora en Padrón y el miércoles participó en el 50 aniversario del Centro Príncipe Felipe de Pontevedra, donde se atiende a menores en riesgo de exclusión. En ninguno de ellos hizo declaraciones más allá de la intervención protocolaria.
El único miembro del gobierno gallego que ha hablado es el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, número dos de facto del ejecutivo, que ha dado por buenas las explicaciones de González. Este, mientras, ha evitado aclarar si cuenta con el apoyo del presidente: “Pertenece al ámbito privado de nuestras conversaciones”.
¿Tiene Casal de Armán un salón de eventos ilegal?
Sí, desde el año 2015, cuando el hoy conselleiro todavía era uno de los socios de la empresa. Se trata de una estructura próxima a la antigua casa rectoral de Santo André de Campo Redondo, en Ribadavia, un edificio protegido por Patrimonio donde la Xunta, en 2019 –siendo ya González responsable de Medio Rural– abrió el Museo do Viño de Galicia. Desde entonces, los diversos intentos de demolerlo –como ha informado ampliamente Praza.gal– se han visto retrasados una y otra vez, en parte por el retraso de la Consellería de Cultura para responder a los recursos. El último, si una vez derribado, en el espacio habría que plantar viñas o se podría instalar una zona ajardinada. Mientras los despachos ralentizan la piqueta, Casal de Armán ha seguido explotando comercialmente la edificación.
¿Qué otros frentes abiertos tiene González?
La gestión de González en Emprego pasaba sin pena ni gloria hasta que la Xunta, con él como mascarón de proa, hizo bandera de la lucha contra el absentismo laboral, una categoría en la que el ejecutivo autonómico equiparaba –aunque después se ha venido esforzando en tratar de diferenciarlo– las ausencias injustificadas con las bajas e incapacidades. Fue ese espíritu el que hizo que dos de los principales sindicatos gallegos –el mayor, la CIG, y CCOO– se negasen a participar en una mesa de diálogo e hicieron que UGT se quedase sola con la patronal y una Xunta que ahora insiste, con poco éxito, en que el futuro decreto no busca “demonizar” a los trabajadores.