Los tropiezos de Francisco Conde, el fichaje económico que Feijóo quiere llevar de Galicia a la Moncloa

Francisco Conde (Monforte de Lemos, Lugo, 1968), el cabeza de lista del PP en la provincia de Lugo para las generales, ha estado al lado de Alberto Núñez Feijóo desde que este llegó a la Xunta de Galicia en 2009 como su principal referente económico. Doctor en esa área por la Universidad Complutense de Madrid y profesor en la CEU San Pablo durante 14 años, saltó a la política de la mano de Feijóo, que ahora lo reclama para su equipo en Madrid. El anuncio del nuevo fichaje coincide con la negativa del PP a un debate sobre economía propuesto por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. Aunque considerado un gurú para los números en el PP de Galicia, Conde deja tras de sí un palmarés discutible: economía lánguida, fiascos industriales y venta de empresas a precio de ganga.

De perfil discreto y tecnócrata, hizo su inmersión inicial en la política como asesor del primer gobierno de Feijóo en Galicia. Fue a finales de 2012 cuando fue nombrado conselleiro para la rama económica. Desde entonces ha mantenido esas competencias. En 2020 pasó a ser vicepresidente segundo y, con el sustituto de Feijóo, Alfonso Rueda, que lo calificó de “fundamental”, se encaramó al segundo escalón de la Xunta como vicepresidente primero. Un año después, la llamada del jefe de filas del PP lo sitúa como diputado asegurado en el Congreso y refuerza la idea de que aspiraría a algún cargo relevante en un hipotético gobierno del PP. Fuentes de la dirección del partido aseguran que ven a Conde “en un ministerio fuerte de industria”. Es una materia que él “se sabe”: “Puede aportar mucho, por ejemplo, en la gestión de los PERTE”. El propio Rueda insiste estos días en que ese primer puesto en la lista, que le obliga a una crisis de gobierno, “puede tener un gran recorrido”.

Las credenciales con las que llega Francisco Conde a Madrid tras 11 años con responsabilidades en la toma de decisiones de la Xunta son unos datos lánguidos, que han discurrido en varios indicadores por debajo de la media estatal en los últimos años, y una serie de fiascos industriales: el fracaso de la estrategia para revitalizar el naval con la entrada de la mexicana Pemex, un parón en la eólica tras echar abajo el plan del gobierno anterior, cierre de plantas pertenecientes a empresas extranjeras y anuncios de nuevos proyectos de viabilidad dudosa. El índice de producción industrial muestra una salida irregular de la crisis causada por la pandemia en Galicia, con fuertes repuntes en los primeros meses, pero datos por debajo de la media de España e incluso caídas hacia finales de ese ejercicio y durante la recuperación en 2022.

Sobre su mesa de conselleiro se encontró en 2012 con una crisis internacional que seguía desplegando sus efectos y varios planes ya vigentes que, aunque no desde la primera fila, no le eran ajenos. Una de las primeras medidas de Feijóo en la Xunta fue el derribo del reparto eólico del bipartito de PSdeG y BNG -dentro de un concurso que exigía planes industriales asociados a las concesiones de megavatios y una participación pública en los proyectos-.

El expresidente gallego veía “tachas graves de legalidad” en el procedimiento, aunque donde la Justicia acabó viéndolas fue en la derogación decidida por el ahora líder del PP. El Tribunal Supremo consideró que la anulación fue ilegal. A Conde, que ensalza con frecuencia la seguridad jurídica, le tocó la defensa de la postura de la Xunta de Feijóo en medio de una parálisis del sector que se prolongó durante años. Ahora, la propuesta del Gobierno gallego es la creación de una empresa mixta público-privada para proyectos de energías renovables. Aunque la Xunta asegura que se reservará formalmente la capacidad de veto, la mayoría va a ser privada.

El cambio de modelo general llevó en los últimos años a un auge de solicitudes para instalar parques eólicos en territorio gallego. La proliferación ha llevado a que vecinos, sindicatos agrarios, ayuntamientos y asociaciones ecologistas hayan iniciado protestas en múltiples puntos de Galicia por el modelo de desarrollo, que denuncian que no siempre respeta los valores ambientales y patrimoniales. Pero, aun en medio del boom, industrias de producción de componentes de aerogeneradores anunciaron su cierre en la comunidad y su traslado a otros territorios, como fue el caso de Siemens Gamesa en As Somozas (A Coruña) y el de Vestas en Viveiro (Lugo).

La alianza fracasada con Pemex

También se encontró Conde esbozado sobre su mesa de conselleiro otro de los proyectos que concentró más anuncios y esfuerzos comunicativos de Feijóo en el área industrial: el acuerdo con la petrolera Pemex para la construccion de barcos-hotel (floteles) en astilleros gallegos y varias embarcaciones más. La alianza terminó derivando en una compra del emblemático Hijos de Barreras por parte de la empresa mexicana como una forma de salvarlo de la crisis.

Pero casi nada salió según lo anunciado en aquellos entendimientos: solo dos de la veintena de barcos prometidos se materializaron, varios de los directivos con los que la Xunta cerró los acuerdos acabaron investigados por corrupción y Barreras ha desaparecido y sus instalaciones son ahora propiedad de un astillero asturiano, Armón.

También en manos foráneas ha acabado otro de los principales grupos empresariales gallegos, Pescanova. Refundada como Nueva Pescanova, está a la espera que se concrete su venta a la canadiense Cooke.

El conflicto continuado con el Gobierno central

Los argumentos de Francisco Conde ante crisis abiertas en el sector industrial gallego han buscado a menudo la diana del Gobierno central, en la senda discursiva del propio Feijóo y de su sucesor en la Xunta. Uno de los conflictos más enquistados en los tiempos recientes fue el de la fábrica de aluminio primario que Alcoa tiene en San Cibrao, de gran relevancia en el empleo de toda la comarca de A Mariña de Lugo. Parada desde hace año y medio con la promesa de recuperar la actividad a finales de 2025, sobre la planta planeó durante dos años la sombra del cierre y un expediente de regulación de empleo (ERE), tumbado por la justicia, para más de medio millar de trabajadores. En ese tiempo, aun con críticas a la actitud de la multinacional en las negociaciones, Conde mantuvo una postura de defensa de los intereses empresariales. En sus declaraciones insistía una y otra vez en que la situación era responsabilidad del Ejecutivo español por unos precios de la electricidad para consumidores intensivos que hacían la fábrica inviable.

La atribución de responsabilidades al Gobierno central arreció con la gestión de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia y los PERTE para canalizarlos. Conde ha cargado contra las ayudas anunciadas para otros territorios y ha sido especialmente duro con las medidas para el sector de la automoción. Dijo a finales del año pasado que la fábrica de Stellantis en Vigo, una de las principales industrias de Galicia, en donde lleva implantada décadas, depende de que el equipo de Pedro Sánchez diseñe un nuevo PERTE. El último encontronazo ha sido por un proyecto que se presentó ya como dependiente de los fondos europeos: la fábrica de fibras textiles propuesta por la portuguesa Altri para Palas de Rei (Lugo).

La vicepresidenta Calviño indicó hace unos días que todos los proyectos presentados como prioritarios por la Xunta “salvo uno en el que parece que tienen un enorme interés”, el de Altri, se han incorporado a la planificación: “Tienen que entender también que las normas de aplicación de los fondos europeos exigen”. Conde replicó de inmediato en tono de agravio: “El Gobierno no fue capaz de identificar este proyecto dentro de los PERTE y darle una igualdad que se les está dando a otros proyectos”.

La fábrica de fibras es uno de los proyectos estrella de la Xunta para reactivar la maltrecha industria gallega, junto con otras fábricas pendientes para la comarca de Ferrolterra, especialmente afectada por el declive en la actividad. Ahí está previsto que arranquen una fábrica de neumáticos de la china Sentury Tire y una planta de hidrógeno verde de la portuguesa EDP con Reganosa. También en la misma zona, Ence ha anunciado que tiene planes de levantar una fábrica de papel tisú utilizando las instalaciones de la antigua central térmica de Endesa. La Xunta, que ya se volcó en la defensa de la polémica planta de la celulosa en la ría de Pontevedra, adelantó su apoyo la iniciativa. Tanto que el propio Conde faltó a una de las ineludibles reuniones semanales del Gobierno gallego, el Consello, para acompañar en una rueda de prensa al director territorial de la empresa en Galicia, Antonio Casal.