El Valedor do Pobo investiga irregularidades en la venta de uniformes de colegios concertados
Primero los libros y ahora, también los uniformes. El pasado febrero el Consello Galego da Competencia publicaba un informe en el que alertaba de la existencia de un monopolio práctico en los centros escolares concertados, esto es, los de titularidad privada pero financiados con fondos de la Xunta de Galicia. El documento se refería, concretamente, a los colegios concertados que imponen el uso de uniforme a su alumnado. En gran parte de estos casos a dirección de los centros fuerza, en la práctica, la que la ropa de los estudiantes sea adquirida en unos comercios determinados o incluso en el propio colegio, imposibilitando así la busca de opciones más económicas y, en definitiva, encareciendo los precios. El Valedor do Pobo acaba de iniciar una investigación al respecto.
“Tomando como referencia” el informe del CGC sobre estas “prácticas abusivas”, entre las que la oficina del defensor gallego destaca la “venta exclusiva de modelos oficiales en un único punto”, José Julio Fernández acaba de ordenar la apertura de una queja de oficio. Apoyándose en los datos de Competencia pero también en “comunicaciones” de varios ciudadanos el Valedor “muestra su preocupación” por la “carga gravosa que supone para las familias ceñirse a los modelos oficiales implantados en algunos centros” que, destaca, “están incurriendo en irregularidades” al promover la “comercialización exclusiva en determinados puntos”.
Dado que estos centros están sostenidos por fondos públicos el Valedor comienza sus actuaciones dirigiéndose formalmente a la Consellería de Educación para “dejar patente su preocupación” en relación a estas “dudosas prácticas de comercialización”. Estas prácticas consisten, esencialmente, en que los colegios promueven el uso de uniformes que “suelen incluir logotipos registrados” del propio colegio, lo que en la práctica “impide” que las familias puedan “adquirirlos en otros comercios”, forzándolas a asumir un precio que, indica Competencia, puede ser mucho más bajo en otros establecimientos comerciales. “En algunos casos -destaca el Valedor- el centro se convierte incluso en el único punto de venta de los uniformes”.
En este contexto, el uso de unos modelos determinados de prendas como “chaquetas, pantalones o faldas, polos, mandilones, equipación deportiva, abrigos...” suele ser “obligatorio en muchos centros educativos” y la imposición de los puntos de venta podría “suponer no solo la vulneración de los principios de defensa de la competencia”, sino también vulnerar la legislación educativa. Concretamente, indica el defensor, estas prácticas también van contra el “principio de gratuidad de la educación”, la cual, a priori, debe estar garantizada en los centros financiados por la Administración pública. “La compra de los uniformes escolares -detalla- puede suponer un desembolso extremadamente gravoso para la economía familiar cuando existen hijos escolarizados en el centro que les corresponde por zona de influencias”.
Así las cosas, el Defensor reclama que Educación redacte un informe para comprobar si, como indican las familias y el Consello Galego da Competencia, existe este tipo de prácticas y también si, por ejemplo, se dan “diferencias de precio considerables” entre los conocidos como uniformes “oficiales”, aquellos que “tienen características especiales de diseño, un escudo, logotipo o similar”, y los “básicos”, esto es, sin distintivo de un colegio concreto. Según los cálculos del CGC “el uniforme oficial que se vende en los centros” llega a ser unos 90 euros más caro que el uniforme básico, obligando a las familias a desembolsar unos 140 euros de media por cada uniforme.
