El Gobierno pendiente de las elecciones catalanas

La semana pasada asistimos a la primera prueba de temperatura de los partidos que dan abrigo al Gobierno. En una sesión del Congreso que se antoja simbólica por realizarse en el Senado, la cámara segunda donde reina la derecha nacional, se vio cómo se vislumbran el tono de las próximas sesiones parlamentarias donde el gobierno será puesto a prueba hasta el límite. Las oposiciones amigas, Podemos con el foco en la vicepresidenta de Sumar y Puigdemont en el presidente Sánchez, van a someter al gobierno a un pressing insoportable si no fuera porque, a la postre y a corto plazo, ni unos ni otros podrían sobrevivir en otro escenario.

De las negociaciones con Junts, para desbloquear y permitir que al menos dos de los tres decretos fueran convalidados, llama la atención la transferencia a la Generalitat de responsabilidades sobre inmigración. Una gestión que no había sido solicitada por el Govern de Aragonés, aunque varios de sus políticos sí habían tocado el tema, solo puede interpretarse como una presión de Junts sobre Esquerra en esa guerra abierta por la hegemonía del independentismo. Junts, fortalecido por su inesperado papel determinante por la aritmética parlamentaria, sabe que esta oportunidad para acomodar la política a sus intereses será única salvo que se repitiera la situación en las próximas generales que nadie espera que sean en cuatro años. 

Entre tanto, los de Puigdemont saben que la provisionalidad, patear pero sin poner en peligro al Gobierno, durará hasta que la ley de amnistía sea plenamente efectiva que, con los recursos anunciados y las decisiones a la vista, no será antes de final de este año, si no ya en la primavera de 2025. Y hasta que se celebren las elecciones catalanas que tocarían sobre el 16 de febrero del año que viene. La pregunta es si tras las elecciones catalanas, y dependiendo de si Junts logra ser determinante, estaría en peligro su apoyo a Sánchez. La crónica anunciada tiene dos metas volantes: las elecciones europeas, en la disputa con el PP, y las catalanas, con Junts.

Con la ley de amnistía en vigor Carles Puigdemont podría presentarse a la presidencia de la Generalitat, aunque en una reciente entrevista manifestó que no iba a hacerlo ni “hacer un Tarradellas” y Oriol Junqueras ya no estaría inhabilitado y podría también ir en las listas. Un futuro enfrentamiento de titanes supondría someter al electorado independentista a una decisión fratricida que iría más allá de las siglas políticas y quizás no resultara conveniente para el futuro del independentismo.

De celebrarse las catalanas con la ley de amnistía plenamente en vigor, superados los obstáculos judiciales, o en situación de trámite, las próximas elecciones catalanas se enmarcan como casi definitivas para el futuro del independentismo: revalidar su mayoría parlamentaria o una presidencia del partido socialista.

A Esquerra se abre la incógnita de qué escenario sería más conveniente para sus intereses: si un adelanto electoral con la ley de amnistía todavía en trámite o cuando los amnistiados puedan presentarse a cargos políticos. En el segundo caso, Esquerra también tendría que decidir hasta qué punto Oriol Junqueras es un tirón electoral. 

Para Junts un adelanto electoral, sin la ley de amnistía plenamente en vigor, supondría que señalados políticos no pudiera optar al Parlament, por lo sería de obligación aportar nuevas caras, una renovación que podría resultar muy conveniente en esa nueva normalidad posconvergente.

Y para el Gobierno un adelanto electoral en Catalunya, antes de que entrara en pleno vigor la ley de amnistía, aceleraría el pragmatismo de Junts desactivando su marca más independentista y buscando conectar con problemáticas crecientes, como la inmigración. De los principales partidos catalanes, el electorado de Junts es el más preocupado con este tema, el 60 por ciento según el CEO (CIS catalán), y sus estrategas verían cómo sus votantes podrían estar tentados de alimentar el nuevo partido Aliança Catalana, independentista e islamófobo. Con el adelanto electoral Esquerra se aseguraría no enfrentarse con los pesos pesados de Junts y desbarataría, sin dejarla madurar, la nueva estrategia sobre inmigración abierta en el golpe de fuerza por la convalidación de los decretos ómnibus.

El desafío de Esquerra es cómo responder a la abstención de su electorado en las generales. El 23 de julio, ERC pasó de 13 a 7 diputados y Junts de 8 a 7 diputados. La pérdida de votos del independentismo benefició al socialismo. Pero mientras que para Esquerra se trata de recuperar sus votantes, después de su etapa de colaboración que culminó con los indultos, para Junts la cuestión está en si su votante considerará la Ley de amnistía como un punto y final o un comienzo. De la valoración que hagan los votantes de Junts dependerá que episodios como el de la semana pasada sean la norma o la excepción. Lo que parece es que será la norma hasta que las elecciones catalanas pongan a cada cual en su sitio.

Para Socialistes de Catalunya, y el Gobierno de coalición, el escenario de un adelanto electoral en Catalunya sería arriesgado. Si Junts remonta, y supera a Esquerra, supondría el respaldo a su política de presión al límite. Si los socialistas se alzan con la Generalitat, Junts no tendría aliciente para seguir apoyando al gobierno.

Todo este análisis queda pendiente del resultado de las europeas de junio en doble rasero de quién las gana; entre los dos grandes partidos nacionales y entre las dos marcas independentistas. Pero, ¿y si Aragonés a lo Pedro Sánchez hiciera una sanchada y precipitara las catalanas haciéndolas coincidir con las europeas?