La portada de mañana
Acceder
El Papa ningunea a las asociaciones de víctimas pese a la “plaga” de la pederastia
El 'comando Leire' maniobró contra Óscar Puente por la auditoría a Ábalos
Opinión - 'Lecciones papales a diestra y siniestra', por Raquel Marcos

Edificios enteros por 13.500 euros al mes “solo para empresas”: la nueva fórmula del negocio inmobiliario en Balears

Esther Ballesteros

Mallorca —
8 de junio de 2026 21:58 h

0

“Este edificio residencial totalmente reformado ofrece una oportunidad única destinada exclusivamente a la ocupación corporativa”. Así se anuncia un edificio de siete viviendas en Palma “para satisfacer las necesidades empresariales modernas”. El precio, 13.500 euros al mes. Mientras los alquileres de Balears se sitúan entre los más caros del país y cientos de personas subsisten en infraviviendascaravanastiendas de campaña y edificios abandonados, una parte creciente del mercado inmobiliario ya no se dirige a familias ni residentes habituales, sino a compañías que necesitan alojar temporalmente a trabajadores desplazados, directivos o profesionales internacionales. La oferta forma parte de una tendencia cada vez más visible en el mercado inmobiliario: la transformación de viviendas residenciales en productos específicamente diseñados para la movilidad laboral y empresarial.

“Ideal para empresas que buscan alojamiento de primera calidad, listo para usar, para sus equipos y ejecutivos”, reza el mismo anuncio. Se trata de un edificio situado en la zona de la calle Aragón cuyas viviendas “cuentan con espacios exteriores privados, que incluyen terrazas y un solárium en el ático de hasta 30 metros cuadrados”. Lo comercializa una de las mayores plataformas inmobiliarias especializadas en vivienda de lujo y comprador internacional de España.

En paralelo, miles de residentes compiten por una oferta cada vez más escasa en uno de los mercados inmobiliarios más tensionados del Estado. De acuerdo al último informe de Idealista, el precio medio del alquiler alcanzó en mayo los 20,1 euros por metro cuadrado en Balears, un 2,2% más que un año antes, situando al archipiélago como la segunda comunidad autónoma con las rentas más elevadas de España, únicamente por detrás de Madrid. En Palma, donde, según el mismo portal, por cada piso que se anuncia se interesan 69 familias, el precio se ha disparado hasta los 19,2 euros por metro cuadrado tras encarecerse un 8,2% en solo doce meses, situando a la capital balear como la tercera más cara del país para arrendar una vivienda.

'Ideal para empresas que buscan alojamiento de primera calidad, listo para usar, para sus equipos y ejecutivos', reza un anuncio. Se trata de un edificio de Palma en el que se comercializan siete viviendas por 13.500 euros exclusivamente para empresas

La vivienda convertida en infraestructura laboral

El contraste ilustra la profunda transformación que atraviesa el mercado residencial balear. Mientras una parte creciente de la población residente queda expulsada del acceso a la vivienda, inmobiliarias especializadas en lujo y comprador internacional comercializan edificios enteros para empresas, ejecutivos y trabajadores desplazados. La coexistencia entre un mercado orientado al capital internacional y unos alquileres que baten récord tras récord ha convertido las islas en uno de los ejemplos más extremos de la brecha entre la vivienda como activo de inversión y la vivienda como derecho residencial.

Otros anuncios ejemplifican con claridad esta tendencia. Otra empresa comercializa por 2.574 euros mensuales un ático de dos dormitorios y dos baños en Palma bajo una condición destacada en mayúsculas: “ALQUILER EXCLUSIVO PARA EMPRESAS”. La vivienda, completamente amueblada y equipada, dispone de una terraza privada de 25 metros cuadrados, climatización por aerotermia y forma parte de una finca rehabilitada integralmente hace apenas tres años. El anuncio se dirige expresamente a compañías que necesiten alojar empleados o directivos desplazados y culmina con un reclamo revelador: “Tu nuevo hogar en Palma”.

Mientras una parte creciente de la población residente queda expulsada del acceso a la vivienda y se ve abocada a subsistir en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, inmobiliarias especializadas en lujo y comprador internacional comercializan edificios enteros para empresas, ejecutivos y trabajadores desplazados

El fenómeno no se limita a la capital balear. En Eivissa, un anuncio en Playa d'en Bossa ofrece un apartamento de obra nueva por 5.000 euros mensuales, especificando en la primera línea que se trata de un “alquiler de temporada” y que es “solo para empresas”. La vivienda, que cuenta con 62 metros cuadrados, terraza de 30 metros y dos habitaciones dobles, además de acceso a piscina, gimnasio y sala gourmet, forma parte de la lujosa urbanización Aguamarina, desarrollada por la promotora Vía Célere, uno de los principales actores del negocio promotor español.

La mercantil se encuentra controlada, a su vez, por el fondo estadounidense Värde Partners, fondo internacional especializado en inversión inmobiliaria y activos financieros. elDiario.es se ha puesto en contacto con Vía Célere para conocer su su valoración sobre el impacto de estas fórmulas en el acceso a la vivienda de la población residente, pero no ha obtenido respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Mientras tanto, en Santa Eulària des Riu, uno de los municipios de Balears con el alquiler más caro -1.107 euros mensuales de media, según datos recientes del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (COAPI)-, otro anuncio ofrece una vivienda por 2.100 euros orientada expresamente al mercado corporativo y temporal. La propiedad, comercializada por un perfil particular, se presenta como una solución para estancias profesionales y perfiles de alto poder adquisitivo en línea con una tendencia cada vez más visible en las Pitïuses: viviendas que dejan de dirigirse a residentes permanentes para orientarse a clientes temporales, empresas y profesionales desplazados.

Aunque no existen estadísticas oficiales específicas sobre el peso del alquiler corporativo en Balears, diversos indicadores apuntan a una creciente empresarialización de la vivienda. Una encuesta de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (PIMEEF) revela que el 60% de las pequeñas y medianas empresas de Formentera ofrece alojamiento a sus trabajadores y que, entre las mercantiles que alquilan vivienda para sus empleados, la mitad destina entre 2.000 y 4.000 euros mensuales a ese concepto y un 11% supera los 8.000 euros al mes. En 2024, la misma patronal denunciaba que la carestía de la vivienda está llegando en Eivissa “a niveles que rozan lo delictivo”. “Hablamos de economía sumergida y de especulación. Ya no es sólo un asunto de oferta y demanda. Parece que da igual pedir 2.000 euros que 3.000, porque después no se tributa por ello”, aseveraba

Mientras tanto, los sindicatos alertan de que la falta de vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para contratar personal: UGT ha llegado a proponer destinar el impuesto de turismo sostenible, un gravamen destinado a las pernoctaciones hoteleras, a comprar o alquilar establecimientos para alojar a los trabajadores.

Una encuesta revela que el 60% de las pequeñas y medianas empresas de Formentera ofrece alojamiento a sus trabajadores y que, entre las que alquilan vivienda para sus empleados, la mitad destina entre 2.000 y 4.000 euros mensuales a ese concepto y un 11% supera los 8.000 euros al mes

Un cliente 'más rentable' que el residente

No se trata de casos aislados. En paralelo ha surgido toda una industria especializada en el denominado corporate housing o alojamiento corporativo que explican cómo, para muchos propietarios, resulta más atractivo alquilar a una empresa que a una familia: el pagador deja de ser un particular para convertirse en una sociedad considerada solvente, los contratos suelen ser temporales, la rotación es mayor y los precios pueden situarse muy por encima de los que podría soportar buena parte de la población local. Las propias plataformas de alquiler corporativo destacan como ventajas la reducción del riesgo de impago, la flexibilidad contractual y la simplificación de la gestión.

El pagador deja de ser un particular para convertirse en una sociedad considerada solvente, los contratos suelen ser temporales, la rotación es mayor y los precios pueden situarse muy por encima de los que podría soportar buena parte de la población local

Plataformas como Rentaborg destacan cómo el mercado del alquiler corporativo en España ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, “creando una oportunidad única para los propietarios que buscan maximizar la rentabilidad de sus inmuebles” al acceder a rentas más elevadas -“entre un 20% y 40%” más altas que las del alquiler residencial tradicional- y simplificar la gestión del arrendamiento mediante contratos firmados por sociedades mercantiles. Esa mayor rentabilidad, según las mismas empresas, compensan sobradamente la posible pérdida de ventajas fiscales a las que podrían acogerse si el arrendamiento se destinase a vivienda habitual.

Palma, una ciudad “vibrante”

Algunas empresas se dedican específicamente a intermediar entre empresas y propietarios, como una que comercializa directamente “apartamentos corporativos” para profesionales desplazados. El lenguaje que utiliza es revelador: “Palma es una ciudad vibrante, agradable y eficiente para cualquier tipo de alquiler corporativo. Un destino que combina oportunidades profesionales, servicios de calidad y un estilo de vida que aporta equilibrio a cada estancia”. Es decir, ya no se habla de vivienda habitual, vecinos o arraigo residencial, sino de soluciones habitacionales para empresas, movilidad laboral y alojamiento temporal para profesionales. Por su parte, según webs como Weguest, las compañías valoran la disponibilidad inmediata, la ubicación estratégica y los servicios incluidos, factores que justifican las tarifas premium.

La consecuencia es que una parte creciente del parque residencial deja de competir por atraer residentes para hacerlo por captar empresas. Allí donde una familia busca una vivienda para vivir de forma estable, los propietarios encuentran clientes capaces de pagar más, asumir alquileres de corta o media duración y aceptar precios inasumibles para gran parte de la población local. El resultado es una progresiva transformación de la vivienda en infraestructura para la movilidad laboral y empresarial, especialmente visible en ciudades tensionadas como Palma.

Allí donde una familia busca una vivienda para vivir de forma estable, los propietarios encuentran clientes capaces de pagar más, asumir alquileres de corta o media duración y aceptar precios inasumibles para gran parte de la población local

El modelo conecta además con otros fenómenos que ya están transformando el mercado residencial balear: el auge del coliving, el alquiler flexible y la segmentación de viviendas por habitaciones en los que imperan condiciones como “no menores”, “no mascotas”, “no empadronamiento”, “parejas y amigas, fuera de casa”... Las publicaciones no hablan de vecinos, alquiler estable o vivienda habitual: en su lugar proliferan conceptos como “co-living premium”, “community living”, “hotel ambience”, “digital nomads”, “expats” o “remote workers”, evidenciando cómo el archipiélago ha dejado progresivamente de alquilar casas para empezar a comercializar experiencias habitacionales temporales dirigidas a población móvil global y perfiles internacionales de poder adquisitivo medio-alto. En muchos casos, empresas especializadas comercializan habitaciones para “digital nomads”, trabajadores remotos y perfiles internacionales con precios que alcanzan los 1.300, 1.600 o incluso 2.400 euros mensuales durante la temporada alta.

Mientras tanto, el Govern de Marga Prohens (PP) ha dado luz verde, a través de su recién aprobada ley ómnibus, a que empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquieran viviendas protegidas de precio tasado para destinarlas al alquiler. Mientras la izquierda le acusa de poner la “alfombra roja” a los fondos buitre y a los grandes capitales, el Ejecutivo insiste en asegurar que la iniciativa ampliará la oferta residencial asequible. Para las entidades sociales, sin embargo, las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico con el apoyo de Vox no atacan las causas reales de la crisis habitacional y se limitan a rebajas fiscales como la supresión del impuesto de sucesiones.