“Por una habitación me pedían 1.200 euros”: el último cumpleaños de Aurora antes del desalojo de la vieja cárcel de Palma

Aurora cumple 53 años este miércoles. Aunque reconoce que todavía no sabe muy bien cómo ni dónde, tiene claro que los celebrará con su marido. “Nadie me va a quitar la alegría”, advierte tajante frente a la antigua prisión de Palma. Desde hace más de veinte años, el viejo penal funciona como refugio precario de centenares de personas expulsadas del mercado de la vivienda. Aurora es una de ellas. Este miércoles, el mismo día del cumpleaños de esta monitora escolar, expira el plazo de cinco días hábiles concedido por el Ayuntamiento para que quienes aún permanecen tras los muros del recinto -101 moradores, según los cálculos del Consistorio- lo abandonen antes de solicitar autorización judicial y ejecutar el desalojo forzoso definitivo. Decenas de ellos no cuentan con alternativa habitacional y no saben adónde irán: “Están criminalizando a la gente pobre”, recrimina Aurora.

En el exterior, una carpa blanca de la Policía Local custodia desde hace semanas la entrada al recinto. No hay tensión ni apenas movimiento, solo el silencio extraño de un lugar que afronta sus últimos días como techo improvisado, erigido en uno de los mayores símbolos del sinhogarismo en Mallorca. Frente al trasiego habitual que durante años ha llenado los patios y pasillos de las instalaciones, apenas unos pocos ocupantes atraviesan las instalaciones.

Aurora ha pasado su primera noche fuera del lugar en el que ha estado viviendo durante más de cinco años, desde la pandemia. Esta mañana ha regresado para recoger las últimas pertenencias que le quedan entre las ruinas del complejo abandonado: “Me he comprado una tienda de campaña en la que vivo junto a mi marido. No es la vida ideal que uno quiere. Pero por una habitación me pedían 1.200 euros y decían que solo podía ducharme y cocinar dos veces a la semana”, explica en declaraciones a elDiario.es. Y añade a continuación: “Trabajo en un colegio como monitora con niños. Mi marido es oficial de primera. Pero no podemos pagar un alquiler porque los precios son inasumibles”.

Palma, epicentro de la crisis habitacional

Sus palabras ponen voz a la magnitud de la crisis habitacional que atraviesan hoy Palma y el conjunto de Balears: incluso quienes trabajan han dejado de poder permitirse una vivienda. Encontrar una habitación asequible se ha convertido en una carrera imposible en una ciudad donde los alquileres no dejan de dispararse y en la que muchas familias destinan gran parte de su sueldo únicamente a pagar un techo: los residentes de la capital balear deben destinar casi el 70% de su salario bruto mensual al alquiler de una vivienda media de 90 metros cuadrados, cuyo precio alcanza los 1.767 euros al mes, según los últimos datos publicados por pisos.com. Mientras los precios continúan marcando máximos históricos y acceder a un piso resulta inalcanzable para amplias capas de la población, centenares de personas se han visto abocadas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados como la antigua prisión de Palma.

Aurora habla deprisa, mezcla bromas con resignación y se mueve por el recinto de la antigua cárcel como quien todavía siente que forma parte de él. Los agentes la saludan y la conocen por su nombre. También buena parte de quienes permanecen en el interior: “Tengo muchas amistades aquí”, confiesa. Con el tiempo, explica, convirtió una de las antiguas dependencias penitenciarias en su propio espacio: “Era la habitación más bonita de aquí”, dice entre risas. “La pinté, hice una cocina, un salón… Cuando llevas cinco años en un sitio, acabas construyendo algo parecido a una casa”, relata.

En medio de la incertidumbre, la monitora habla con entusiasmo sobre su trabajo. Cuenta, entre risas, que en el colegio “rompe todas las normas” porque le cuesta relacionarse con los niños desde la distancia: “Mi jefa me dice: 'No puedes jugar al fútbol con ellos'”. Pero ella prefiere mezclarse con los alumnos, correr detrás del balón y mantenerlos entretenidos antes que limitarse a vigilarlos desde lejos. “Si pongo a uno de portero y a otro de delantero, no se me van a subir a un árbol ni se van a pelear”, comenta risueña. Asegura que su responsable termina siempre contenta con ella porque “quiere mucho a los niños” y siente que, pese a todo, conserva la capacidad de cuidar y hacer reír a otros mientras intenta sostener su propia vida fuera de la antigua cárcel.

De prisión provincial a símbolo del sinhogarismo

La antigua cárcel de Palma fue inaugurada en 1968 y funcionó como prisión provincial hasta 1999, cuando los internos fueron trasladados al actual centro penitenciario, en las afueras de la ciudad. Tras su clausura, el recinto quedó abandonado entre promesas políticas de reconversión que nunca llegaron a materializarse. Con el paso de los años, las celdas vacías, los patios interiores y las dependencias en ruinas fueron ocupados progresivamente por personas sin alternativa habitacional que, en los últimos tiempos, han sobrevivido entre escombros, montones de basura y muros agrietados que apenas logran contener el frío y la humedad del exterior. Sin agua corriente ni suministro eléctrico estable, en los pasillos se amontonan colchones raídos, ropa empapada, restos de comida y un paisaje interminable de desechos que convive con pequeños espacios improvisados para dormir, cocinar o intentar reconstruir algo parecido a una vida cotidiana.

La monitora escolar llegó allí cuando ya no pudo sostener el alquiler de una habitación. “Cada vez subía más y más. Y yo no me voy a meter en un alquiler de 1.200 euros que no voy a poder pagar”, explica. En la actualidad cobra unos 500 euros mensuales. Su marido “no para de trabajar”, pero, con los precios disparados, no logran acceder a una vivienda. Ella misma reivindica su rutina cotidiana: ir al colegio, volver, intentar mantener una vida normal dentro de un edificio sin agua corriente, con instalaciones eléctricas precarias y rodeado de escombros y basura acumulada.

El Ayuntamiento -gobernado por PP y Vox- justifica la actuación por motivos de seguridad y salubridad tras los incendios registrados en el interior de la antigua cárcel durante las últimas semanas. El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, llegó a sugerir públicamente que algunos fuegos podrían haber sido provocados por los propios ocupantes, una hipótesis planteada sin pruebas concluyentes y que las entidades sociales consideran estigmatizante. En un reciente informe, el Consistorio alertó además de la “importante presencia de ratas” podrían favorecer la propagación de enfermedades infecciosas como el hantavirus, el tifus murino o incluso la peste, advirtiendo de un potencial riesgo epidemiológico no solo para quienes viven allí, sino también para el entorno. Unas afirmaciones que las entidades sociales han cuestionado duramente.

Las ONG, entre ellas Médicos del Mundo, han acusado a la corporación municipal de difundir información falsa y alarmistas y de generar miedo y estigmatizar a los residentes para legitimar la urgencia del desalojo en lugar de reforzar los recursos de acogida y garantizar alternativas habitacionales dignas. La organización recrimina, en este sentido, la “grave falta de previsión y planificación” del Consistorio ante el desalojo y alerta de que cientos de personas pueden quedar abocadas a una situación de mayor exclusión y vulnerabilidad.

Aurora admite que “hay muchas ratas”, pero también cuestiona el relato del Consistorio sobre el supuesto riesgo epidemiológico. “Son capaces de decir que es un virus y dejar a los que quedan encerrados aquí”, desliza con sarcasmo. Recuerda que un día fue al Ayuntamiento y se dirigió directamente al alcalde, Jaime Martínez, para reprocharle la falta de alternativas habitacionales y las condiciones en las que sobreviven quienes permanecen en la antigua prisión. “Le pregunté por qué no ponen agua, luz o alquileres que la gente pueda pagar”, relata. Y terminó diciéndole: “Usted no vale como para estar organizando una ciudad”.

El operativo para el desalojo del recinto arrancó hace semanas con un amplio despliegue policial y controles de acceso permanentes. Durante varios días, trabajadores municipales y agentes de la Policía Local identificaron uno por uno a los residentes que todavía permanecían en el interior del penal. Sus nombres quedaron incorporados a un procedimiento administrativo que ahora encara su fase final. El Ayuntamiento sostiene que más de cien personas han abandonado ya el recinto y asegura que algunas se han trasladado a la Península, otras han accedido a recursos sociales y varias han sido derivadas al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Las entidades sociales cuestionan, sin embargo, la idea de que las salidas estén siendo realmente voluntarias. “Sin opciones, no hay voluntariedad posible”, denuncian.

“Tengo mi vida en Mallorca. No pueden quitármela”

En este mismo sentido se pronuncia Aurora. Afirma que muchos de los moradores han terminado marchándose en los últimos días por miedo a la intervención policial y que ella misma ha abandonado el lugar en el momento en que ha encontrado un lugar donde instalar una tienda de campaña. “Estoy en la calle. No es vida para una persona de mi edad”. Sobre un hipotético futuro fuera de Mallorca, lo tiene claro: “Tengo a mi pareja en la isla. Yo aquí me desenvuelvo bastante bien. Es mi vida, mi personalidad. No pueden venir a quitármela”.

La especulación inmobiliaria, la irrupción masiva de fondos de inversión internacionales y la turistización son algunos de los factores que han empujado a cientos de personas a la precarización habitacional. En enero, el precio medio del alquiler era un 70,2% más alto que en 2021 en Balears frente a una demanda que ha alcanzado niveles extremos: 147 personas se interesan por cada vivienda disponible en apenas diez días, casi diez veces más de lo que los expertos consideran compatible con un mercado equilibrado. Palma concentra, además, la mayor parte de las viviendas de Balears en manos de grandes tenedores -aquellos que poseen más de diez inmuebles-, con 8.652 bajo su control, de las cuales 2.621 pertenecen a titulares con carteras superiores a cien propiedades, según refleja la investigación llevada a cabo el año pasado por elDiario.es con datos inéditos del Catastro.

A medida que la vieja cárcel se vacía, también aflora la sensación de que la antigua prisión ha funcionado durante años como un termómetro extremo de la fractura habitacional de Palma. Entre sus muros han convivido perfiles muy distintos: trabajadores de la construcción y de la hostelería, jubilados con pensiones insuficientes, personas migrantes en situación irregular o mujeres víctimas de violencia, a quienes en los últimos años se han sumado jóvenes abocados a encontrar soluciones alternativas para proteger su integridad física y mental. Muchos compartían y comparten una misma trayectoria: habitaciones cada vez más caras, empleos precarios, desahucios silenciosos y la imposibilidad de acceder incluso al alquiler más básico en una ciudad donde la presión inmobiliaria no ha dejado de aumentar.

Cuando termine el proceso judicial, el Ayuntamiento prevé tapiar y demoler completamente la antigua prisión. Sobre el solar, el Consistorio proyecta construir nuevos accesos viarios vinculados al proyecto de reordenación impulsado por el Consell de Mallorca, además de desarrollar promociones de viviendas dotacionales. El viejo penal desaparecerá así definitivamente del paisaje urbano de Palma después de casi seis décadas de historia: primero como cárcel y después como refugio improvisado para quienes no pudieron encontrar espacio en ningún otro lugar de la ciudad.