La transparencia institucional es uno de los asuntos pendientes de la gran mayoría de los ayuntamientos de Balears. Casi diez años después de que entrara en vigor la ley que la regula, solo ocho de 67 ayuntamientos, un 12%, aprueba en 2025. Así se desprende de un análisis de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de julio de este año, que ha elaborado el proyecto Infoparticipa y que concluye que las webs de los ayuntamientos del archipiélago están lejos de cumplir con la transparencia institucional.
Solo dos ayuntamientos han obtenido un sobresaliente en la evaluación. Se trata del municipio ibicenco de Santa Eulària des Riu (PP), que ha sido calificado con un 9,6 y del municipio mallorquín de Inca (PSOE), que ha obtenido un 9. Sant Antoni de Portmany (PP), también en Eivissa, obtiene un 6,5 y los principales municipios de Menorca (Ciutadella y Maó, en los que gobierna el PSOE), aprueban con un 5,9 y un 5,6, respectivamente. Los otros tres aprobados son dos municipios de Menorca (Es Castell –PP– y Sant Lluís –PSOE–) con un 5,4 y un 5,2, respectivamente, y uno de Mallorca (Calvià –PP–) con un 5.
Casi un 60% de los ayuntamientos (40 de 67) obtienen una puntuación de 2 o menos en cuanto al cumplimiento de la ley de transparencia. Las puntuaciones más bajas son de Fornalutx (Mallorca –IF, partido local–), con un 0,3; Ariany (Mallorca —El PI–), con un 0,4; Maria de la Salut, con un 0,4 (Mallorca –PP–) y Vilafranca de Bonany (Mallorca –PxP, partido local), también con un 0,4. Además, 44 de los 67 municipios no supera el 25% del cumplimiento de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y solo 15 se encuentran entre el 25 y el 49%.
Los datos empeoran
El grado de transparencia institucional no ha mejorado este año respecto a los cuatro anteriores. En 2021, año en que la UAB empezó a realizar este análisis, aprobaron 11 municipios, tres más que este año; en 2022 y 2024 fueron ocho, los mismos que este año, mientras que en 2023 fueron 10, lo cual demuestra que la transparencia no está entre las prioridades de la mayor parte de los ayuntamientos del archipiélago balear.
Por otro lado, el modelo de la UAB tiene en cuenta varios indicadores para valorar el grado de transparencia institucional, lo que incluye no solo la presencia de información sino que esta sea “sea completa, inteligible, fácilmente localizable y actual”. Algunos datos, además, deben anonimizarse si afectan a particulares en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Hay un empeoramiento, en general, que se debe fundamentalmente a la información no actualizada.
“La metodología tiene en cuenta dos grandes variables: transparencia de la corporación e información para la participación”, explica Marta Corcoy, doctora e investigadora y responsable del proyecto. El modelo de análisis, diseñado por el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la UAB, actualmente constituido como grupo de investigación, integra 52 indicadores que valoran dos tipos de criterios de validación: que haya información actualizada referida de la gestión y que esté correctamente situada y fácilmente localizable.
El artículo 5 de la Ley 19/2013, de principios generales, afirma que la información cuyo conocimiento será relevante será actualizada de forma periódica para “garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”, en referencia a las administraciones públicas. El artículo 30 fija las sanciones para las infracciones considerando grave, según el artículo 9, el “incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa”. Así, los municipios que incumplen la ley son claramente susceptibles de recibir sanción económica o de suspensión de cargo público.
“Con independencia de la opinión que a cada uno le merezca la proliferación de rankings de transparencia existentes en la actualidad, es evidente el empeoramiento progresivo de la gestión de la transparencia por parte de las entidades locales”, afirma Joaquín Messeguer, experto del Foro de Gobierno Abierto de España, quien añade que es “algo exclusivo de las Islas Baleares”.
Según su análisis, lo ponen en evidencia “los consejos y comisionados de transparencia o el propio Tribunal de Cuentas en su labor de fiscalización de las cuentas locales”. En este sentido, el silencio administrativo “es la respuesta habitual a las solicitudes de acceso a la información y se ha convertido en un mal endémico en este nivel territorial”.
Messenger recuerda que no existe ley autonómica de transparencia y la legislación estatal “carece de régimen sancionador para perseguir estas conductas”. “El reproche social, ciudadano, de estos comportamientos es apenas inexistente y solo los medios de comunicación se hacen eco ocasionalmente de esta realidad”, lamenta y añade que “algo tiene que cambiar”.