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El Parlament balear ha ratificado este martes la Proposición de Ley (PL) dirigida a instar la reforma del artículo 69.3 de la Constitución Española para que Formentera, la única isla española que no tiene senador, pueda tener voz propia en la Cámara Alta. Se trata de una reivindicación histórica de la pequeña de las Pitiüses, que comparte representación con Eivissa en el Senado.
La iniciativa, impulsada en 2018 por Gent per Formentera (GxF) y PSIB-PSOE, ha contado con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios: 50 diputados han votado a favor, mientras que cinco (Vox) se han posicionado en contra y cuatro se han abstenido. Con su ratificación, la propuesta será ahora presentada en el Congreso de los Diputados para que éste promueva la modificación del precepto que, en la actualidad, establece que “en cada provincia se elegirán cuatro senadores”, lo que provoca que la más pequeña de las Balears quede diluida en la circunscripción de Eivissa-Formentera, eligiendo conjuntamente un solo representante.
En defensa de la iniciativa, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha comparecido en nombre de GxF por “profunda convicción insularista”, por la “complicidad entre las fuerzas progresistas de cada isla” y “por justicia dado que fue uno de los promotores de esta iniciativa”, ha subrayado que se trata de una “demanda justa del pueblo de Formentera” que arrancó con el acuerdo unánime alcanzado en pleno en 2004 en el antiguo ayuntamiento de la isla.
El 20 de agosto de aquel año, la Corporación puso de manifiesto su voluntad para que la isla pueda elegir, como circunscripción electoral propia, un representante en el Senado, “la Cámara de representación territorial del Estado español”, mediante la modificación de la redacción actual del artículo 69.3 de la Carta Magna.
El diputado ecosoberanista ha manifestado que, “en 1978, mientras miles canarios y todas sus islas disponían de cabildos, en las Pitiüses teníamos la anomalía administrativa de un Consell por cada dos islas, de ahí el término agrupación de islas y ese perverso guion entre Eivissa y Formentera”. Acto seguido, ha recordado uno de los principales hitos de la historia política de la menor de las Pitiüses, cuando, con la reforma del Estatut d'Autonomia en 2007, con Francesc Antich (PSOE) como presidente del Govern, fue creado el Consell Insular de Formentera. “Un largo camino de lucha y reivindicación política”, como lo ha considerado Apesteguia.
Antes de 2007, la isla únicamente contaba con un ayuntamiento como institución local propia. La reforma del Estatut separó el Consell de Eivissa y el de Formentera en dos instituciones separadas. Pese a que Formentera consolidaba así su autonomía política dentro del marco balear, esta separación institucional no se trasladó al ámbito estatal, donde Formentera continúa siendo siendo considerada una extensión de la circunscripción pitiusa. Además, la isla cuenta con otra singularidad única que la diferencia respecto al resto de las islas españolas: es la única que unifica en una institución las competencias de un ayuntamiento y las propias del Consell Insular.
La diputada del PSIB Pilar Costa ha aseverado, por su parte, que la designación del senador propio es una reivindicación histórica para Formentera, en especial desde que tiene Consell Insular. En este sentido, ha aseverado que la menor de las Pitiüses “vive una situación anacrónica, con una alternancia de senadores ibicencos y formenterenses a través de un sistema de suplencia”. Un modelo que, ha añadido, es “totalmente injusto y anormal”.
Mientras tanto, el secretario general de la Federación Socialista en Formentera, Rafel Ramírez, ha celebrado que se haya dado un paso más en una “reclamación histórica que debe solucionarse”, puesto que Formentera es el único territorio insular español sin senador propio.
La ratificación de la PL no implica, sin embargo, un cambio inmediato. La reforma del artículo 69 requeriría una reforma constitucional ordinaria, lo que exige mayoría de tres quintos en ambas cámaras y, eventualmente, un referéndum si no se alcanza un acuerdo entre el Congreso y el Senado. Además, el texto constitucional vincula la representación senatorial a las provincias, lo que convierte la modificación en un debate de mayor calado sobre la estructura territorial del Estado.