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La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa abierta contra el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), investigado por un presunto delito de odio por romper, en pleno debate de la derogación de la Ley balear de memoria democrática, el retrato de la republicana Aurora Picornell y de las activistas Maria y Antònia Pascual -todas ellas conocidas como las 'rojas del Molinar'-, asesinadas por los franquistas la noche de reyes de 1937 y hoy erigidas en símbolo de la lucha antifascista en Mallorca. El juez deberá decidir en próximos días si da carpetazo al procedimiento judicial o si da plazo a las acusaciones para que insten el sobreseimiento o la apertura de juicio oral y, en tal caso, concreten las penas que solicitan para el encausado.
En un escrito de 11 páginas, al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal José Díaz Cappa señala que, tras la práctica de la instrucción, no ha resultado acreditada “la voluntad de lesionar la dignidad de las personas representadas en la fotografía [expuesta en la tapa del ordenador de la vicepresidenta segunda de la Cámara, Mercedes Garrido] y en general de las víctimas del franquismo y la de sus familiares vivos”, como tampoco que el acto de romper y arrojar al suelo la fotografía “obedeciera a una motivación discriminatoria y excluyente”, como sí defienden los querellantes del proceso. El colectivo Estimada Aurora, los descendientes de las republicanas asesinadas, el Partido Comunista (PCE) y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) reclaman que el caso llegue a juicio ante lo que consideran un gesto que “ofendió a todas las víctimas del franquismo”.
El representante del Ministerio Público considera “altamente llamativo” que, mientras sucedían los hechos, en los demás escaños del hemiciclo “se exhibían fotos y textos similares o de contenido parecido, siendo ello permitido sin mayor problema por el investigado” y “no apareciendo que ello fuera objeto de crítica, oposición o petición de retirada al no llevarse a cabo en la Mesa del Parlament”. “Estas circunstancias concretas neutralizan una posible motivación discriminatoria dado que la acción del investigado tan solo se centró en las diputadas componentes de la Mesa [Garrido y la secretaria segunda del Parlament, Pilar Costa, quienes finalmente fueron expulsadas tras su negativa a cambiarse las camisetas que portaban con las imágenes de las víctimas del franquismo] pero no en el resto de los parlamentarios asistentes a la sesión que portaban las mismas imágenes que se representaban en la fotografía rota por el investigado”, prosigue.
El fiscal considera importante destacar el contexto en el que sucedieron los hechos: durante varios momentos del visionado de las imágenes grabadas -señala- “se observa que la actitud de Le Senne y de las parlamentarias afectadas es cordial y con constantes intercambios de palabras y gestos sin mayor consideración, y unos y otros, en sus respectivas declaraciones, así lo manifestaron”, y en las que, “efectivamente, se puso de manifiesto la posición contraria del investigado a que en la Mesa se expusieran fotografías (no una fotografía concreta) relacionadas con el tema del debate (Memoria Histórica)”.
Díaz Cappa considera, con todo, que es “absolutamente entendible socialmente el sentimiento de rechazo e indignación” de los familiares de las víctimas del franquismo y “manifiestamente criticable la acción del investigado”, pero, a su juicio, no consta debidamente acreditado que la reacción “inusitada y fuera de lugar” de agarrar y romper “de forma airada” la fotografía “respondiera a una voluntad de lesionar su dignidad ni a una motivación discriminatoria”.
Cabe recordar que, durante la declaración que prestó el pasado 27 de septiembre en calidad de investigado, Le Senne se aferró a los mismos alegatos que hasta ese momento había esgrimido públicamente: que el episodio fue “accidental” y que éste tuvo lugar después de que Garrido, la diputada socialista que exhibía el retrato en la tapa de su ordenador, se negara a retirarlo, lo que, en opinión del presidente, contradice la neutralidad requerida en la Mesa del Parlament. Al ser preguntado por la Fiscalía sobre si con una fotografía de Franco habría hecho lo mismo, el máximo representante de la Cámara autonómica respondió que sí. El parlamentario se negó a responder a las acusaciones particulares, pero sí lo hizo a preguntas del Ministerio Público, de su abogado y del juez.
Como expuso en ese momento el abogado del colectivo 'Estimada Aurora', Sebastià Frau, el procedimiento cree que sí acabará juzgándose al entender que “hay materia suficiente para considerar la existencia de un delito”. A su salida de dependencias judiciales tras la declaración de Le Senne, el letrado aseveró que el comportamiento del parlamentario ultra entraría en la consideración de injurias colectivas, dado que con el gesto de rasgar las imágenes se ofendió a todas las víctimas del franquismo, representadas en este caso por Aurora Picornell y las hermanas Pascual.
El gesto de Le Senne fue desaprobado por el letrado mayor del Parlament dado que no hay un artículo concreto en el reglamento que establezca que los miembros de la Mesa no deban llevar prendas con imágenes de este tipo.