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El Ayuntamiento de Porreres ha decidido precintar la fábrica de huevo líquido cuya empresa está vinculada a la 'macrogranja de los horrores' de Llucmajor (Mallorca), que está en el punto de mira debido a la situación de suciedad extrema, falta de higiene y posible maltrato animal que había en el interior de las instalaciones. Hay al menos dos empresas que trabajan bajo la marca Avícola Ballester: Avícola Son Perot S.A., que explota la conocida granja de Llucmajor, y Avícola Ballester S.A., que es propietaria de la fábrica de ovoproductos de Porreres, municipio que limita con Llucmajor. Esta empresa, que no ha querido dar su versión de los hechos a elDiario.es, se dedica al comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles, según figura en el Registro Mercantil.
En este caso, las irregularidades se centran en la fábrica de huevo líquido, que ha estado funcionando -aunque ya ha sido cerrada- sin disponer del título administrativo habilitante, pese a que es obligatorio según el artículo 37 de la Ley 7/2013 de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades de las Illes Balears. Así lo ha constatado un informe de la Policía Local y de la Guardia Civil, a fecha del 28 de mayo de 2025, según se desprende de un decreto de alcaldía del 13 de junio, al cual ha accedido elDiario.es. El 28 de mayo, agentes de la Policía Local se desplazaron a la fábrica después de haber recibido “decenas de llamadas de vecinos afectados” por un intenso mal olor.
El Ejecutivo local está formado por una coalición entre Proposta per les Illes (PI), un partido de centro-derecha de ámbito balear (heredero de la antigua Unió Mallorquina), y el Partido Popular. Joan Obrador (PP), concejal de Licencias de Obras y Actividades, explica a elDiario.es que el origen de los problemas se remonta al verano de 2023, tras quejas de vecinos y gente de Porreres “por unos olores muy fuertes”. Agentes de la Policía Local comprobaron que se habían producido vertidos ilegales en unas acequias. A raíz de la inspección, se levantó acta y se realizaron informes. Hubo una paralización de las obras que la empresa estaba llevando a cabo porque no tenían “licencias de obras o actividad”, indica Obrador.
Según el concejal, la empresa pidió por escrito si, al menos administrativamente, podían seguir con la parte de la gestión, ya que llevan otras empresas también. Así, afirma Obrador, se les concedió un permiso “para realizar únicamente actividad administrativa, nada de producción”. Además, recibieron una sanción, la pagaron correctamente y, desde entonces, intentaron presentar propuestas para resolver su situación. Durante un año, asegura el concejal, no hubo más incidentes. Hasta finales de mayo de 2025, cuando hubo “un olor muy fuerte, insoportable, por todo el pueblo”. Según las quejas que recibió el Ayuntamiento, el origen estaba en la fábrica de Porreres. “Se volvió a inspeccionar el lugar, con agentes del Seprona de la Guardia Civil, y se detectó que estaban vertiendo líquido de huevo y restos al alcantarillado general”, afirma Obrador. Estos hechos quedaron recogidos en un informe.
A partir de ahí, se tomaron “medidas inmediatas”. “Se precintó la actividad, se cortó la luz y el agua”, explica Obrador. La empresa pidió recuperar el suministro eléctrico para poder vaciar los depósitos, que estaban llenos de líquido. Sin embargo, atestigua Obrador, la fábrica ahora está precintada. Además, Avícola Ballester ha presentado un documento en el que acepta el cierre y se compromete a no realizar actividad. “Solo falta que presenten un plan con el tiempo que necesitarán para vaciar los depósitos”, indica el concejal.
En estos momentos, el Ayuntamiento está estudiando la documentación que ha entregado la empresa “para ver si se podría legalizar [la fábrica], pero ya hay un informe urbanístico desfavorable, así que es complicado”, aclara. Además, hay que recordar que, según el concejal, se saltaron el precinto en su momento, lo cual incumple la norma. Desde entonces, indica Obrador, han pedido reuniones con el Consistorio “porque querían continuar la actividad, pero se les ha dicho claramente que no pueden”. Tienen la obligación de presentar toda la documentación para que los técnicos “puedan estudiar si existe alguna vía legal para continuar”, afirma. “Pero con la situación urbanística que tienen, no parece viable”, concluye el concejal.
Porreres decretó la suspensión cautelar de la fábrica
Hace ya casi un año y diez meses, el 5 de septiembre de 2023, el Ajuntament de Porreres ordenó la suspensión cautelar de la actividad industrial, y mediante decreto de alcaldía acordó el cierre de la actividad de fabricación de productos ovícolas hasta que se tramiten las autorizaciones administrativas necesarias. El 2 de octubre, la empresa presentó alegaciones contra un expediente sancionador y adjuntó un proyecto técnico de actividad de la fábrica, que implicaba una actividad de obra mayor, afirma el documento. El arquitecto municipal, sin embargo, informó el 19 de marzo de 2024 desfavorablemente. Este informe fue notificado al promotor, que no presentó “ninguna subsanación de deficiencias”, ni tampoco nueva documentación. Este hecho supone “un incumplimiento de carácter esencial de la normativa aplicable”, según el informe del arquitecto municipal.
La declaración responsable presentada por la empresa, que consta en los archivos municipales a fechas del 6 de octubre de 2023, establece que solo puede “realizar pruebas y ajustes necesarios para la obtención de autorizaciones sectoriales”. Es decir, no es válida para ejercer la actividad como fábrica de derivados del huevo. Para poder iniciar y ejercer una actividad mayor que haya necesitado la realización de obras, como es el caso del proyecto presentado, la declaración responsable debe ir acompañada de la certificación de un técnico que acredite que las instalaciones “se ajustan al proyecto de actividades”, como se desprende del artículo 43.1 de la Ley 7/2013.
La fábrica incumple la normativa urbanística
Sin embargo, esta certificación no se ha presentado, según el decreto. “Por tanto, en ningún caso la documentación estaría completa ni se podría sostener que se cuenta con el título administrativo habilitante”, sentencia el decreto. El documento añade que el proyecto de legalización de obras no es autorizable según el informe del arquitecto municipal, ya que se incumple el artículo 114 de las Normas Subsidiarias (NNSS), que es la normativa urbanística de Porreres. Y no lo es porque la superficie en que se desarrolla la actividad no puede ser superior a los 600 metros cuadrados.
Las instalaciones incumplen la normativa porque la superficie en que se desarrolla la actividad es superior a los 600 metros cuadrados
El 13 de junio de 2025, el ingeniero técnico municipal elabora un informe en el que constata las irregularidades. En primer lugar, certifica en relación a la obtención de licencias de obras y actividades solicitada por la empresa que el departamento de Urbanismo emitió una notificación, el 17 de abril de 2024, en la que se requería a la empresa corregir las deficiencias. Sin embargo, dicho informe técnico no ha sido enmendado, ni se ha aportado la documentación y las autorizaciones preceptivas solicitadas, según Urbanismo.
El artículo 69.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas indica que si una declaración responsable o comunicación presentada a la administración incluye datos falsos, incompletos o que faltan y son importantes, o si no se entrega la documentación necesaria que justifique lo declarado, la empresa no podrá seguir ejerciendo la actividad autorizada en ese momento. Además, podría enfrentarse a sanciones penales, civiles o administrativas.
Una vez acreditadas estas irregularidades, la Administración podrá ordenar que la situación jurídica vuelva a su estado inicial, antes de que empezara la actividad, y prohibir que el interesado vuelva a solicitar los mismos permisos para el inicio de la actividad durante un tiempo fijado por la ley, según lo que marquen las normas del sector.
Posteriormente, el 17 de julio de 2024, la empresa presenta declaración responsable de inicio de actividad y aporta certificación de ejecución de las instalaciones y medidas correctoras de las actividades, sin haber obtenido el permiso de instalación y obras solicitado.
Por estos motivos, el 29 de mayo de 2025, el Ayuntamiento ordena la paralización de la actividad industrial. La resolución de alcaldía argumenta que “no se puede dar validez” a una declaración responsable que contiene “un error esencial” en cuanto al cumplimiento de las normas urbanísticas y que no cuenta con el permiso de instalación y la licencia de obras necesarios para iniciar la actividad.
La resolución indica que la empresa puede presentar un recurso de reposición potestativo ante el Ayuntamiento en el plazo de un mes desde el día siguiente a haber recibido la notificación; o, en su lugar, un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma en el plazo máximo de dos meses.
Agricultura propone una sanción de 200.100 euros
En el último reportaje publicado por este diario se explicó que Avícola Son Perot S.A., la empresa que explota la ‘macrogranja de los horrores’ de Mallorca a través de la marca Avícola Ballester, se enfrenta finalmente a una multa de 200.100 euros por siete faltas graves y una leve, según consta en el expediente sancionador. Esta sanción se puede reducir en un 20%, es decir, a unos 160.080 euros, si la explotación realiza el pago voluntario antes de que finalice la resolución del procedimiento administrativo.
Las faltas graves, según la ley de sanidad animal, se pueden sancionar con multas de entre 3.001 y 60.000 euros. Por eso, la empresa se enfrentaba a una multa de hasta 420.000 euros, como publicó este diario. Finalmente, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural propone una sanción de 28.500 euros por cada una de las siete faltas graves, es decir, 199.500 euros. A esta sanción hay que añadir 600 euros más por una falta leve. Además, como consecuencia de las irregularidades, se cerró la nave 7, destinada a las gallinas camperas, aunque siguen en vigor las cinco restantes (dos de gallinas camperas, dos de aves en jaula y una en suelo).