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A diferencia de otros pueblos de Mallorca, apenas hay tráfico para acceder a Santa Eugènia, donde transcurre una mañana tranquila típica de entre semana. Enclavado en el interior de la isla, esta localidad de poco más de 1.800 habitantes vive estos días, sin embargo, un debate inesperado: la presencia, tal como desveló la semana pasada elDiario.es, de más de medio centenar de cámaras de vigilancia cuya proliferación ha despertado opiniones encontradas entre sus vecinos. Mientras unos cuestionan la transparencia, la ubicación y la proporcionalidad de los dispositivos, que operan sin que su legalidad esté del todo clara, otros consideran necesarios estos artilugios para garantizar la seguridad de un pueblo que, según alega el alcalde y consta en la memoria de actividades de las policías locales de Balears relativa a 2024, cuenta con tan solo dos agentes municipales.
“Los fines de semana solo hay un policía. Ni Guardia Civil ni nada”, comenta Ramón, quien atiende a este periódico mientras toma un café acodado a la barra de uno de los pocos bares del municipio, poco acostumbrado a ser escenario de controversias tecnológicas. Preguntado por el revuelo generado en los últimos días, afirma que no ve “nada malo” en el hecho de que las cámaras abunden, a distintas alturas, en la vía pública del casco urbano. “No es necesario que ocurra nada grave, basta que un coche te pegue en el retrovisor y no te dejen ni un papelito”, añade este lugareño, quien asegura que “muchos vecinos ni siquiera sabían que había cámaras. Ahora llevan varios días comentando el tema por el revuelo generado por las noticias. La gente del pueblo no habla de las cámaras”.
El bar está regentado por Álex y Samanta, quienes, al igual que Ramón, creen pertinentes los dispositivos ante la carencia de efectivos policiales. “Aquí nos entraron a robar, pero no llegamos a ver quién era porque iba tapado. También se han producido otros robos. Estas cámaras son necesarias, no son para mirar a la gente”, defienden.
“Bastaría que hubiera una en cada entrada del pueblo”
Caminando por las calles de Santa Eugènia, otro vecino, Onofre, opina lo contrario: “Bastaría que hubiera una en cada entrada del pueblo”. En su opinión, los argumentos ofrecidos por el alcalde acerca de la falta de agentes municipales “son excusas”, dado que, en su opinión, “la criminalidad no ha aumentado. De vez en cuando ha habido algún robo, pero nada más”. El residente se muestra, sobre todo, indignado con los puntos en los que se encuentran instalados algunos de los dispositivos: “Cerca del colegio, de la piscina... Para mí es muy feo”.
Marga, otra vecina, se muestra, de nuevo, a favor de la implantación de estos artilugios: “Hace un par de años no había tantos. A mi madre le quemaron el coche y nadie se dio cuenta. Y ni se lo pagaron”. Más allá de su experiencia personal, alega que las cámaras permiten regular el tráfico del municipio: “En teoría tienes que ir a 30, pero mucha gente va a 50 ó 60 y no pasa nada”.
“Mientras las cámaras no se usen mal y haya un motivo, no me afectan”
Otras voces reclaman más información y transparencia mientras expresan su confusión: “No era consciente de que hubiera tantas cámaras”, asegura Carol, quien, con todo, asegura no sentirse “vigilada”. “Quizás el alboroto generado en los últimos días ha magnificado la sensación de alarma”. Algunos aseguran que no han percibido cambios en su día a día y que la presencia de los dispositivos, aunque llamativa, no interfiere en su rutina ni les preocupa especialmente. “Mientras no se usen mal y haya un motivo, tampoco me afecta”, apunta otra residente.
Por su parte, otro residente que opta por mantener su anonimato señala que prefiere no pensar que camina “sintiendo que está siendo controlado”, aunque reclama más transparencia y una justificación más sólida que la de ser una medida disuasoria ante la escasez de agentes. Otros asumen la presencia de estos dispositivos como parte de una tendencia general hacia una mayor vigilancia en los espacios públicos.
otro residente que opta por mantener su anonimato señala que prefiere no pensar que camina "sintiendo que está siendo controlado", aunque reclama más transparencia y una justificación más sólida que la de ser una medida disuasoria ante la escasez de agentes
Añade que la inmensa mayoría de dispositivos son de tráfico y que otros están en zonas donde hay aglomeraciones y flujo de gente por fiestas o tardeos. Asimismo, aclara que han sido pagados con una subvención del Govern, es decir, que no han costado dinero público del Consistorio.
Tal como ha podido comprobar este medio, las terrazas de los tres bares del pueblo —Can Topa, S'Estació i L'Escargot— se encuentran videovigiladas, con cámaras apuntando directamente a las mesas y zonas de reunión. En apenas cuatro calles —carrer Major, carrer Bisbe Sastre, carrer de S’Aljub, carrer de Ses Escoles y carrer de l’Església— hay 25 cámaras. Los dispositivos se alimentan directamente de la red de alumbrado público y muchos de ellos carecen de cualquier cartel de señalización que advierta de su presencia. Los pocos que exhiben el aviso resultan estar completamente obsoletos: remiten a leyes derogadas, omiten la identificación de la Policía Local como destinataria de las imágenes y no especifican el plazo de conservación, entre otras informaciones relevantes.
Fuentes solventes y conocedoras del sistema apuntaron a este periódico que el alcalde tendría acceso directo a las grabaciones desde su ordenador personal, un extremo que el primer edil ha negado tajantemente. Las mismas voces apuntan que la infraestructura permitiría la visualización multipantalla en tiempo real, aunque solo un análisis forense de sus equipos podría determinar si esta función está activa y si también se ha habilitado la captación de audio. De confirmarse, los terminales que permiten visualizar las imágenes no estarían bajo la custodia exclusiva de la Policía Local, como exige la ley.
La legislación española en materia de captación de imágenes por parte de las administraciones públicas es clara y restrictiva. Cualquier ayuntamiento que desee colocar cámaras en la vía pública debe obtener autorización previa del delegado del Gobierno. La norma obliga a justificar la necesidad del sistema, su proporcionalidad y su impacto sobre los derechos fundamentales. Ningún punto de vigilancia puede activarse sin ese permiso expreso y con un fin debidamente acreditado.
El Consistorio, dirigido por el socialista Pep Lluís Urraca, quien rechazó en un primer momento hacer declaraciones y remitió cualquier respuesta a la empresa GrupoX3, con la que tiene contratado el servicio de delegado de protección de datos, señala, sin embargo, que solo la Policía Local tiene acceso a las cámaras y que él sólo las visualiza en el caso de que tenga que firmar informes donde, por ejemplo, se afirme que en el Punto Verde “se han tirado residuos donde no toca”. El primer edil asegura que son una medida disuasoria y que los ciudadanos “pueden estar tranquilos” dado que las imágenes se borran periódicamente.
Urraca afirma que, cuando llegó al Consistorio tras el gobierno del PP, había más de una veintena de cámaras instaladas, que todas actualmente están fuera de servicio, que “siempre se ponen a petición de Policía Local” y que, en el caso de que apunten a bares, están pixeladas. Tal como puso de manifiesto a elDiario.es, la inmensa mayoría de dispositivos son de tráfico y otros se encuentran en zonas donde hay aglomeraciones y flujo de gente por fiestas o tardeos. Asimismo, aclara que han sido pagados con una subvención del Govern, es decir, que no han costado dinero público del Consistorio.
Mientras tanto, Santa Eugènia parece atrapada entre dos realidades: la necesidad real de vigilar por falta de recursos policiales, según el ayuntamiento, y la inquietud de otros que expresan algunos residentes. Con todo, la situación trasciende el debate local: ¿hasta dónde puede llegar la vigilancia en nombre de la seguridad?