Una multa de 5.700 euros, el 'castigo' a un hotel “ecorresponsable” de 3.000 euros la noche por 'robar' agua en Menorca
El hotel CAP Menorca, que comercializa habitaciones de hasta 3.000 euros por noche, recibió cerca de un millón de euros de fondos europeos por un proyecto de sostenibilidad y continúa presentándose en su página web como un alojamiento “eco responsable”, ha sido sancionado por el Govern balear por extraer agua sin autorización de un pozo ilegal durante, al menos, el verano de 2025, en plena crisis hídrica en la isla. El establecimiento, propiedad del magnate francés Laurent Morel-Ruymen, deberá abonar 5.700 euros –frente a los 9.500 iniciales– tras reconocer su responsabilidad y acogerse a la reducción prevista en la normativa administrativa.
El establecimiento abrió sus puertas en mayo de 2024 tras varios años de modificaciones del proyecto original y se presenta como un agroturismo de lujo con capacidad para una treintena de huéspedes en una finca de unas 30 hectáreas. En su material promocional, la empresa asegura que su modelo apuesta por “reducir al máximo la huella humana” y por la “mínima intervención en el territorio”, un discurso que contrasta con el expediente sancionador por la extracción de agua sin autorización. El complejo cuenta, además, con una flota propia de yates y comercializa suites con tarifas que oscilan entre los 1.200 y los 3.000 dólares por noche.
La investigación se inició en agosto del año pasado, en el marco de la Operación Zahorí del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), cuando los agentes inspeccionaron la finca donde se ubica el hotel, junto a Cala en Porter (al sur del núcleo urbano de Alaior), y, durante la inspección visual, detectaron la extracción ilegal de agua. Según la resolución sancionadora, la empresa extrajo agua “sin autorización” a través de un pozo ilegal que carecía de “contador volumétrico del sondeo”, el dispositivo que permite a la Administración controlar el volumen de agua extraído en cada captación.
El establecimiento, que abrió sus puertas en mayo de 2024, se presenta como un agroturismo de lujo con capacidad para una treintena de huéspedes en una finca de unas 30 hectáreas. En su material promocional asegura que su modelo apuesta por "reducir al máximo la huella humana" y por la "mínima intervención en el territorio"
A pesar de la negativa inicial de la dirección del hotel a responder a las acusaciones, la intervención de la Guardia Civil permitió sorprender in fraganti la extracción de agua, lo que motivó la apertura del expediente sancionador, resuelto este mes. En un primer momento, la empresa negó cualquier irregularidad y sostuvo en un comunicado que no se trataba de “un pozo ilegal”, sino de un pozo “no declarado”, al entender que su existencia era anterior a la normativa de 1985 de la Dirección General de Recursos Hídricos que obliga a inscribir este tipo de captaciones. Sin embargo, esa versión contrasta con las conclusiones del Seprona, cuyo informe preliminar estima que del pozo se extraían hasta 40.000 litros de agua al día para, presuntamente, regar piscinas.
A lo largo de los últimos días, elDiario.es ha contactado en varias ocasiones con la dirección del hotel para conocer su versión sobre la sanción y plantearle diversas cuestiones relacionadas con la gestión del agua y sus políticas de sostenibilidad. Sin embargo, el establecimiento no ha respondido a las consultas de este medio.
Cuando el Seprona detectó la captación irregular, Menorca atravesaba uno de los episodios de sequía más severos de las últimas décadas. Los ocho ayuntamientos de la isla habían activado medidas de ahorro que incluían el cierre de fuentes públicas, la suspensión del riego de jardines, parques y rotondas, la prohibición de lavar embarcaciones y vehículos con manguera y la cancelación del suministro de agua a cruceros y grandes embarcaciones. Las administraciones también lanzaron campañas dirigidas tanto a residentes como a turistas para reducir el consumo de un recurso cada vez más escaso.
La investigación judicial dio lugar a un expediente sancionador iniciado el 1 de diciembre de 2025, que incorporó como medidas cautelares el “cese inmediato de las extracciones” y la obligación de regularizar la situación administrativa del pozo e instalar sistemas de medición. Es decir que el “cese inmediato” de las extracciones se habría demorado cuatro meses desde que se descubrieron los pozos hasta que se ratificó la sanción.
La trama del escándalo ecológico se desarrolla en una Menorca atravesada por la sequía –la isla se encontraba en alerta naranja por este motivo y con los acuíferos en un crítico 34% de su capacidad en agosto de 2025–. Pese a ello, la resolución definitiva, dictada el 23 de abril de 2026, calificó ambas infracciones como “leves” y, tal como han confirmado fuentes del Govern a elDiario.es, el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, ha autorizado “de forma temporal” a la extracción de agua de ese mismo pozo durante un año mientras se tramita la concesión definitiva. Asimismo, han confirmado que las captaciones de la finca de Llucalari ya disponen de contador volumétrico.
La trama del escándalo ecológico se desarrolla en una Menorca atravesada por la sequía: la isla se encontraba en alerta naranja en el momento de los hechos y con los acuíferos en un crítico 34% de su capacidad. Pese a ello, la resolución, dictada el 23 de abril de 2026, calificó ambas infracciones como “leves”
“El robo del agua de todos los menorquines”
Desde Més per Menorca, los diputados de la bancada ecosoberanista han reclamado al Ejecutivo autonómico que aclare “exactamente cuánta agua se ha extraído de este pozo durante todo este tiempo” y cómo ha sido posible conceder una autorización para seguir extrayendo agua “cuando la situación hídrica en Menorca empeora día a día”. En este sentido, Victor Ferrer, concejal de la formación Avançam de Alaior, considera que la calificación de los hechos como una infracción leve constituye “un escándalo absoluto” y denuncia que se esté tratando como una falta menor “el robo del agua de todos los menorquines”.
Ferrer sostiene, además, que la actuación de la Administración transmite una imagen de “connivencia entre el Govern y quienes expolian nuestro territorio”. En este contexto, asegura que están analizando en detalle todo el expediente administrativo del agroturismo y anuncian que exigirán a la Dirección General de Recursos Hídricos “todas las explicaciones que merecemos los menorquines” sobre la tramitación del caso, las autorizaciones ambientales y la posterior autorización de las captaciones.
Desde Més per Menorca, los diputados han reclamado al Govern balear que aclare "exactamente cuánta agua se ha extraído de este pozo durante todo este tiempo" y cómo ha sido posible conceder una autorización para seguir extrayendo agua "cuando la situación hídrica en Menorca empeora día a día"
Del sello “eco responsable” al expediente sancionador
Cabe mencionar que el hotel CAP Menorca ha recibido financiación pública vinculada a programas de sostenibilidad y eficiencia ambiental destinados a impulsar un modelo turístico más respetuoso con el entorno. Concretamente, recibió 990.950 euros provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro de la línea de ayudas destinada a financiar proyectos de sostenibilidad turística. En este sentido, el hotel regentado por el magnate galo fue calificado como “eco responsable”, distinción que luce todavía en su página web donde también se ofrecen habitaciones de hasta 3000 euros la noche.
La concesión de esta ayuda contrasta con el expediente sancionador abierto posteriormente por la Dirección General de Recursos Hídricos, un contraste que ha suscitado interrogantes sobre los mecanismos de control y seguimiento de los proyectos financiados con dinero público y sobre la compatibilidad entre el acceso a incentivos destinados a promover la sostenibilidad y el incumplimiento –sostenido y repetitivo en este caso– de la normativa ambiental.
El hotel CAP Menorca recibió 990.950 euros provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro de la línea de ayudas destinada a financiar proyectos de sostenibilidad turística
Víctor Ferrer ha señalado en diálogo con este medio que desde Més per Menorca han enviado una solicitud de información pública dirigida a la Dirección General de Fondos Europeos con el objetivo de verificar si efectivamente se ha realizado el pago de esta subvención. “No nos han confirmado todavía, pero de ser así, insistiremos en que devuelvan íntegramente el importe. El dinero público no está para sufragar el expolio de nuestro territorio”, ha enfatizado el concejal.
Menorca, al límite
La crisis del agua en Menorca no es una novedad, pero este año podría marcar un punto de no retorno. Para David Carreras, director del Observatorio Social y Ambiental de Menorca (Obsam) el indicador más revelador del estado de los acuíferos no es el volumen de las reservas, sino la evolución de los niveles piezométricos, es decir, la profundidad a la que se encuentra el agua en los pozos. Tanto este parámetro como las reservas muestran una tendencia descendente sostenida, lo que evidencia, a su juicio, un desequilibrio estructural: “desde hace años se extrae mucha más agua de la que los acuíferos son capaces de recargar”.
Ante esta situación, Carreras considera imprescindible actuar sobre los consumos más elevados. A su juicio, incrementar el precio del agua no resulta suficiente, ya que hay usuarios para quienes el coste no supone un elemento disuasorio. En su lugar, propone establecer límites máximos de consumo y restringir el suministro a quienes los sobrepasen, especialmente en fincas con piscina y jardín. También reclama que las medidas frente a la sequía se acuerden de forma coordinada entre las distintas administraciones y que se apliquen criterios homogéneos en toda Menorca.
Según explican desde el Observatorio, las reservas de los acuíferos de Menorca este año podrían descender al 25%, casi un diez por ciento menos que en el mismo mes del año pasado. “La situación es preocupante y exige actuar con responsabilidad”, ha afirmado el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, quien sostiene que el Govern ha intensificado el seguimiento de los recursos hídricos y está acelerando inversiones pendientes desde hace años, entre ellas la puesta en marcha de la desaladora de Llevant, la mejora de la planta de Ciutadella, actuaciones en las depuradoras y una inversión de siete millones de euros destinada a que los municipios reduzcan las pérdidas en las redes de abastecimiento.
"La situación es preocupante y exige actuar con responsabilidad", afirma el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, quien señala que el Govern ha intensificado el seguimiento de los recursos hídricos y está acelerando inversiones pendientes desde hace años
Sin embargo, mientras el Ejecutivo balear insiste en la necesidad de restringir el consumo y los expertos coinciden en que la sobreexplotación de los acuíferos responde a un problema estructural, la propia Dirección General de Recursos Hídricos ha autorizado temporalmente algunas captaciones que habían sido objeto de expedientes sancionadores, una aparente contradicción que ha alimentado el debate político y social sobre la gestión del agua en Menorca.
El caso del CAP Menorca no es un episodio aislado dentro del debate sobre la gestión del agua y el urbanismo en la isla. En los últimos meses, diferentes investigaciones han puesto el foco en la proliferación de infraestructuras vinculadas al turismo de lujo —como piscinas presuntamente irregulares o captaciones de agua cuestionadas— y en las críticas de la oposición sobre el control ejercido por las administraciones. El expediente al agroturismo se ha convertido así en uno de los símbolos de la tensión entre un modelo turístico de alto consumo de recursos y la creciente fragilidad de los acuíferos menorquines.