La Policía inicia el desalojo forzoso de las centenares de personas que malviven en la antigua prisión de Palma
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La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han iniciado este miércoles a las 12.00 horas el desalojo forzoso de la antigua prisión de la ciudad, dando cumplimiento al auto dictado por el juzgado, que autorizó la ejecución de la actuación ante el grave riesgo existente para la seguridad de los que permanecen en el recinto. Unas 80 personas malviven en la antigua cárcel, que desde hace más de veinte años funciona como refugio precario de centenares de personas expulsadas del mercado de la vivienda.
Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, el dispositivo, coordinado conjuntamente por ambos cuerpos policiales, tal y como se estableció en la Junta Local de Seguridad extraordinaria de la pasada semana, se prevé que se prolongue a lo largo de la jornada. Durante toda la ejecución del desalojo permanecerán en el lugar los servicios sociales municipales y la presencia de una ambulancia del 061.
Según el censo realizado al inicio del procedimiento, en el interior de los módulos de la antigua prisión residían 206 personas, si bien a lo largo de estos meses la cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta situarse actualmente en torno a 70 u 80. Asimismo, en coordinación con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), 45 han sido derivadas a centros de acogida temporal y a programas de inserción social y laboral.
La resolución fundamenta el desalojo en los informes elaborados por la Policía Local, los bomberos y las autoridades sanitarias, que alertan de un “riesgo real, grave y actual” para la vida y la integridad física de los residentes debido al deterioro del inmueble. El auto judicial advierte de las deficientes condiciones de salubridad, las dificultades para una eventual evacuación y el elevado riesgo de incendio existente en el edificio.
Una vez ejecutado el desalojo, la Policía Local mantendrá en el entorno un dispositivo permanente de vigilancia las 24 horas del día para garantizar la seguridad y evitar nuevas ocupaciones y, posteriormente, el Ayuntamiento procederá al tapiado del recinto.
La vieja cárcel, símbolo de la crisis habitacional
La antigua cárcel de Palma fue inaugurada en 1968 y funcionó como prisión provincial hasta 1999, cuando los internos fueron trasladados al actual centro penitenciario, en las afueras de la ciudad. Tras su clausura, el recinto quedó abandonado entre promesas políticas de reconversión que nunca llegaron a materializarse. Con el paso de los años, las celdas vacías, los patios interiores y las dependencias en ruinas fueron ocupados progresivamente por personas sin alternativa habitacional que, en los últimos tiempos, han sobrevivido entre escombros, montones de basura y muros agrietados que apenas logran contener el frío y la humedad del exterior.
Como si de un termómetro extremo de la fractura habitacional de Palma se tratara, entre los muros del inmueble han convivido perfiles muy distintos: trabajadores de la construcción y de la hostelería, jubilados con pensiones insuficientes, personas migrantes en situación irregular o mujeres víctimas de violencia, a quienes en los últimos años se han sumado jóvenes abocados a encontrar soluciones alternativas para proteger su integridad física y mental.
Muchos compartían y comparten una misma trayectoria: habitaciones cada vez más caras, empleos precarios, desahucios silenciosos y la imposibilidad de acceder incluso al alquiler más básico en una ciudad donde la presión inmobiliaria no ha dejado de aumentar y en la que incluso quienes trabajan han dejado de poder permitirse una vivienda.