Increpan a diputados de El Salvador por proyecto de ley de “reconciliación”

Representantes de las víctimas de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) increparon este martes a una comisión del Congreso por la falta de transparencia en el proceso de creación de una ley de “reconciliación” para sustituir a la amnistía general anulada en 2016 y les expusieron una serie de elementos “irrenunciables” para respaldar dicha ley.

La Asamblea Legislativa salvadoreña tiene como plazo para emitir dicha ley, que por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe garantizar el acceso a la justicia y medidas de reparación para las víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad, el 28 de febrero próximo.

La Comisión Política del Congreso, que reúne a varios líderes de este órgano de Estado, convocó a una reunión de consulta a representantes de varias organizaciones humanitarias y sobrevivientes del conflicto armado (1980-1992).

El diálogo se crispó en la reunión, que se extendió por unas tres horas, al conocerse que técnicos de dicho órgano de Estado prepararon un documento basado en dos propuestas sin que las víctimas ni algunos de los diputados tuvieran acceso al mismo.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, señaló durante la reunión que dichos documentos se basan en la sentencia que anuló la ley de amnistía de 1993 y que “no estamos inventando nada”, también manifestó que trabajarán con “buena voluntad”.

Jaime García, miembro de la Concertación Monseñor Romero, recriminó a los legisladores el tiempo que han esperado para legislar con la venia de las víctimas, dado que la Corte Suprema ha extendido el plazo en al menos dos ocasiones.

García preguntó a los diputados si su intención es “ganar tiempo” para que procesos penales abiertos con la anulación de la amnistía, como la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote en 1981, “queden impunes”.

“No quiero venganza contra nadie, lo que quiero y exijo es verdad, justicia y reparación integral y medidas de no repetición”, apuntó al citar una resolución internacional sobre el asesinato de monseñor Romero en 1980.

David Ortiz, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), señaló que el proyecto de ley de los diputados establece la reparación de las víctimas como un asunto del Gobierno y no del “Estado en su conjunto”.

“Vamos a dejar al criterio de un presidente que esto se haga (reparar a víctimas)”, señaló Ortiz y apuntó que “el presidente de este momento (Nayib Bukele) no quiere tener nada que ver con las víctimas de la guerra”.

De igual forma, David Morales, exprocurador de Derechos Humanos y miembro de Cristosal, manifestó a los legisladores su preocupación sobre la inclusión de artículos en el proyecto de ley que dan una “amnistía oculta” a crímenes de guerra y lesa humanidad.

Entre estos se encuentran los que establecen plazos para la presentación de denuncias y el establecimiento del criterio de “cosa juzgada” con decisiones administrativas y no judiciales.

“Nos preocupaba igualmente el régimen de las penas” porque se trata de “delitos gravísimos e imprescriptibles”, añadió Morales, quien apuntó que la referida propuesta establece que las personas declaradas culpables no paguen penas de prisión.

Entre las personas presentes en la reunión se encontraba Blanca Saldaña, quien relató brevemente cómo el Ejército desapareció a tres de sus hermanos durante la guerra civil.

Mientras la mujer relataba su caso, algunos diputados, incluido el presidente del Congreso, respondieron llamadas telefónicas.

Entre 1980 y 1992, el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos, en un conflicto que dejó en 12 años 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.