Las acusaciones de corrupción y conflictos de intereses acechan al Gobierno conservador en Reino Unido

Cuando el primer ministro británico, Rishi Sunak, fue multado la semana pasada por no llevar el cinturón de seguridad en el asiento trasero de un coche, se apresuró a “aceptar completamente” el “error”, pedir disculpas y decir que pagaría sin queja la multa de 100 libras (unos 113 euros). 

“El primer ministro cree que todo el mundo debe llevar cinturón de seguridad”, dijo su portavoz. “Fue un error de juicio, se lo quitó durante un momento para grabar un vídeo, que habréis visto, pero acepta que hacerlo fue un error”. El viceprimer ministro, Dominic Raab, defendió en la BBC que Sunak es “alguien que tiene los estándares más altos de integridad”.

Sunak llegó al poder con una imagen de un político de principios, abstemio e indignado con las transgresiones continuas de Boris Johnson. En julio del año pasado, dimitió de su puesto como ministro de Economía como protesta a la gestión de un escándalo de acoso sexual en el partido que días después precipitó la caída del primer ministro. “Los ciudadanos esperan con razón que el Gobierno se comporte de manera apropiada, competente y seria”, escribió Sunak en su carta de dimisión. Él mismo, sin embargo, también había sido multado por asistir a la fiesta de cumpleaños de Johnson en Downing Street saltándose las restricciones sanitarias de la pandemia en 2020. 

Ahora, pese a su intento de ruptura con el pasado, Sunak sigue arrastrando los casos de corrupción, conflictos de intereses, tráfico de influencias, amistades peligrosas y chapuzas éticas que marcaron el Gobierno de Johnson y que siguen marcando el Partido Conservador británico. 

Los casos de la semana 

En lo que llevamos de semana, Sunak ha tenido que afrontar al menos tres casos de irregularidades en su partido. 

Nadhim Zahawi, el actual presidente de los tories, ha reconocido que en diciembre pagó una multa por evasión de impuestos años antes a través de una empresa en Gibraltar. La disputa con el fisco tuvo lugar mientras era ministro de Economía y Hacienda, un cargo que ocupó en verano de 2022 tras ser nombrado por Boris Johnson. La multa y la deuda con Hacienda sumó unos cinco millones de libras (5,6 millones de euros) por su antigua participación en la encuestadora YouGov, de la que fue cofundador en 2000. Zahawi no solo no lo había reconocido hasta ahora, sino que en verano amenazó al periódico The Independent que lo estaba investigando. Sunak anunció este lunes que le ha encargado una informe sobre el caso a su consejero independiente de ética.

El Daily Star, el tabloide notorio por las portadas dedicadas a una lechuga que duró más que Truss en el puesto, dice ahora que ni se molesta en gastarse los 60 peniques para comprar otra lechuga porque ya sabe que Zahawi acabará dimitiendo.

Zahawi tiene una trayectoria problemática con un trato habitual y directo con empresarios y donantes tories mientras ocupaba cargos de responsabilidad. En 2021, cuando era ministro de Educación, se encontró en una reunión del Partido Conservador con un millonario canadiense y primo lejano de Boris Johnson que tenía interés en el sector educativo, Sam Blyth. El canadiense ayudó unos meses antes al primer ministro a asegurarse un crédito de 800.000 libras (más de 900.000 euros). Y aquí llega el segundo caso que ahora pone en apuros a Sunak. 

Blyth era amigo de Richard Sharp, banquero, ex jefe de Sunak en Goldman Sachs y donante tory que también colaboró para que Johnson consiguiera el crédito. Esto sucedió unas semanas antes de que Sharp fuera nombrado presidente de la BBC, en febrero de 2021, según acaba de revelar el Sunday Times. La radiotelevisión pública está investigando ahora el proceso de nombramiento de su actual presidente. 

La conexión rusa

En esa red de empresarios, amigos y donantes del Partido Conservador también solía haber hombres de negocios ligados al Kremlin, algunos de los cuales siguieron operando en Reino Unido incluso después de ser sancionados.

Este lunes OpenDemocracy, una organización no gubernamental dedicada a los derechos humanos y la transparencia, publicó que el Tesoro británico, cuando Sunak era el responsable, dio una autorización especial a Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo de mercenarios conocido como Wagner, para que pudiera querellarse contra el periodista Eliot Higgins, de Bellingcat, un medio de investigación que había revelado sus actividades. Prigozhin era objeto de sanciones de la UE y Reino Unido desde 2020, pero en 2021 el Gobierno conservador le dio una licencia para que pudiera llevar a los tribunales a Higgins y acusarlo de difamación.

El caso fue desestimado en mayo de 2022 después de que el bufete de abogados que había conseguido la autorización dejara de representar a Prigozhin tras la invasión rusa de Ucrania. Higgins dijo este martes que si el caso se hubiera alargado habría sufrido una ruinosa batalla legal. El pasado septiembre, Prigozhin reconoció su relación con Wagner y dijo que se había querellado contra periodistas por puro “deporte”.

El Guardian, la agencia Reuters y el Financial Times, entre otros, han documentado extensamente la relación entre oligarcas rusos y tories. La semana pasada, el Guardian publicó que el servicio de espionaje británico desoyó las denuncias de un activista conservador que reveló las ofertas de diplomáticos y empresarios rusos de donaciones ilegales al Partido Conservador británico en 2012.

Un club de élite

“Estos hombres ricos en la cumbre del Partido Tory o con lazos con él parecen ser miembros de un club de élite que los beneficia a todos ellos y del que nadie de fuera puede ser parte. Y aquí está el problema real para Sunak mientras intenta persuadir a los ciudadanos de que sus prioridades son también las de su Gobierno”, escribe Pippa Crerar, corresponsal política del Guardian y la reportera que publicó en el Mirror las exclusivas sobre el escándalo de las fiestas en Downing Street que se saltaban las restricciones sanitarias impuestas por el propio Gobierno. 

Las transgresiones de los tories más graves por la pandemia probablemente no fueron las fiestas, sino la adjudicación de contratos para hacer tests o vender equipos de protección a amigos y donantes del partido sin experiencia en el sector y que en algunos casos dieron lugar a material defectuoso. 

La organización Transparency International denunció el llamado “carril VIP” por el que el Gobierno británico adjudicaba contratos a menudo a empresarios cercanos y con poca experiencia: entre febrero y noviembre de 2020, uno de cada cinco contratos públicos relacionados con el COVID fueron susceptibles de ser ejemplos de corrupción. Según un informe de esta organización publicado en abril de 2021, hubo “sesgos sistémicos en la adjudicación de contratos de equipos de protección personal que favorecieron a aquellos con conexiones políticas con el partido del Gobierno”. En algunos casos, empresas cercanas a los tories seguían recibiendo contratos, incluso cuando se habían demostrado sus fallos. Así sucedió en otoño de 2020 con una compañía de tests de COVID que daban resultados equivocados en un país que obligaba a varias pruebas de pago por cientos de libras a cualquier viajero. 

El recordatorio de la relación dudosa entre lo público y lo privado también ha llegado esta semana con otro potencial conflicto de intereses publicado este lunes. Un alto cargo del Ministerio de Sanidad, Nick Markham, nombrado por la ex primera ministra Liz Truss, tenía un 30% de la propiedad de una empresa especializada en tests de COVID y otros análisis. Aunque lleva en el cargo desde septiembre, dice que está ahora en el proceso de vender su participación en la compañía. 

Un Gobierno muy impopular

Sunak insiste en que su marca es la integridad y varios miembros de su Gobierno y de su partido le piden firmeza en un momento en que los tories van más de 20 puntos por detrás de los laboristas en las encuestas sobre intención de voto para las generales (que se celebrarán probablemente en 2024), según los últimos datos de de YouGov de este mes.

Será difícil darle la vuelta a la popularidad de los tories en medio del colapso de los servicios públicos y el comercio privado por el Brexit, los recortes de los gobiernos conservadores en la última década y el aumento de precios de los alimentos y la energía. 

“Los trenes no funcionan, las ambulancias no funcionan, los aviones y los aeropuertos no funcionan. Este es el motivo por el que el Partido Laborista está 20 puntos por delante en las encuestas”, explica a elDiario.es Robert Ford, profesor de la Universidad de Manchester y autor del libro Brexitland. “La gente está viendo sus salarios disminuir y todo el mundo está muy enfadado con el Gobierno. Si eres el partido de la oposición, no te puede ir mejor: está pasando de todo y todo el mundo le echa la culpa al Gobierno”.

Aunque el actual primer ministro empezó mejor que sus predecesores, ahora solo el 13% de los encuestados aprueba la gestión de Sunak.

“Esto recuerda a los días del ocaso del Gobierno conservador de John Major en los años 90”, escribe este martes en su editorial el Financial Times. “Entonces, como ahora, había un partido que llevaba en el Gobierno más de una década, se estaba quedando sin ideas, cautivo de un grupo ruidoso de derechas en los márgenes y que vio su reputación de gestión sensata destrozada por una crisis”.