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Letta aprueba el sistema que controlará el dinero de los italianos

Italia comparará los ingresos y gastos de sus ciudadanos para comprobar si defraudan

Manuel Tori

Luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Es el objetivo del “redditometro”, una herramienta puesta en marcha ayer oficialmente por la Agencia Tributaria italiana. Aprobado mediante un decreto ministerial, está destinado a mejorar la recaudación en momento de crisis, y cuando están a punto de cumplirse los primeros 4 meses del gobierno de amplia coalición de Enrico Letta.

Se trata de un sistema de cálculo de variables ya operativo y promovido desde la llegada de Mario Monti hace dos otoños. Pero hasta la jornada de ayer, aún no se habían afinado ni ensayado del todo el conjunto de los aspectos técnicos.

La Hacienda transalpina lo que busca es la “congruencia entre los réditos declarados y los gastos realizados”. Dicho de otra manera, la administración económica se encargará de verificar que nadie gaste más de lo que su situación económica le permite. Esto consentiría detectar más fácilmente si hay alguien que no sea coherente con su nivel de vida y su contexto económico; de modo que se pueda verificar y perseguir el hipotético fraude fiscal y limitar progresivamente la economía sumergida.

El procedimiento es el siguiente. El banco llama al cliente y lo avisa de que tiene que hacer una declaración acerca de qué ganancias dispone (sueldos, rentas, acciones, etc.) y qué gastos realiza habitualmente (inmuebles, coches, barcos, facturas, etc). Según estos criterios y mezclados a otros de carácter estadístico y geográfico (hay 11 tipos de familias repartidos en 5 zonas geográficas), la Agencia Tributaria podrá disponer de los perfiles socio-económicos aptos para comprobar la coherencia fiscal de los ciudadanos.

Si no cuadraran, habría entonces una primera toma de contacto por parte de Hacienda, avisando de que el contribuyente en cuestión presenta algún tipo de desequilibrio fiscal: gasta mucho más de lo que podría. Si este último pudiera demostrar su supuesta irregularidad, el expediente se anula de oficio.

Es en esta primera y sensible fase cuando van a declararse situaciones de ganancias en loterías, regalos familiares, herencias, buena gestión individual, créditos, cheques, etc. También se admitirán argumentaciones no documentales: “Si una persona no gasta en productos de alimentación porque come diariamente en casa de sus padres porque viven en el mismo edificio, podrá aportar este tipo de alegaciones”, afirma Marco di Capua, subdirector de Hacienda.

En la segunda fase, si hubiera nuevamente problemas con las argumentaciones, habría otro grado de apelación. Finalmente, si se agotaran todas las posibilidades para alumbrar con pruebas la situación supuestamente irregular, la Administración fiscal procedería con la demostración del fraude y el contribuyente tendrá que pagar a Hacienda el 30 por ciento de la cantidad cuestionada.

Más elevados son los gastos respecto a las ganancias, más probabilidades habrá de que alguien sea controlado para verificar si se encuentra en situación de evasión fiscal. ¿Pero con qué margen? Según lo estipulado, no se revisarán las irregularidades siempre que se encuentren dentro del 20 por ciento en la relación entre ganancias y gastos; y que esta última no supere los 12.000 euros anuales. Los controles serán retroactivos empezando por el año 2010.

El Tribunal de Cuentas con sede en Roma, aportando datos del año pasado, afirma que los controles previstos a partir de ahora con el nuevo “redditometro” son alrededor de 35.000. Pero el fiasco recaudatorio hasta la fecha se pone en evidencia cuando, con ese número, en el año 2012 se han obtenido sólo 35 millones de euros de los 708 previstos.

“Había gente que iba por la calle con coches de lujo y declaraba 14.000 euros anuales. Sí, puede tratarse de una herramienta fiscal algo polémica, pero yo creo que esto le va a afectar más a algunos que a la gran mayoría, que es honesta. A lo mejor, ahora, controlarán más si los autónomos, efectivamente, tienen el nivel de vida que declaran tener”, comenta Paolo C., 48 años, funcionario del Ministerio de Agricultura. Y añade contundentemente: “Esta ley la han hecho para los listillos”.

Lo que sí es cierto es que hasta ahora en Italia, los controles se han realizado de una forma muy puntual y ocasional, en coherencia a la fase experimental del “redditometro”. A menos que alguien ya anteriormente tuviera todas las papeletas para que Hacienda fuera a controlarle, la gran mayoría ha recibido simplemente una llamada del banco, siendo avisada de que tenían que cumplimentar una serie de formularios.

Más allá de los procedimientos específicos del instrumento recaudatorio, la polémica reside más bien en la moralidad de su modus operandi. Es verdad que, si es el caso de un contribuyente honesto y los problemas no van a mayores, se trataría sólo de un instrumento preventivo de la Agencia Tributaria.

La duda está en si es correcto, constitucionalmente, que el ciudadano se le considere, a priori, culpable de fraude fiscal. Si puede, entonces debe demostrar lo contrario. En materia de pensamiento político es la Administración la que, en un contexto de Estado de derecho, la que debe justificar las acusaciones contra el ciudadano, y no viceversa. Más de uno, en Italia, afirma, con algo de ironía, que este “Estado de sitio fiscal” no hará más que asustar a los contribuyentes honestos en lugar de los evasores. Según el Tribunal de Nápoles no habrá, en ningún caso, ninguna violación de la privacidad.

“Constituye obligación de la República suprimir los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana […]”, es el Artículo 3 de la Constitución Italiana. Las preocupaciones de la Carta Magna de 1948, no obstante las décadas, siguen siendo de gran actualidad.

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