Ocasio-Cortez exige al Pentágono que condicione la cooperación con Perú al respeto a la protesta pacífica y los derechos humanos
Condiciones a la cooperación militar con el futuro Perú de la ultra Keiko Fujimori. Alexandria Ocasio-Cortez, congresista progresista por Nueva York, ha presentado una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), que se está debatiendo estos días en la Cámara de Representantes, para el año fiscal 2027 para condicionar la cooperación militar de EEUU con Perú a avances verificables en materia de derechos humanos, rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, respeto al derecho a la protesta pacífica y el Estado de derecho.
Dado el estrecho margen con el que Fujimori puede ser proclamada vencedora de las elecciones en los próximos días y dado que es heredera política de su padre, Alberto Fujimori, dictador condenado por delitos de lesa humanidad, es previsible que se produzcan protestas en Perú en las próximas semanas, y la enmienda de Ocasio evidencia la creciente preocupación entre los miembros progresistas del Congreso respecto a Perú, especialmente en torno a la corrupción, la erosión de los derechos y la libertad de prensa.
Esta enmienda llega en un momento en que el Congreso del Perú acaba de aprobar una ley que modifica el Código Penal Militar Policial, estableciendo que cualquier delito cometido por policías y militares en servicio será investigado y juzgado exclusivamente por el fuero militar, prohibiendo procesos paralelos en la justicia ordinaria. La norma, que blinda a las fuerzas de seguridad frente a la justicia civil, parece haber sido diseñada con miras a eventuales protestas contra el gobierno entrante, al que numerosas organizaciones sociales del país consideran ilegítimo.
El texto pide que “ninguno de los fondos autorizados [...] podrá utilizarse para establecer o mantener relación alguna entre el Departamento de Defensa y el Gobierno de Perú (incluida cualquier oficina o agente de dicho Gobierno), proporcionar, autorizar o prestar asistencia de cualquier forma en la transferencia de material de defensa, servicios de defensa, suministros para el control de multitudes o cualquier otro tipo de suministros a dicho Gobierno, ni para coordinar ejercicios conjuntos con las fuerzas militares o policiales de dicho Gobierno hasta que el secretario de Defensa, en consulta con el secretario de Estado” presente al Congreso de EEUU una certificación por escrito que establezca que se han cumplido los siguientes criterios: “Se respetan plenamente los derechos de los peruanos a reunirse pacíficamente, protestar y expresar su disenso; ha cesado la represión contra los manifestantes pacíficos y las comunidades indígenas, así como la criminalización de la libertad de expresión; y el Gobierno del Perú ha adoptado medidas efectivas para garantizar que los responsables de las masacres y otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra manifestantes desde diciembre de 2022 rindan cuentas plenamente de conformidad con la legislación peruana”.
Asimismo, se exige que el Gobierno de Perú haya demostrado “que los miembros de las fuerzas armadas y de la policía que hayan cometido violaciones de los derechos humanos están siendo efectivamente llevados ante la justicia”, que “el poder Ejecutivo y el Congreso de Perú no están actuando para obstruir la justicia en los procesos por corrupción pendientes contra sus miembros”, “se ha concluido una investigación exhaustiva sobre las masacres de manifestantes ocurridas en Perú desde diciembre de 2022, [...] y las personas identificadas como responsables en dicha investigación han sido procesadas judicialmente”; y “se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva e independiente, cuyos resultados se han hecho públicos, sobre las prácticas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas del Perú, así como sobre la responsabilidad de las autoridades civiles por no haber prevenido el uso excesivo de la fuerza, los malos tratos contra personas detenidas y la estigmatización de los manifestantes indígenas en Perú”.
Este es el cuarto año consecutivo en que la diputada Ocasio-Cortez presenta una enmienda que condiciona la ayuda de seguridad de EEUU a Perú al cumplimiento de las normas de derechos humanos.
Contra la asfixia de EEUU a Cuba
La congresista demócrata Delia Ramírez (Illinois), con el apoyo de Ocasio-Cortez, ha presentado, a su vez, una enmienda para prohibir el uso de fondos del Departamento de Guerra para aplicar sanciones contra Cuba.
Así, el texto de Ramírez reclama que “ninguno de los fondos cuya asignación se autorice o que se pongan a disposición de cualquier otra forma en virtud de la presente Ley podrá utilizarse para aplicar sanciones, incluido cualquier bloqueo de combustible, contra Cuba”.
Al mismo tiempo, otra enmienda, presentada por la congresista Rashida Tlaib (Michigan) para una declaración del Congreso sobre el bloqueo de combustible a Cuba, en la que se afirma que está contribuyendo en gran medida a una grave crisis humanitaria y que debería terminar de inmediato.
El texto de Tlaib sostiene: “El Congreso constata lo siguiente: la Administración Trump ha impuesto un bloqueo de facto del combustible, impidiendo que casi todo el combustible llegue a Cuba, aplicado mediante amenazas de medidas coercitivas unilaterales y fuerza militar; y las medidas estadounidenses que restringen severamente los envíos de combustible a Cuba equivalen a un bloqueo, lo que se entiende ampliamente como un acto de guerra en virtud del Derecho internacional. El Congreso de los Estados Unidos no ha autorizado el uso de la fuerza militar contra Cuba. Es la posición del Congreso que: el bloqueo de facto del combustible impuesto por la Administración Trump a Cuba ha contribuido en gran medida a una grave crisis humanitaria en Cuba; Estados Unidos no debería imponer ni mantener un bloqueo contra un país con el que no está en guerra y contra el que el Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza; y el bloqueo de facto del combustible debería ponerse fin de inmediato con el fin de evitar el sufrimiento y salvar las vidas de civiles cubanos inocentes, así como para prevenir una crisis de migración forzosa”.
Las enmiendas, no obstante, no han recibido el apoyo suficiente para ser aprobadas en una Cámara de Representantes dominada por los republicanos.