Un tribunal militar israelí ha declarado culpable a la cooperante española Juana Ruiz, encarcelada desde abril, por trabajar y recaudar fondos para una organización acusada de ilegal, en base a un “acuerdo de culpabilidad” alcanzado entre la Fiscalía y la defensa. El acuerdo —que no implica una admisión expresa de culpabilidad sino una aceptación de los cargos— propone una pena de prisión de 13 meses y una multa de 50.000 shékels (14.000 euros), aunque la corte militar emitirá el próximo 17 de noviembre la sentencia final con la pena definitiva, que puede variar.
Según este acuerdo, los cargos imputados a Juana Ruiz se redujeron a dos, aunque inicialmente se le imputaron cinco delitos relacionados con su trabajo en los Comités de Trabajos para la Salud, una ONG palestina a la que Israel acusa de integrar una red que desviaba dinero europeo al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista también por EEUU y la UE.
La defensa y la Fiscalía alcanzaron el acuerdo en una sesión de mediación celebrada el lunes, que se presentó este miércoles ante la corte militar de Ofer, en Cisjordania ocupada, a donde Ruiz llegó esposada de pies y manos. Ruiz, que podrá descontarse los siete meses que ya lleva en la cárcel de la pena definitiva, fue arrestada el pasado 13 de abril y retenida durante casi un mes sin acusaciones formales.
La trabajadora humanitaria, de 63 años, reside en los territorios palestinos ocupados desde los años ochenta, e Israel le aplica la ley militar, como sucede con el resto de palestinos de Cisjordania.
El Ejército de Israel señaló en un comunicado que Ruiz admitió haber recaudado fondos europeos para la ONG que luego se transfirieron para financiar las actividades del FPLP y que ella continuó con esas actividades a pesar de sus sospechas de que actuaba en nombre de esa organización considerada terrorista. “Muchos documentos fueron falsificados por funcionarios de la organización y los donantes fueron defraudados y engañados con respecto al uso de estos fondos de donación”, indica el Ejército, aunque su abogado, Avigdor Feldman, asegura que en el acuerdo queda especificado “muy claramente que ella no sabía que el dinero que recaudó fue entregado al FPLP”.
Los ministerios israelíes de Exteriores y Defensa han afirmado en un comunicado conjunto que con el acuerdo Ruiz admite que ejerció “como recaudadora de fondos para la organización terrorista FPLP y que los Comités de Trabajo de Salud, donde trabajaba, es uno de sus brazos civiles”, junto con las 6 ONGs declaradas terroristas recientemente por Israel.
Sin embargo, el abogado de la cooperante ha asegurado a EFE que esta vinculación es “engañosa” y “no es correcta”, ya que Ruiz siempre sostuvo que no tenía conocimiento del destino final de los fondos. Durante la vista el abogado se opuso a que constaran en el acuerdo las seis organizaciones palestinas designadas como terroristas, ya que no tenían que ver con el caso de Ruiz.
Las ONG designadas como terroristas, que también reciben fondos internacionales, son la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (Addameer), el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y las organizaciones Al-Haq y Defensa Internacional de la Infancia.
Según Israel el acuerdo de culpabilidad firmado “prueba que el FPLP operaba esta red de organizaciones para recaudar fondos”, aunque los países donantes y las agencias de la ONU aseguran que Israel no ha presentado pruebas que basen estas acusaciones.