El relator de la ONU para Irán pide una investigación y denuncia la no devolución de los cadáveres a sus familias

El relator de la ONU para Irán, Javaid Rehman, ha pedido este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la creación de un mecanismo internacional de investigación de la muerte de la joven iraní Mahsa Amini el pasado septiembre y de la represión a las protestas posteriores en las que han muerto más de 300 personas.

En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos para debatir la actual crisis política y social en Irán, Rehman ha solicitado esta investigación con el fin de “atender las reclamaciones de las víctimas” en un país donde “la impunidad estructural ha alimentado un patrón de asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y abusos”.

Rahman ha denunciado que las autoridades en algunos casos están “negándose a devolver los cadáveres” de los fallecidos bajo custodia a menos que los “familiares acepten” por escrito sus exigencias. Éstas suelen consistir en no hablar a la prensa, no celebrar funerales o enterrar a sus seres queridos en zonas apartadas, “a menudo por la noche y en presencia de oficiales de inteligencia”. Por otro lado, el relator especial también ha recordado la preocupación expresada por el Comité de los Derechos del Niño por la presión ejercida sobre las familias “para absolver a las fuerzas de seguridad y que declarasen que sus hijos habían muerto por suicidio”, ha señalado.

Rehman ha subrayado que en línea con estas viejas prácticas, el Estado iraní ha ordenado desde el inicio de las protestas, a mediados de septiembre, “la represión violenta a cualquier coste”, con órdenes presidenciales de actuar “sin piedad” contra los manifestantes.

El relator de Naciones Unidas ha dicho también que la represión estatal contra los manifestantes está intensificándose y sólo en los últimos siete días se han registrado entre 60 y 70 muertes, entre ellas cinco niños, especialmente en zonas de población kurda.

Desde el comienzo de las protestas, seis personas han sido condenadas a muerte y al menos otras 21, en juicios ilegítimos y a puerta cerrada, han sido acusadas de delitos difusos (como “guerra contra dios” o “corrupción en la tierra”, contemplados en el código penal islámico) punibles también con la pena capital, ha indicado el relator.

“Exigimos a las autoridades iraníes que dejen de usar la pena de muerte como una herramienta para aplastar las protestas y reiteramos nuestra llamada a liberar inmediatamente a los manifestantes pacíficos” detenidos desde el inicio de las protestas, tras las que según la ONU ha habido alrededor de 15.000 arrestos. Rehman ha añadido que muchos periodistas están recibiendo amenazas de muerte en la cobertura de las protestas.

En el inicio de la sesión, que debe finalizar este jueves con la votación de una resolución, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha subrayado que “debe ponerse fin al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en Irán”, país que se encuentra sumido en “una crisis abierta de derechos humanos”.

“Urjo al Gobierno de Irán a escuchar (...). Oír la demanda del pueblo por sus errores, aceptar la legitimidad de los que están pidiendo diferentes visiones de un sociedad en la que mujeres y niñas deben poder sentirse libres y seguras sin miedo a la violencia o el acoso”, ha afirmado.

La estrategia de Teherán de negar legitimidad y tachar de “enemigos del Estado a manifestantes, activistas de la sociedad civil es ”la típica narrativa de una tiranía“, ha asegurado Türk, quien ha insistido en que ”gente de todas las clases sociales y etnias de Irán están pidiendo cambios“.