100 millones de pesos por información sobre el asesinato de dos universitarios

El asesinato de dos jóvenes estudiantes universitarios que tuvo lugar el pasado mes de enero en el departamento de Córdoba ha conmocionado a la sociedad de Colombia. Para que este crimen no quede impune, el presidente del país, Juan Manuel Santos, ha ofrecido una recompensa de 100 millones de pesos (unos 39.500 euros) por información que pueda conducir a la captura de los responsables del “vil” asesinato.

El mandatario hizo el anuncio al término de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, celebrada en el departamento de Arauca. Allí, Santos reveló que un equipo especial de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dijin) se ha trasladado hasta el municipio de Cereté, donde ocurrieron los hechos, para investigar el crimen.

Por su parte, Miguel Mora, padre de una de las víctimas, Silvia Mora, solicitó a las autoridades que otorguen a este caso una atención similar a la concedida al de los dos estudiantes de biología asesinados en el municipio de San Bernardo del Viento, también en Córdoba.

Sin juicio en Ecuador

Por otro lado, Santos ha visto como la Fiscalía ecuatoriana de la provincia de Sucumbíos ha emitido un dictamen por el que se abstiene de continuar con el juicio en su contra. El mandatario colombiano estaba imputado por su vinculación con el bombardeo a un campamento de la guerrilla en territorio ecuatoriano, ocurrido en marzo de 2008, donde cayó el dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes.

En un comunicado, el fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, emitió el dictamen en relación a la instrucción que se tramitaba contra Santos y otras personas relacionadas con el supuesto asesinato de unas 23 personas que fallecieron durante el bombardeo del Ejército colombiano, ha informado este miércoles la agencia oficial Andes.

El llamado ataque de Angostura se produjo el 1 de marzo de 2008 cuando miembros militares y policías colombianos bombardearon un campamento de las FARC, situado en el norte de Ecuador, cerca de la frontera común. La responsabilidad del incidente se atribuyó al gobierno de Colombia del entonces presidente Álvaro Uribe, para el que Santos trabajaba como ministro de Defensa.

Según informaciones de la Fiscalía, en el momento en el que se presentaron los cargos contra Santos, las circunstancias procesales y de las normas procesales penales permitían imputar a Santos ya que no era presidente en ese momento.

En este sentido, la abstención por parte de la fiscalía está fundamentada en la inmunidad de la que goza ahora Santos, que impide imputarle de los hechos que se formularon en su contra, por un delito común en donde los tribunales y órganos de Administración de Justicia ecuatorianos si eran competentes.