16 detenidos por corrupción en el Ayuntamiento de Madrid

Agentes de la Guardia Civil han registrado las delegaciones de Urbanismo y de Medio Ambiente del Consistorio de Madrid y otras sedes municipales en una operación por una presunta trama de corrupción de funcionarios que a cambio de una suculenta comisión, que podría rondar los 20.000 euros, agilizaban la tramitación de licencias municipales de apertura de locales.

La investigación de la presunta trama de corrupción, que afecta a la Gerencia de Urbanismo, Medio Ambiente y a varias Juntas de Distrito del Consistorio madrileño, está dirigida por el juez de Instrucción número 32 de Madrid, José Santiago Torres. Un apellido que, en un primer momento, llevó a pensar que se trataba de una investigación relacionada con el 'caso Malaya' que instruye el juez Miguel Ángel Torres. Un extremo que desde el consistorio madrileño se apresuraron a negar.

“No tiene absolutamente ninguna relación, no tiene nada que ver”, afirmó el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (en la imagen), que también negó la vinculación de esta investigación con la abogada Montserrat Corulla, implicada en la trama marbellí. Una mujer que tramitó varios expedientes en la Gerencia de Urbanismo de Madrid y cuya foto esgrimió Miguel Sebastián, el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, en un debate televisivo frente al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, durante la pasada campaña electoral.

Cobo explicó, en una comparecencia ante los medios en la sede municipal de Cibeles, que los funcionarios investigados, unos 16 según señaló, se comprometían, a cambio de una comisión que a acelerar las licencia de apertura de locales “de todo tipo”, logrando acortar los trámites para agilizar los trámites de forma espectacular. Las empresas o particulares que solicitaron los servicios ilícitos de estos funcionarios podían llevar a resolver en cinco días un expediente cuya tramitación normal podía tardar dos años.

La investigación comenzó hace meses por una denuncia presentada por un particular ante la Guardia Civil y aunque el vicealcalde, escudándose en el secreto de sumario, no precisó la cantidad que cobrarían por agilizar cada expediente, se habla de unos 20.000 euros. Cobo también quiso dejar claro que en la investigación no aparece implicado ningún cargo político, los 16 detenidos hasta el momento son todos funcionarios, y que los registros de hoy no han pillado de sorpresa al Ayuntamiento, sino que el Consistorio ha “participado” desde el principio de la operación.

En los registros practicados desde las nueve y media de la mañana de ayer en las Concejalías de Urbanismo y Vivienda y de Medio Ambiente, y las Juntas Municipales de Distrito de Centro, San Blas y Chamberí los agentes de incautaron ordenadores y múltiples cajas de documentos, aunque no precitaron ningún despacho. También se practicaron registros en domicilios particulares y “oficinas diversas” de empresas.

NO SON DELITOS URBANÍSTICOS

Tampoco quiso dar muchos detalles de la 'operación Guateque' el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que en declaraciones a RNE recogidas por Otr/Press confirmo que la operación “sigue abierta” por lo que podrían producirse más detenciones a parte de las 16 ya realizadas. Moix señaló que “el número de personas investigadas son bastantes” y que a su departamento “no nos consta que haya ningún cargo político implicado”. Unas declaraciones que contradicen lo que expresó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló que la investigación “afecta a una serie de funcionarios y a gente que no lo es”.

El fiscal jefe de Madrid también confirmó que “no se trata de delitos urbanísticos” sino de cobros en la agilización de expedientes administrativos“ y relató cómo la operación la inició la Guardia Civil ”hace meses“ que en un momento necesitó la autorización judicial para continuar con sus investigaciones y fue entonces cuando tomó las riendas del caso el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid.