Amnistía Internacional denuncia la brutalidad ejercida por las fuerzas de seguridad de Bahréin
Amnistía Internacional ha elaborado un informe donde presenta pruebas del sistemático y excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de Bahréin al reprimir las manifestaciones, hecho que ha ocasionado la muerte de al menos ocho personas.
El informe titulado Sangrando pero incólumes: violencia estatal injustificada contra manifestantes bahreiníes, documenta cómo las fuerzas de seguridad utilizaron munición real y fuerza extrema contra los manifestantes, pusieron obstáculos y agredieron a personal médico que intentaba ayudar a los heridos.
El informe, que está basado en testimonios de primera mano recogidos por un equipo de investigación de Amnistía Internacional en Bahréin, llega en unos momentos en que el país se encuentra paralizado por la violencia, después de que las fuerzas de seguridad de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos entraran en este pequeño Estado del Golfo hace tres días, y de que el rey de Bahréin declarara el estado de emergencia.
“Es alarmante ver ahora a las autoridades de Bahréin recurrir de nuevo a las mismas tácticas que utilizaron contra los manifestantes en febrero, pero a una escala aún mayor”, dijo Malcolm Smart, director de Amnistía Internacional para Oriente Medio y África del Norte.
“Las autoridades deben ejercer el debido control sobre las fuerzas de seguridad y respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, incluido el derecho de manifestación pacífica”, ha señalado el director de AI.
El Dr. Hani Mowafi, médico estadounidense que formaba parte del equipo de Amnistía Internacional, observó un patrón de heridas graves y mortales fruto de la violencia en febrero, que revelaba cómo las fuerzas de seguridad habían utilizado munición real a corta distancia de mediano y gran calibre para disparar a los manifestantes.
El episodio más violento se produjo el 17 de febrero de madrugada, cuando murieron cinco personas. Algunos testigos contaron a Amnistía Internacional que los tanques habían bloqueado el acceso a la glorieta de la Perla mientras la policía utilizaba munición real y escopetas, además de gas lacrimógeno, porras y balas de goma.
Entre los heridos había trabajadores médicos claramente identificables como tales, que fueron atacados por la policía mientas atendían a los heridos.
El 3 de marzo, el ministro de Desarrollo Social de Bahréin, de visita en Londres, dijo a Amnistía Internacional que su gobierno había abierto una investigación sobre los homicidios de la que se informaría directamente al rey y que dos miembros de las fuerzas de seguridad habían sido puestos bajo custodia. Amnistía Internacional pide una investigación independiente que sea transparente y rigurosa: “No debe haber impunidad ante los homicidios indiscriminados, agresiones y otros abusos contra los manifestantes y el personal médico”.
La organización ha pedido a los gobiernos que suministran armas a Bahréin que suspendan de inmediato la transferencia de armas, munición y material que puedan utilizarse para cometer nuevas violaciones de derechos humanos y que revisen con urgencia todas las operaciones de suministro de armas y adiestramiento al ejército, las fuerzas de seguridad y la policía de Bahréin.
Tras el estallido de la violencia en el país del golfo Pérsico, el gobierno británico ha anulado algunas licencias de exportación de armas a Bahréin, y las autoridades francesas han suspendido la exportación de equipo de seguridad.
Exportaciones españolas de armas
Según datos oficiales del Ministerio de Industria, España exportó armas a Bahréin entre los años 2006 y 2008 por valor de 18.971.067 €. En 2009 y primer semestre de 2010 no hubo exportaciones. Todavía no se han hecho públicos los datos del segundo semestre de 2010.
Ante la situación que vive Bahréin, en la que se han documentado gravísimos abusos a manos a las fuerzas de seguridad, Amnistía Internacional insta al Gobierno español a suspender de forma inmediata toda transferencia de armamento a este país que pueda ser utilizada para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.
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