Atrapados a 700 metros de profundidad
El pasado 5 de agosto 33 mineros que estaban trabajando en la mina San José, en Atacama, al norte de Chile, quedaron atrapados a unos 700 metros de profundidad tras un derrumbe que bloqueó el acceso al yacimiento y al comprobar que el conducto que tenía que servir como vía de escape no contaba con las escaleras necesarias.
Esta mina, dedicada a la explotación de cobre, una de las principales fuentes de ingresos de Chile, está situada en la Región de Atacama, a 45 kilómetros al norte de Copiapó, unos 800 kilómetros al norte de Santiago y pertenece a la pequeña y mediana minería.
Ante los casi dos meses que llevan los trabajadores atrapados bajo tierra, las especulaciones sobre la responsabilidad han sacado a la luz la falta de cumplimiento de la normativa de seguridad en la minería, el sector más rentable de la economía chilena.
Por el momento no está claro si la responsabilidad debe recaer sobre la Administración Pública o sobre la empresa gestora. No obstante, nada más conocerse este caso se procedió de inmediato al cierre de 18 medianas y pequeñas minas por falta de seguridad y por carecer de un proyecto de explotación.
En este sentido, cabe destacar que, a diferencia de los elevados estándares con que trabaja la gran minería, existe en paralelo una serie de explotaciones medianas y pequeñas que a veces operan en condiciones límite o inferiores.
Así, podemos plantear si de haberse cumplido las normativas de seguridad que garantizan el trabajo en la minería, el accidente podría haberse evitado, ya que se intuyen irregularidades tanto en la explotación como en el cumplimiento de la normativa reguladora.
La minería, el motor de la economía chilena
La gran minería es uno de los motores económicos de exportaciones de Chile y en este sector es muy poco común que se registren accidentes. Sin embargo, también existe una pequeña y mediana minería donde no siempre se cumplen las normas. En este sentido, esta pequeña explotación minera representa un 7,5% de la producción total de cobre del país.
Entre 1992 y 2002 la producción de cobre en Chile se triplicó llegando hasta los 4,6 millones de toneladas anuales, lo que supuso una participación en la producción mundial de un 30% en el año 2002. Así, en este período, las exportaciones de cobre fueron las más importantes de la economía chilena y supusieron 7.000 millones de dólares (USD).
Siguiendo esta progresión, en 2009 la producción aumentó hasta los 5,4 millones de toneladas, lo que supone un 17,6% más que en 2002. De este modo, el precio de venta del cobre también tuvo un espectacular aumento durante el año 2009, ya que pasó de 146 centavos de dólar en enero a 316 en diciembre.
En este sentido, el sector minero alcanzó el pasado año una participación del 15,5% en el PIB y, en concreto, la minería del cobre un 13,6%, en Chile.
El método de explotación
El yacimiento San José ha sido explotado desde 1869 de manera casi ininterrumpida con metodología propia artesanal. A mediados de los años noventa del siglo XX se hizo cargo de él la empresa Compañía Minera San Esteban Primera.
Las leyes en cuanto al cupo de explotación son bajas, permiten extraer un 0,8% de cobre y un 2,5% de oro, pero esta cantidad sigue siendo rentable para la mediana minería. Su método de explotación es por volúmenes, a través de tronadura, construcción de túneles y movimientos de material con equipo mecanizado.
Así, en el yacimiento San José trabajan inicialmente con fortificación natural que consiste en taludes de roca de treinta metros entre sección y sección de la veta de explotación. Con este método, la empresa gestora podría haber continuado explotando la mina durante, por lo menos, otros cuarenta años.
Sin embargo, con el fin de aumentar la producción, dicha compañía incremento este talud o separación entre las vetas, que llegó a ser 10 metros mayor. Así, el peso del cerro tiende a llenar el vacío que dejan los túneles y si no se construyen fortificaciones consistentes en la acuñadura con pernos y mallas de forma adecuada, la mina puede comenzar a desprender material hasta que éste se sienta sobre los túneles y la rampa de acceso. Así fue como ocurrió el pasado 5 de agosto en el nivel 350, cuando una roca de alrededor de un millón de toneladas se sentó y bloqueó la salida a los 33 trabajadores.
Una mina con historial de accidentes
El yacimiento San José tiene más de 100 años de antigüedad y en el último quinquenio ha sufrido graves accidentes. Así en 2006 tuvo lugar otro derrumbe en el que fallecieron dos personas y 180 resultaron heridas. El año siguiente falleció otro minero en un accidente, tras lo cual se clausuró la mina, pero en enero de 2008 la volvieron a abrir a través de un procedimiento inusual que actualmente está en período de investigación por las autoridades competentes. Ese mismo año, tras un derrumbe, dos mineros lograron sobrevivir después de permanecer durante 20 horas sepultados.
Ya en 2010, con el actual Gobierno, la Dirección del Trabajo advirtió sobre graves incumplimientos en las normas de seguridad del yacimiento San José. Tras dicho informe, no hubo ninguna actuación por parte del organismo competente, en este caso el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
Pocos días después, el 26 de julio, el sindicato CUT provincial visitó el Parlamento y sus dirigentes advirtieron al ministro de Energía, Laurence Golborne, sobre las condiciones de inseguridad de la mina. Cuatro días después, la caída de una plantación le seccionó una pierna a otro minero.
El secretario del sindicato número 2 de Minera San Esteban, Javier Castillo, ha declarado que “los colapsos de las minas de San Esteban tienen un factor común: el método productivo, que debilita la resistencia de pilares de la mina”.
La empresa gestora
El yacimiento San José está gestionado, desde los años noventa, por la Compañía Minera San Esteban Primera. Los propietarios de dicha empresa, Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, han iniciado el proceso para declararse en quiebra. En tanto, la Justicia ya ha comenzado una investigación para determinar su responsabilidad, dado que la compañía arrastra un complejo historial de accidentes.
En concreto, esta empresa suma, desde 2004, 42 multas de la Dirección del Trabajo, tres muertos, 45 millones de pesos de multa al Instituto de Salud Pública de Chile y otros 8 millones de pesos a la Asociación Chilena de Seguridad, tal como informa el diario La Información.
El anuncio de quiebra puede considerarse un intento de la empresa para no pagar las indemnizaciones a los trabajadores, en el caso de que resultara responsable del accidente. Sin embargo, los dueños han asegurado que asumirían sus responsabilidades económicas.
En este sentido, Alejandro Bohn ha declarado “como compañía vamos a hacer todo lo posible para poner a disposición de nuestros trabajadores y acreedores todos los bienes que tiene disponibles nuestra empresa para concurrir a ellos en todo lo que sea necesario”.
Por otro lado, los problemas de seguridad de la compañía vienen sucediéndose desde hace años y no solo en el yacimiento San José, sino también en otra mina de su propiedad, San Antonio, ubicada en la misma área, donde en noviembre de 2003 hubo un derrumbe en el que no hubo víctimas mortales pero tras el cual la mina se cerró.
Actuación del Gobierno tras el accidente
Nada más establecerse la primera comunicación con los mineros y conocerse que los 33 continuaban con vida, la atención de los medios de comunicación internacionales se desvío hacia esta región chilena y día a día, en todo el mundo, se ha conocido la evolución de su situación bajo tierra.
En este sentido, la popularidad del presidente del país, Sebastián Piñera, ha crecido gracias a su implicación en el rescate de los trabajadores, que se prevé que dure unos tres meses y que comenzó el 22 de agosto, cuando tuvo lugar el primer contacto con los mineros.
El Gobierno chileno en ningún momento se ha presentado como posible responsable de mantener la mina abierta. Así, Piñera ha declarado que “no habrá impunidad tanto en lo penal como en lo civil” con los responsables del derrumbe.
No obstante, el organismo gubernamental que debe velar por el cumplimiento de las leyes en la actividad minera es el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y esta entidad había autorizado la reapertura de la mina en 2008.
Por ello, la primera asignación de responsabilidades por parte del Gobierno se llevo a cabo con la petición de renuncia del presidente Piñera al director nacional de Sernageomin, Alejandro Vio, al subdirector de Minería de la entidad, Exequiel Yanes, y al director regional de Sernageomin Atacama, Rodolfo Díaz. Pese a las promesas del presidente por no depurar responsabilidades sobre el accidente, estas destituciones y el cierre de 18 minas han sido, hasta el momento, sus únicas medidas.
Regulación insuficiente
La legislación sobre la actividad minera en Chile data de 1983 y, según expertos, cuenta con la necesaria regulación para la seguridad de los operarios. Sin embargo, el problema es la poca capacidad para obligar al cumplimiento de dichas medidas.
Así, el profesor de Derecho minero, Hipólito Zañartu, explicaba a BBC Mundo que “el reglamento de seguridad tiene más de 500 artículos. Regulación existe, el tema es cómo son los controles y las fiscalizaciones, y ahí está el típico problema de si el servicio tiene los funcionarios capacitados y si están los presupuestos”.
En este sentido, la Confederación Minera de Chile también se ha pronunciado y piensa que las medidas del Gobierno no son suficientes, ya que hay que exigir que las normas se cumplan. Así, el presidente de este organismo, Néstor Jorquera, declaró a BBC Mundo “pedimos que exista una regulación más drástica contra los inversionistas. Pero eso no significa que hay que ahuyentarlos, sino rayarles la cancha en la forma en cómo deben producir en nuestro país”.
Por otro lado, hay que hablar del reglamento de seguridad para minería subterránea, para la que los requerimientos son ambiguos ya que además de existir artículos dedicados a una actividad minera anticuada, omite cuestiones relativas a la actividad subterránea.
Otra carencia que acusa la pequeña y mediana minería en la región de Atacama es que el Sernageomin apenas tiene inspectores destacados en la zona, solo dos, para una región que es de las más prolíferas en este tipo de yacimientos. Medidas y responsabilidades
Así las cosas, tras la destitución por parte del presidente Piñera de tres altos cargos del Sernageomin, organismo responsable de la minería en Chile, éste se comprometió además a perseguir a los responsables que haya detrás del accidente una vez concluido el rescate.
Por ello ha anunciado un proyecto de ley que haga “revisión completa de todos los mecanismos legales y reglamentarios para asegurar una actividad minera que les dé más garantías, más tranquilidad y más seguridad a los trabajadores”.
En este sentido, el sector de la minería ha recordado el accidente que tuvo lugar en 1945 y que marcó un antes y un después en dicha actividad, pues la catástrofe se saldó con la muerte de 355 mineros. Tras ello, se introdujeron sistemas de seguridad que hasta entonces solo existían en Europa y Estados Unidos y empezó a utilizarse el concepto de prevención de riesgos.
El presidente Piñera confirmó que la mina San José no volverá a funcionar “mientras no dé garantías de seguridad” y que se investigará por qué el yacimiento, tras haber sido cerrado en 2007 fue de nuevo abierto sin cumplir las garantías de seguridad.
Por otro lado, este yacimiento tiene unas ganancias anuales de 8 millones de dólares, lo que le permitiría a la empresa gestora implantar debidamente todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los mineros.
Así, parece que la minería en Chile se enfrenta a un suceso similar al de 1945, es decir, el accidente del 5 de agosto podría servir para aumentar la exigencia de cumplimiento de las medidas de seguridad y desarrollar una normativa que proteja a los trabajadores. Mientras, de haberse cumplido la legislación es probable que el derrumbe que atrapó bajo tierra a los 33 trabajadores, hubiera podido evitarse.
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