El derecho al aborto, todavía imposible para muchas riojanas sin salir de la comunidad

Las riojanas que opten por interrumpir voluntariamente su embarazo siguen sin tener abierto el camino para hacerlo en la sanidad pública riojana sin tener que desplazarse a otras regiones.

Según ha explicado la nueva consejera de Salud, María Somalo, en una entrevista con Rioja2, el sistema riojano “el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo lo garantiza el sistema sanitario riojano”. “Efectivamente no con personal propio en determinadas situaciones”, puntualiza sobre esta asignatura pendiente de la sanidad pública riojana.

“En los supuestos en los que, por razones médicas contempladas en la Ley sea recomendable o necesario realizar la interrupción del embarazo, no solo se garantiza sino que se realiza por personal sanitario del Servicio Riojano de Salud”, explica Somalo.

Y añade que en “otros supuestos, en los que la mujer libremente, por la razón que sea, decide interrumpir voluntariamente su embarazo, no se hace por la sencilla razón de que no hay personal sanitario actualmente que no haya firmado su derecho a la objeción de conciencia”.

La ley establece que se puede abortar de forma voluntaria siempre que se realice en las 14 primeras semanas de embarazo. Además, hay varios supuestos médicos como anomalías en el feto o riesgo para la vida de la madre en los que el plazo para poder interrumpir el embarazo es de 22 semanas.

“La totalidad de ginecólogos y ginecólogas que ahora mismo tienen relación laboral con la sanidad riojana han firmado libre y voluntariamente esa objeción de conciencia y desde la dirección del SERIS y esta Consejería no podemos más que respetar ese derecho, que es legítimo y está recogido en la norma correspondiente”, subraya la consejera.

Somalo reconoce que “en ese caso no queda más remedio, para garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo se lleva a efecto, que derivar a esas mujeres a otros centros privados de comunidades autónomas limítrofes. Se corre además con todos los gastos, no solo de la persona sino de acompañamiento”.

“Es una situación con la que convivimos”, explica la titular de Salud, para quien “la solución no pasa por obligar a los ginecólogos que están en su derecho, sino en intentar que mediante la sensibilización, por así decirlo, consigamos que alguno de los que están o los que se puedan incorporar en un futuro sean más sensibles a esta situación o lleguen a cambiar de opinión”.

En ello puede ayudar, argumenta, “el nuevo centro de salud sexual que hemos abierto y que está teniendo muy buena acogida y puede hacer un trabajo muy importante en sensibilización”.

Ante la pregunta de si sería posible traer esos profesionales de fuera de La Rioja para practicar la interrupción del embarazo en la comunidad, indica que “en principio no se contempla traer trabajadores de fuera. Se puede plantear algún convenio como se ha hecho para las intervenciones de cirugía cardiaca con alguna entidad pública, pero de momento lo tenemos garantizado por las derivaciones que se hacen al ámbito privado, en ocasiones realmente muy puntuales”.

“Si la demanda fuera mayor nos podríamos plantear otras soluciones, pero de momento es lo que hay y garantizamos la interrupción de esta manera”, insiste.

Para la consejera, “lo ideal sería que se incorporaran profesionales que no tuvieran esta firmeza en sus convicciones, pero eso ya no depende de la voluntad de la Consejería”.

La Rioja es la comunidad con una menor tasa de aborto de todo el Estado, 5,86 por cada 100.000 mujeres frente a la media nacional de 10,33, según los datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2020. Un dato engañoso, ya que se refiere sólo a las que abortaron por causas médicas: 17 en ese año. Sin embargo, la cifra aumenta, y mucho, si se tiene en cuenta a las mujeres derivadas fuera de La Rioja para abortar: 247 en 2020.