El Parlamento Europeo propone una directiva para combatir la violencia contra la mujer
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género ha formulado una resolución que se votará en el Pleno del 5 de abril para luchar contra la violencia de género y para que los agresores sean enjuiciados de forma automática. El comité ha solicitado que se cree un instrumento de derecho penal en forma de directiva de la Unión Europea (UE) para luchar contra la violencia de género. Entre el 20 y el 25% de todas las mujeres europeas ha sufrido violencia física al menos una vez durante su vida adulta y más del 10% han sido víctimas de violencia sexual con el uso de la fuerza, según se explica en dicha resolución.
Las mujeres no gozan de la misma protección contra la violencia machista en toda la UE, dado que las leyes y políticas nacionales difieren de un Estado a otro. La resolución también señala que en muchos casos las mujeres no presentan denuncias contra los actos de violencia de género, por diversas razones (económicas, sociales y culturales) y también debido a la falta de confianza en la policía y el sistema jurídico.
Según la directiva, los Estados miembros deberán reconocer la violación y la violencia sexual contra las mujeres como un crimen y deberán velar por que se persiga automáticamente a los perpetradores de tales violaciónes. Cualquier referencia a las prácticas culturales tradicionales y religiosas como circunstancias atenuantes, como el caso de los “crímenes de honor” y la mutilación genital femenina, deberán ser rechazadas.
El acoso también deberá ser considerado como una forma de violencia contra las mujeres y tendrá que incluirse específicamente en el marco jurídico de todos los Estados miembros.
La UE y sus Estados miembros deberán establecer también un marco legal que garantice a las mujeres inmigrantes el derecho a poseer un pasaporte y a adquirir el permiso de residencia considerando cualquier confiscación de documentos como “penalmente responsable” .
El Parlamento Europeo exigirá normas mínimas para garantizar que las víctimas reciben asesoramiento de un abogado, independientemente de su papel en el proceso penal, y también que se establezcan mecanismos para facilitar el acceso a la asistencia jurídica gratuita para que las víctimas puedan hacer valer sus derechos en toda la Unión.
La resolución insta a los Estados miembros a crear servicios de asesoramiento adaptados a la edad de la persona para ayudar a los niños que han sido testigos de cualquier forma de violencia y hacer frente a sus experiencias traumáticas.
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