Impunidad policial ante casos de torturadora.

Amnistía Internacional ha reclamado al Ministerio del Interior la instauración de un organismo independiente que investigue las denuncias de tortura policial presentadas contra las fuerzas de seguridad en España, que pueda iniciar investigaciones por iniciativa propia y remitir el caso directamente a la fiscalía, además de gozar de todos los recursos, competencias y atribuciones necesarias para llevar a cabo su función sobre presuntas violaciones de derechos humanos.

El informe 'España: Sal en la herida. Impunidad policial dos años después' que presentó ha presentado el director de esta organización en España, Esteban Beltrán, repasa la “falta de investigación” sobre los casos que sacó a la luz hace dos años y las novedades que se han producido en la lucha contra la tortura y los malos tratos en España.

Beltrán ha destacado que la investigación y la sanción por tortura y malos tratos “sigue siendo una agujero negro por el cual se cuela la impunidad casi absoluta”, consecuencia, según indicó, de deficiencias estructurales “alarmantes y no reconocidas” y de la falta de voluntad para investigar.

Las deficiencias estructurales a las que se refirió se deben a la falta de voluntad política de los Gobiernos en perseguir a los torturadores, “a veces incluso les recompensa”; mismos cuerpos de policía que dirigen la investigación son los denunciados; falta y colaboración de las fuerzas de seguridad con las autoridades judiciales; presentación de contradenuncias por agresión; y falta de imparcialidad en los tribunales que llevan a cabo estas investigaciones.

Por ello, Beltrán insistió en “el largo camino a recorrer” que les queda a las víctimas de malos tratos y tortura para obtener justicia, aunque destacó los “tímidos pasos aunque muy bienvenidos por la organización” que se han producido en estos dos últimos años, resaltando la creciente utilización de cámaras de seguridad de circuito cerrado de televisión en las comisarías y de placas de identificación personal visibles en los uniformes de los agentes.

Por otro lado, el director en España de Amnistía Internacional indicó que el próximo día 12 de noviembre tendrá lugar el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura, donde se examinará el caso de España. En este sentido, Beltrán destacó el papel de Reino Unido y Holanda ante estos asuntos mientras que España vive una “situación preocupante” en este ámbito.

Rodrigo Lanza, quien estuvo presente en la comparecencia de Amnistía Internacional y contó su historia, fue víctima de malos tratos a manos de un agente de la Guardia Urbana de Barcelona en 2006. Él y otros dos chicos fueron detenidos cuando un agente resultó gravemente herido en “circunstancias controvertidas” en el exterior de un edificio de la ciudad condal en donde se celebraba un fiesta.

Los tres jóvenes negaron toda implicación en los hechos y afirmaron que fueron sometidos a malos tratos físicos en el momento de la detención y en la comisaría por parte de agentes de los Mossos y de la policía local, quienes, según indicó Lanza, les golpearon, amenazaron e insultaron de forma racista, tras lo cual a él le dieron nueve puntos en la cabeza y a su compañero tuvieron que escayolarle una mano.

En el caso personal de Lanza, explicó que se le acusó de intento de homicidio y señaló que ya ha cumplido dos años de prisión preventiva y que está a la espera de volver a ingresar en la cárcel por un periodo de cinco años, además de tener que pagar más de un millón de euros al policía herido y a su familia.