Una madre y sus dos hijas menores podrían ser desahuciadas el próximo 1 de octubre en Logroño

La crisis del acceso a la vivienda en la capital riojana vuelve a situar en una posición de extrema vulnerabilidad a una familia monoparental. Una mujer y sus dos hijas menores de edad se enfrentan a un nuevo señalamiento de desahucio programado para el próximo 1 de octubre en Logroño, en un contexto marcado por la escasez de alternativas de alquiler asequible, la especulación y la dificultad de acceso a soluciones de emergencia habitacional. En lo que va de año se han ejecutado ya 24 desahucios en La Rioja.

La familia vive en una vivienda de la calle Somosierra de Logroño y ya hace unos meses se consiguió aplazar la ejecución del desahucio. Desde el Sindicato de Vivienda de La Rioja animan a la gente a acudir el próximo jueves, 1 de octubre, para tratar de paralizarlo de nuevo.

La inquilina vive con sus dos hijas en la vivienda desde hace diez años y ha pagado puntualmente cada mensualidad. Aseguran desde el sindicato que los propietarios no lo están poniendo nada fácil porque quieren a toda costa que se vayan, a pesar de que no tienen ninguna solución habitacional. Ponen el acento además en que hay dos menores en la vivienda.

La situación de esta familia no es nueva. Ya ha atravesado suspensiones previas de la orden de lanzamiento gracias a la intermediación de colectivos sociales y a los informes técnicos que acreditan la situación de vulnerabilidad del núcleo familiar. Sin embargo, el vencimiento de los plazos judiciales vuelve a activar la cuenta atrás sin que hasta el momento se haya garantizado una alternativa residencial digna y estable para la madre y las dos menores.

Desde las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda en la región advierten de que este caso evidencia las fallas estructurales en la protección de la infancia ante los procedimientos de desalojo. La presencia de menores de edad en el hogar activa legalmente los protocolos de valoración de exclusión social, pero en la práctica, la saturación del parque público de vivienda en La Rioja limita la capacidad de respuesta inmediata de las administraciones competentes.

El caso cobra especial relevancia en el marco de la movilización social que vive la comunidad autónoma en materia habitacional. El incremento continuado de los precios del arrendamiento en el mercado libre en Logroño, como en otras ciudades de España, complica de forma severa que familias con ingresos reducidos o en situación de precariedad laboral puedan reubicarse por sus propios medios sin abocarse a la exclusión.

Colectivos y sindicatos de vivienda de la región reclaman la paralización inmediata del lanzamiento fijado para el 1 de octubre y exigen a los Servicios Sociales y a la Consejería de Política Local del Gobierno de La Rioja que coordinen una solución habitacional de carácter permanente. La petición subraya que los derechos de la infancia deben prevalecer sobre los procedimientos judiciales de ejecución en situaciones de desprotección contrastada.

La jornada del próximo 1 de octubre se perfila así como una nueva prueba para los mecanismos de contención social de la capital. Mientras se agotan las vías administrativas para frenar la intervención judicial, el tejido asociativo riojano sopesa la convocatoria de acciones de apoyo a la familia para visibilizar el caso y evitar que la madre y sus dos hijas queden en la calle.