Los sindicatos llevan a los tribunales la suspensión de penalidades en residencias y recuerdan que ya hay jurisprudencia

La secretaria general de la Federación de Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras, Carmen Martínez, ha informado este viernes de que este sindicato ha interpuesto, ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, un recurso contencioso-administrativo contra la resolución por la que se exime a las empresas que gestionan residencias y centros de día de mayores de cumplir con el personal mínimo.

El pasado viernes, 26 de enero, el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publicó una resolución ante “los problemas entorno al déficit y carencias de personal sociosanitario en los centros de atención a personas mayores” que las “empresas contratistas de servicios de atención residencial y centro de día vienen manifestando”. En la misma, decide “eximir a las entidades dedicadas a la prestación del servicio de atención residencial y centro de día a personas mayores de La Rioja de la aplicación de la parte de las penalidades previstas en los contratos por el incumplimiento de los ratios de personal exigidos en los contratos administrativos”.

Se trata de una decisión que, para Comisiones Obreras, incumple la Ley de Contratos y, por eso, los servicios jurídicos del sindicato han interpuesto un recurso apoyándose, ha relatado, en que ya existe jurisprudencia (en tres sentencias) contra, incluso, una empresa privada en La Rioja.

Martínez, además, ha entendido que la resolución hará que las empresas “dejen de contratar” personal y, por tanto, va a haber una “dificultad para atender a los residentes, que no van a tener la asistencia necesaria” que agrava la situación actual, con “falta de enfermeras” y “gerocultores que están haciendo sus funciones”. “Problemas de personal existen, pero no es nada más que por las condiciones laborales del sector, con salarios bajos, jornadas largas y trabajos excesivos”, ha dicho señalando que “el problema se soluciona con un convenio”, no “dando a la patronal lo que le pidió, que le eximiera de las responsabilidades”.

En este sentido, la responsable de Igualdad, Esperanza Aritio, ha querido responder a la directora general de Dependencia, Ana Zuazo, a la que ha pedido que “baje al mundo real” porque “se está haciendo negocio con los cuidados”, mientras ella apuntó que las críticas a la resolución eran porque no se había entendido o no se conocía el sector.

“Yo le quería decir que llevo diecinueve años trabajando en el sector, soy gerocultora, y en el año 2020 estábamos cobrando un salario base mensual de 1.007 euros, y ahora 1.134 euros, mientras ella cobra 69.500 euros al año; cada uno trabaja donde trabaja, pero la perspectiva del conflicto se ve de diferente manera”, ha relatado.

Ha añadido que las trabajadoras tienen que acudir “medicadas por las lesiones musculoesqueléticas; asean a las personas a todo correr y el tiempo se puede llegar a reducir a cinco minutos; se están mecanizando los cuidados”, ha contado considerando que es una manera “indigna de tratar a las personas”. “Encima con lo que están pagando”, ha añadido. Mientras tanto, ha señalado: “Lo que sí está engordado son los complementos salariales de las personas que ejercen cargos de poder; sí que está habiendo beneficios y se están repartiendo, pero se podrían usar para mejorar los cuidados”.

Esto hace, ha aseverado, que los cuidados se hayan convertido en “el negocio del siglo XXI. ”La privatización de los cuidados es el negocio que cualquier persona querría ejercer, porque sale muy rentable ser director de una residencia“, ha afirmado. Ha resaltado que lo quieren las empleadas es ”cuidar“ a las personas mayores y ha pedido que se ”invierta“ dinero, se pongan en marcha residencias públicas y centros de día, en vez de ”proyectos poblacionales“, como dijo la directora general, ”que no significan nada“.

Además de interponer un recurso, Comisiones Obreras se concentrará este viernes 2 de febrero, frente al Parlamento de La Rioja (a las 4:30) ante la comparecencia de la consejera, María Martín. Además, invita a la ciudadanía a concentrarse el próximo martes, 6 de febrero, a las 12:00, frente a la Consejería de Servicios Sociales.

Se pide al Gobierno de La Rioja que “rectifique” y firme un convenio, con la patronal y sindicatos, para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras, con un convenio caducado desde el año 2020.

UGT también ha presentado un recurso

También UGT Servicios Públicos La Rioja ha presentado este viernes un recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución 1/2024 del 24 de enero, publicada por la Consejería de Salud y Políticas Sociales, sobre la exención de penalidades en los contratos de servicios de atención residencial y centros de día para personas mayores en La Rioja.

Así, UGT demanda a la Consejería de Salud y Políticas Sociales por su ‘amnistía’ a las empresas de residencias de personas mayores que no cumplan con unas ratios que datan del año 1998, y que están totalmente obsoletas.

Para el sindicato, esta era una de las medidas más vergonzosas que se habían tomado en los últimos años, y desde el sector Sociosanitario se ha trabajado desde el primer momento en judicializar una resolución del todo intolerable, tanto para los usuarios de los centros residenciales como para las propias trabajadoras.

UGT ha anunciado además que se concentrará el próximo lunes desde las 8:30h en la Plaza del Parlamento de La Rioja para exigir al Gobierno regional que retire esta resolución.