El doble rasero del miedo

La ciencia ya lo ha desmontado ampliamente: la raza carece de base biológica sólida y funciona, sobre todo, como un constructo de poder. Sin embargo, su lógica sigue dictando quién merece protección y quién no. En España, esta lógica se manifiesta en una contradicción flagrante en la aplicación de la justicia: mientras que la detención preventiva en casos de violencia de género genera un encendido debate sobre denuncias falsas —una cifra ínfima que, según el Consejo General del Poder Judicial (2022) (42 condenas por denuncia falsa, 0,025% del total), es estadísticamente marginal—, otras medidas preventivas como las identificaciones por perfil étnico, las cargas policiales contra manifestantes o las detenciones administrativas de inmigrantes se normalizan e incluso se exigen. Este doble rasero no es un error del sistema, sino el síntoma perfecto de una sociedad que ha internalizado la división entre los nuestros y los otros.

En el corazón de esta contradicción late el concepto de persona jurídica completa, un término de la antropología jurídica que describe a quien goza de una presunción de inocencia y dignidad plena. En la práctica, ese estatus se reconoce sobre todo al varón blanco, autóctono y con arraigo. Cuando el Estado actúa contra él —por ejemplo, mediante una detención preventiva por violencia de género—, se percibe como una traición al orden natural. El debate se centra entonces en el excepcionalismo del caso: ¿y si es falso? Esta alarma social es desproporcionada respecto a una realidad donde, como se ha visto, las denuncias falsas son estadísticamente marginales. El fantasma de la falsedad masiva es, precisamente, un fantasma: un mito útil que moviliza el miedo a perder privilegios.

Sin embargo, cuando el Estado actúa contra los otros —el inmigrante, el manifestante, la persona racializada—, la medida se justifica como protección del orden social. El inmigrante en situación irregular es detenido preventivamente para verificar su estatus, aunque no haya cometido delito alguno. El manifestante es cargado e identificado masivamente para garantizar la seguridad, aunque su protesta sea pacífica. Estos cuerpos no son percibidos como personas jurídicas completas, sino como sospechosos por defecto. Su detención no es una excepción, sino la confirmación de un estereotipo. Los datos aquí son elocuentes y verificables: según SOS Racismo Madrid (2022), una persona percibida como no blanca tiene casi 7 veces más probabilidades de ser identificada por la policía que una persona blanca, sin mediar sospecha objetiva. Paralelamente, la Ley de Seguridad Ciudadana —la llamada Ley Mordaza— ha generado, según datos del Ministerio del Interior (2022), más de 160.000 sanciones ese año aplicadas en contextos de protesta. La prevención, por tanto, no es un principio neutral: es un instrumento que se afila contra unos y se embota para otros.

Esta asimetría no es casual. Responde al mismo miedo identitario que analizábamos en artículos anteriores: el temor a perder privilegios, a que el orden tradicional se resquebraje. Para el hombre blanco sitiado, la igualdad —especialmente la de género— se vive como una amenaza a su hegemonía en el espacio privado. Por eso, cualquier medida que limite su impunidad es cuestionada con virulencia. En cambio, la presencia del otro —el inmigrante que invade, el manifestante que altera el orden— amenaza su hegemonía en el espacio público. En este caso, el Estado no solo debe actuar, sino hacerlo con contundencia. La permisividad frente a la violencia policial o las redadas racistas se justifican como defensa de nuestra seguridad, nuestra cultura, nuestro bienestar. Es la misma lógica que alimenta el racismo culturalista: proteger a los nuestros implica controlar, vigilar y castigar a los otros. El miedo, una vez más, es el combustible y la excusa.

Este doble rasero, sin embargo, no se explica únicamente desde el racismo, sino también desde un clasismo estructural que atraviesa a toda la sociedad. Mientras los barrios ricos como La Moraleja (Madrid) o Pedralbes (Barcelona) mantienen ratios de paro inferiores al 5% y concentran la oferta educativa de élite, distritos como Puente de Vallecas o El Raval superan el 20% de desempleo y sufren una crónica falta de inversión pública. Este patrón de desigualdad urbana no es exclusivo de las grandes capitales. En Logroño, por ejemplo, la renta media en el barrio más acomodado (Centro) triplica la del más vulnerable (Madre de Dios-San José) (INE, 2022), y la tasa de paro en el distrito Este (14.5%) casi duplica la del Centro (7.5%) (Gobierno de La Rioja, 2023). A nivel nacional, según la Fundación FOESSA (2022) (21,7% de la población en exclusión social; porcentaje que se duplica en hogares con menores), más de una quinta parte de la población española vive en situación de exclusión. Este empobrecimiento masivo —que afecta a blancos, negros, amarillos y colores varios—, unido a la percepción de abandono por parte de los partidos tradicionales y a la falta de autocrítica política, genera un caldo de cultivo para el hartazgo social. En este contexto, el auge de la extrema derecha y su mensaje no son solo una respuesta identitaria, sino también el síntoma de una fractura de clase que el sistema ha preferido ignorar.

Los partidos de ultraderecha han sabido explotar este doble rasero con maestría. Mientras ridiculizan las políticas de protección a víctimas de violencia de género —presentándolas como ideología que amenaza la presunción de inocencia del hombre español—, promueven leyes y discursos que criminalizan la pobreza, la migración y la disidencia. En 2023, partidos como Vox han propuesto en su programa electoral la expulsión inmediata de inmigrantes en situación irregular, mientras el PP ha impulsado en algunas comunidades autónomas leyes que restringen el acceso al empadronamiento para personas sin documentación, al tiempo que cuestionan sistemáticamente la credibilidad de las mujeres que denuncian agresiones. Según la APDHA (2022), cerca de 7.000 personas fueron internadas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ese año, la mayoría por una mera infracción administrativa, sin haber cometido delito alguno. Este marco legal no consagra la igualdad, sino la desigualdad: para unos, todas las garantías; para otros, la sospecha permanente y la arbitrariedad preventiva.

La verdadera prueba de fuego de un Estado democrático no es cómo trata a los nuestros, sino cómo protege a quienes no tienen poder, a quienes son sistemáticamente convertidos en otros. Un Estado que aplica el principio de protección de forma selectiva no es un Estado de Derecho pleno, sino un Estado que jerarquiza el dolor y el miedo. Cuando normalizamos la detención preventiva del inmigrante pero nos escandalizamos ante la del agresor de género; cuando justificamos la carga policial contra el manifestante pero exigimos indulgencia para el acosador, estamos diciendo algo muy claro: algunos cuerpos merecen protección, otros merecen castigo. Y la línea que los separa no es la ley, sino la pertenencia al grupo dominante.

La solución no pasa por debilitar las protecciones a las víctimas de violencia de género —una lucha histórica y aún pendiente—, sino por extender el principio de garantías procesales y dignidad a todos. Esto exige erradicar el perfil étnico en las identificaciones policiales, derogar la Ley de Seguridad Ciudadana que restringe el derecho a la protesta, y reformar la Ley de Extranjería para eliminar la detención administrativa por mera irregularidad migratoria. Necesitamos educar en una justicia no selectiva, donde la presunción de inocencia y el derecho a la defensa sean universales, no un privilegio de casta. La justicia, cuando tiene doble rasero, deja de ser justicia para convertirse en herramienta de dominación. Y en un país con memoria histórica de exilios, represión y apartheid social, como bien sabemos, esa lección debería estar ya más que aprendida. El desafío es actuar en consecuencia, desmontando el miedo que nos hace creer que la seguridad de unos se construye sobre la inseguridad de otros.