Responsabilidades con el fin del conflicto

El Gobierno de Sri Lanka daba por finalizado ayer el conflicto armado que, desde el inicio de la guerra civil en 1983, no ha dado una verdadera tregua al país debido a los graves problemas de convivencia entre la etnia mayoritaria cingalesa y la minoría tamil.

Una vez el Gobierno de Sri Lanka ha dado por finalizado el conflicto, la UE pide que se investiguen las supuestas violaciones de los derechos humanos. Se dirige tanto a Colombo, la capital del país, como a los rebeldes Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTT) para que ambas partes trabajen para responder a las “preocupaciones legítimas” de las distintas comunidades del país.

En el Consejo de Asuntos Generales (CAGRE), en Bruselas, los ministros de Exteriores de los países miembros concluyen estar “horrorizados por la pérdida de vidas de civiles inocentes como resultado del conflicto” y piden “al Gobierno de Sri Lanka y a todas las partes concernidas” que se inicie “urgentemente” y “sin demora” un “proceso político amplio” con el fin de que Sri Lanka pueda lograr “la seguridad a largo plazo, la reconstrucción tras el conflicto y la prosperidad”.

Asimismo, recuerda a las partes en conflicto que “deben respetar completamente sus obligaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario y las leyes de Derechos Humanos”. En concreto reclaman a LTTE, organización a la que tildan de “terrorista”, que “depongan las armas, renuncien al terrorismo y la violencia de una vez por todas y permitan que los civiles que están en la zona de conflicto la abandonen. Y les acusan del ”uso de civiles como escudos humanos y el reclutamiento forzado de civiles“.

En cuanto al Gobierno ceilandés, la UE le pide que adopte “todos los pasos necesarios para facilitar la evacuación de civiles de la zona de conflicto” y el reparto de “ayuda humanitaria”, al tiempo que advierte a Colombo de que “la lucha contra el terrorismo debe llevarse a cabo en pleno respeto del imperio de la ley y los Derechos Humanos”.

Reclaman además que se garantice “acceso pleno y sin obstáculos a todos los desplazados internos” y que desaparezcan toda clase de restricciones a las agencias humanitarias como visados y controles que ahora dificultan sus labores en el país. En concreto piden que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sea considerado un observador del proceso de paz y que se le de la oportunidad de contar con “las listas de las personas controladas” al abandonar la zona de conflicto.

Respecto a la colaboración de la ONU, hacen un llamamiento al secretario general Ban Ki Moon solicitando realice una “visita temprana” a la isla para dar su apoyo ya que consideran la necesidad de que el Gobierno trabaje en “plena cooperación con la ONU para resolver la crisis humanitaria” en el país.