La subida salarial para los funcionarios en La Rioja, en diciembre y con efectos retroactivos desde el 1 de enero

El Gobierno de La Rioja abonará en diciembre, con efectos retroactivos desde 1 de enero, el incremento salarial del 2,5 por ciento para los empleados públicos. El Consejo de Gobierno ha dado instrucciones este martes a la Consejería de Hacienda para que este mes de diciembre haga efectivo el incremento salarial del 2,5 por ciento este año para los empleados públicos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La medida beneficia a casi 18.000 trabajadores y tendrá un coste de más de 19 millones de euros cuyo grueso, por sectores, coparán Salud (7,72 millones), Educación (7,62 millones) y Administración General (3,57 millones).  

El portavoz y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que con esta revalorización el Ejecutivo regional cumple el acuerdo salarial firmado la semana pasada entre el Ministerio de Función Pública y Transformación Digital con las entidades sindicales que supone el incremento salarial de los empleados públicos de España del 11,4 por ciento en los próximos cuatro años. En concreto, un incremento del 2,5 por ciento en 2025, retroactivo desde el día 1 de enero, y un crecimiento para 2026 del 1,5 por ciento adicional, “lo que supondrá que las nóminas de los empleados públicos se revalorizarán el 4 por ciento respecto a las actualmente establecidas”. 

La decisión del Gobierno de La Rioja ha sido “hacer efectivo en este mismo mes de diciembre el incremento salarial para los empleados públicos de La Rioja” porque “el compromiso con los empleados es total”, pero ha recordado que, además del “esfuerzo económico que supone para los contribuyentes riojanos”, implementar esta revalorización conlleva “un enorme desafío técnico y administrativo porque hay que encontrar el crédito presupuestario suficiente y tramitar miles de nóminas en unos 20 días”. En este sentido, Alfonso Domínguez ha incidido en que la Comunidad es capaz de afrontar este reto porque tiene “mucha rstabilidad en las cuentas públicas, mucha estabilidad financiera y un buen control del gasto público, lo que seguro que otras comunidades y otras entidades locales no van a poder hacer frente”.

No obstante, el consejero ha recordado las comunidades autónomas concentran el grueso de los empleados públicos de la Administración que prestan los servicios públicos esenciales a los ciudadanos, por lo que piden “al Estado que tenga en cuenta la opinión de las comunidades autónomas cuando vaya a afrontar una negociación de este tipo y nos incorpore a este tipo de negociaciones”.