UGT desconvocará la huelga si el Gobierno les reúne en 48 horas

El sindicato UGT ha anunciado que desconvocará la huelga que los funcionarios de Justicia de las comunidades autónomas no transferidas mantienen desde hace casi dos meses si el Gobierno se compromete a abrir una “negociación seria y rigurosa” en un plazo de 48 horas, que permita alcanzar “un acuerdo equilibrado digno y justo que satisfaga los intereses de ambas partes”.

En una sesión extraordinaria, la Comisión Ejecutiva Federal del sindicato adoptó una resolución en la que, a la vista del “elevado coste que supone la actual situación para la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas” y los “daños irreparables” que puede producir, decide “proceder a la desconvocatoria de la huelga” si el Gobierno responde a su petición, desmarcándose del resto de sindicatos que apoyan la huelga, CCOO, STAJ y CSI-CSIF.

Aunque reconoce “el malestar inexistente en el ámbito de la Administración de Justicia no transfrida”, la Comicisión se muestra “preocupada por los defectos procedimentales observados en el desarrollo” del referéndum en el que los funcionarios rechazaron ayer la última oferta de acuerdo del Ministerio de Justicia.

A su vez, subraya “el elevado grado de enconamiento de las posiciones de las partes”, que responde al “encadenamiento sucesivo de errores en el desarrollo de la negociación a lo largo de todo el conflicto”. No obstante, reconoce “algún avance en la última oferta del Gobierno”.

ENORME SACRIFICIO Y PERJUICIO ECONÓMICO

Por otra parte, la resolución pone de manifiesto la “enorme preocupación” del sindicato por los daños producidos por “una huelga tan prolongada y que afecta de una forma tan negativa a un servicio público esencial”, si bien recalca que la movilización “responde a unas reivindicaciones justas”.

Asimismo, el sindicato constata “el enorme sacrificio y perjuicio económico que están sufriendo los funcionarios” que se declararon en huelga el pasado 4 de febrero, para exigir una solución a las desigualdades retributivas entre las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia y las que no.