Un gobierno provisional para Haití, el próximo 7 de febrero

Haití sigue pendiente de su futuro político y social, que estará sin duda marcado por los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de noviembre. Sin embargo, estos datos que saldrán a la luz en las próximas horas, parecen no importar a los opositores.

Varios líderes de la oposición han anunciado su intención de formar un gobierno provisional el próximo 7 de febrero, independientemente de cuáles sean los resultados definitivos de la primera vuelta, ya que consideran que fue fraudulenta.

A la cabeza de este gabinete estaría un juez de la Corte de Casación, mientras que el resto de integrantes (el primer ministro, 18 ministros y unos 30 asesores) serán elegidos por consenso entre los partidos de la coalición, según informó a Radio Metropole el senador Edmond Suplice Beauzile, de Alternative.

La oposición confía en que el apoyo popular será suficiente para sustentar este Ejecutivo, ya que en los últimos días los haitianos han protagonizado numerosas manifestaciones para exigir la dimisión del actual presidente, René Préval, a quien acusan de amañar los resultados para forzar la victoria de su candidato, Jude Celestin.

Se espera que en las próximas horas el Consejo Electoral Provisional (CEP) dé a conocer los nombres de los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta prevista para el 20 de marzo. Está por ver si seguirá las pautas de la Organización de Estados Americanos (OEA), que recomendó sustituir a Celestin por Michel Martelly para medirse con la ex primera dama Mirlande Manigat.

Los ex dictadores

Por si este panorama fuera poco tenso, la presencia en el país del ex dictador Jean Claude Duvalier y el expreso deseo del ex presidente Jean Bertrand Aristide de volver el país generan aún más polémica en Haití.

En lo referente a este último mandatario, ayer tuvo lugar en Puerto Príncipe una marcha de cientos de seguidores de Aristide que reclamaban al actual gobierno haitiano que conceda le pasaporte para que pueda regresar desde Sudáfrica, donde permanece exiliado.

Los defensores de Aristide se reunieron frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y prendieron fuego a neumáticos como señal de protesta. “Moriremos por Aristide” o “Aristide debe volver” fueron algunos de los lemas coreados durante este acto.

Por su parte, Estados Unidos teme que la vuelta de Aristide pueda incrementar la tensión en Haití. Un portavoz del Departamento de Estado ha pedido que no se produzcan “acciones divisorias” que pueden distraer al país de su “tarea vital”, en alusión a la formación de un gobierno “legítimo y creíble”.

Ante estas palabras, uno de los líderes de la protesta pro Aristide, Ansico Feliz, ha criticado que “Estados Unidos no tiene derecho” a oponerse a la vuelta del antiguo mandatario. Ha advertido que, desde Haití, nunca se pediría al presidente Barack Obama que impidiese el regreso de un ex dirigente.

Por otro lado, en lo referente a Duvalier, el gobierno suizo ha anunciado que va a iniciar un procedimiento legal para confiscar los activos que tiene en Suiza y que están congelados desde 1986.

Este martes entró en vigor una nueva ley, llamada Ley Duvalier por los medios de comunicación suizos, que permite que esos fondos vuelvan a Haití, uno de los países más pobres del mundo.

“El gobierno suizo, que ha trabajado con el fin de hallar una solución para la restitución del dinero de Duvalier al pueblo haitiano, ha utilizado los poderes que le confiere la ley de restitución para llevar este caso a los tribunales”, informa en un comunicado.

“Los representantes de la familia Duvalier tendrán la oportunidad de demostrar la legalidad de los activos bloqueados durante el procedimiento de confiscación ante el Tribunal Administrativo Federal”, añade. Duvalier habría malversado entre 300 y 800 millones de dólares de dinero público mientras fue presidente.

Suiza, que se está esforzando para que no lo consideren un paraíso fiscal para dinero de procedencia sospechosa, el mes pasado decidió congelar los activos del ex presidente tunecino Zine al Abidine Ben Alí y los del presidente saliente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo.

El gobierno suizo también mantiene congelados los fondos depositados en bancos del país por varios dirigentes depuestos, incluidos el filipino Ferdinand Marcos y el nigeriano Sani Abacha, posibilitando que los fiscales de esos países reclamen la restitución del dinero.