Una reforma laboral “impuesta” podría detonar la huelga general

CC.OO y UGT han alertado de que una reforma laboral “impuesta” por decreto supondría “un salto cualitativo”, que “requeriría una toma de decisión” en un momento en el que “los sindicatos están manejando una respuesta sin descartar ningún tipo de acción”.

Así lo manifestaron tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social, en la que participaron el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, el secretario general de CEOE, José María Lacasa, la secretaria de Empleo y Migraciones de CC.OO, Paloma López, y el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.

Los sindicatos reprocharon al Gobierno que dedicara la reunión de hoy del diálogo social exclusivamente a tratar el paquete de medidas de recorte del déficit que el Consejo de Ministros aprobará esta tarde, y lanzaron varios mensajes de advertencia al Ejecutivo.

“Si el paquete de recorte conlleva una reforma laboral, que piensen antes de tomar decisiones

, estamos aún en el tiempo de la negociación, pero empieza a preocuparnos que cada vez hay más voces que hablan de reformas impuestas y eso puede ser el salto cualitativo“, indicó Ferrer. ”Los sindicatos estamos manejando una respuesta sin descartar ningún tipo de acción y en ese momento se requeriría una toma de decisión“, apostilló.

Más allá de la reforma laboral, López indicó que los sindicatos han pedido al Gobierno que se plantee un aplazamiento de las medias de recorte para poder abrir un debate al respecto, y criticó que el Ejecutivo tampoco les haya dado más detalles que “los conocidos a través de los medios de comunicación” sobre estas medidas.

Por su parte, Lacasa salió al paso de la posible subida de impuestos y afirmó que “no es el momento” para tomar medidas en esta dirección. Si bien, dejó claro que el paquete de medidas de recorte “no contiene de momento” ningún alza impositiva, lo que calificó de “positivo”. “Creemos que sería un error subir impuestos, pues penalizaría el consumo y podría provocar una salida de capitales de España”, apostilló.