El Estado ingresa aproximadamente 100 millones de euros anuales de las declaraciones de la renta de la veintena de deportistas profesionales asalariados que completan las nóminas del Real Madrid Club de Fútbol. Cuando el Fútbol Club Barcelona anunció el pasado año la renovación de Leo Messi, la Administración supo que el IRPF de su nómina alcanzaría los 20 millones anuales. Sólo con esos ingresos vía IRPF, se podría pagar más de la mitad del presupuesto de la universidad con más alumnos de España, la UNED, que presupuestó en 2013 cerca de 200 millones. Amparados en esa lógica, otros clubes de fútbol sin la capacidad de ingresos de los gigantes, han ido acumulando y renegociando su deuda con la Agencia Tributaria año tras año hasta acumular 752 millones de euros en 2012. El Estado y los clubes firmaron el 25 de abril de 2012 un protocolo para frenar el chorreo y el descenso del Real Murcia SAD, que debe 12,5 millones a Hacienda y juega en Segunda División, es el primer cadáver de la aparente aplicación de la seriedad financiera.
“La deuda del fútbol la pagará el fútbol”. Con ese eslogan presentó en abril de 2012 un protocolo el Consejo Superior de Deportes, la LFP y el Ministerio de Educación. El compromiso firmado decía que se modificarían las normas necesarias para acabar con “las ayudas públicas” para el fútbol. “El control económico será estricto, al igual que el régimen sancionador, que en última instancia puede llegar a impedir la inscripción de los clubes que no cumplan los requisitos establecidos. Además, la negligencia de la LFP en dicho control comportará la inhabilitación de sus dirigentes y la supresión de los ingresos de las Quinielas”, destacó el documento que incluía la posibilidad de que desde la temporada que ahora empieza, los ingresos televisivos pudieran ser bloqueados por Hacienda en caso de deuda. Los estatutos de la LFP se modificaron el pasado junio para dejar claro que la fiesta se había acabado. Los clubes que no cumplan con una economía solvente serían expulsados del club del fútbol profesional (la Primera y la Segunda división). Pese a todo el abogado Jesús Samper, presidente del Real Murcia y un veterano que ya vivió la última crisis de la quiebra de los clubes en los años 90, no perturbó su semblante. El historial de las relaciones entre el fútbol profesional y las administraciones públicas en España tiene ejemplos de sobra para que Samper tuviera confianza en mantener la categoría de su club diga lo que diga un juez, una Liga o hasta un Gobierno entero.
Samper era el secretario general de la LFP en 1995 cuando en una situación similar a la actual, el Gobierno acabó mediando para evitar el descenso administrativo de los quebrados Sevilla y Celta de Vigo formando una inédita competición de 22 equipos. Por cierto, en aquel año 1995, tres años antes de que Jesús Samper se hiciera con el equipo murciano, el Real Murcia fue rescatado de la quiebra con el dinero público del Ayuntamiento de Murcia que compró por 40 millones de euros de la época el viejo Estadio de la Condomina. Hoy no se podría hacer esa operación porque el estadio en el que juega el Real Murcia es municipal, construido en una operación urbanística judicializada y en la que se vio involucrado el propio Samper. Por tanto, el único patrimonio del equipo pimentonero son sus jugadores, sus abonados y unos ingresos televisivos que desaparecerán con su descenso a la 2ªB
“Los clubes profesionales de fútbol redujeron su endeudamiento en más de 200 millones de euros durante la temporada 2012-2013, lo que supone una reducción del 5 %. La deuda con Hacienda se ha visto reducida respecto de la temporada anterior, pasando de 752 millones de euros a 595 millones de euros a 30 de junio”, asegura a eldiario.es el Consejo Superior de Deportes.
El organismo público se felicita por la reducción estricta de la deuda pero el Real Murcia se siente un chivo expiatorio y así se lo expresó al juez. “El endeudamiento de los afiliados a la LFP con la Agencia Tributaria arroja la cifra de 482 millones de euros a 30 de junio de 2014 (según documentación oficial de la LFP), lo que evidentemente supone que no es el Real Murcia CF SAD el único club que presenta deudas”, dice el recurso aceptado por el juzgado de lo mercantil número 7 de Madrid que instó a la LFP a readmitir al equipo en Segunda. Y aquí se produjo otra de las contradicciones del fútbol profesional español: la justicia ordinaria contradiciendo la justicia deportiva. Finalmente, la justicia ordinaria ha decidido inhibirse en favor de la decisión de la Liga. Por tanto, el Real Murcia ya no cuenta con resquicio legal alguno para mantenerse en la segunda categoría del fútbol profesional. Eso sí, el auto niega que la LFP pueda vincular las economías de los clubes a los descensos sancionadores.
¿Cómo pagar ahora los 12,5 millones que se deben?, se preguntan los partidarios del perdón al quebrado Murcia. La complejidad de la gestión de un equipo de fútbol profesional reside en que las cuentas dependen de algo tan maravilloso e imprevisible como un partido de once contra once. Y así se han gestado resurrecciones y hundimientos durante casi un siglo de competición. El fichaje más caro de la historia del Real Murcia se efectuó en el verano de 2007 por un valor de cinco millones de euros. El jugador que costó esa cantidad que hoy caería como agua de mayo en las arcas del club era Fernando Baiano. Después de dos espléndidas temporadas en el Celta de Vigo con 28 goles marcados, el Murcia basó su proyecto en él. Fue un fracaso y el Real Murcia descendió multiplicando sus dudas. Pero, qué hubiera pasado si Fernando Baiano hubiese sido otro de esos delanteros brasileños que tras un paso por clubes de desarrollo como el propio Celta, Albacete, Valladolid o Rayo Vallecano acabase haciendo un temporadón de 30 goles, fuese convocado con España para jugar un Mundial y acabase vendido por 40 millones al Chelsea. El desconocido Baiano sería Diego Costa y el Real Murcia quizá habría pagado sus impuestos, o habría seguido jugando a la ruleta de la fortuna deportiva.
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