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El PP convierte la Fiscalía Anticorrupción en la defensa de oficio de los poderosos

El ministerio público ha actuado desde la llegada de Rajoy al Gobierno en beneficio de los principales imputados y contra el criterio de los jueces instructores en algunos de los mayores escándalos polítiticos españoles.

La infanta Cristina, Miguel Blesa, el PP en la Gürtel, la mujer del presidente madrileño, Ignacio González, o algunos altos responsables de Convergència se han beneficiado de las gestiones de Anticorrupción.

El Consejo Fiscal ratificó a Antonio Salinas como máximo responsable del servicio el 16 de diciembre tras diez años en el cargo, aunque el Gobierno de Aznar obligó a jubilarse a su predecesor, Carlos Jiménez Villarejo.

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El Consejo Fiscal renueva a Salinas como fiscal jefe Anticorrupción

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, durante una rueda de prensa. / Efe

Ya no es una garantía. Hasta hace poco más de un año, cuando la Fiscalía Anticorrupción intervenía como acusación en cualquier procedimiento, sólo cabían dos lecturas: el procesado había perdido el favor del aparato del Estado que, además, necesitaba que las diligencias llegaran hasta el final. No siempre recibía autorización para intervenir, pero cuando lo hacía asumía la condición de implacable perro de presa.

Eso empezó a cambiar cuando la instrucción del caso Nóos, en el que se acusa al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, de enriquecerse a costa de las administraciones públicas a cambio de servicios ficticios, dejó claro que más pronto que tarde habría que tomar una decisión sobre la imputación de la esposa del investigado, nada menos de la infanta Cristina.

Fue entonces cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, decidieron hacer uso del escalafón y aprovechar que la Fiscalía es un cuerpo jerárquico para tirar de galones y hacer que el fiscal anticorrupción personado en el caso Nóos, Pedro Horrach, un funcionario de trayectoria intachable y cuyo compromiso contra la corrupción se había probado con creces, centrara todos sus esfuerzos en lograr que el juez instructor de la causa, José Castro, no imputara a la infanta Cristina.

En el primer escándalo de corrupción política que salpicaba directamente a la Corona, la Fiscalía Anticorrupción perdió por primera vez su condición de azote de los oligarcas, al menos de aquellos que las instituciones ya no podían defender. Y lo que parecía ser la excepción pareció convertirse en la regla. El aparato del Estado decidió entonces fagocitar a Anticorrupción y usar la Fiscalía especial como instrumento al servicio de la defensa de aquellos poderosos a los que al Gobierno le convenía defender.

Tanto es así que en el último año cuando Anticorrupción ha protagonizado titulares de prensa ha sido por convertirse en herramienta del Ejecutivo para sabotear a los jueces responsables de instruir procedimientos contra aliados del Gobierno del PP oponiéndose a la imputación de personalidades de renombre a pesar de las pruebas o incluso recurriendo autos de ingreso en prisión.

La situación, según fuentes judiciales, está generando tensiones no sólo entre magistrados y fiscales, sino también entre los miembros de Anticorrupción más comprometidos con el objeto de la institución. Y también incomoda a los cuerpos de seguridad que, en funciones de policía judicial, han tenido que asumir en el último año el papel de acusadores sin cobertura alguna, como la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El malestar, sin embargo, no ha llegado al Consejo Fiscal, que el pasado día 16 ratificó a Antonio Salinas como fiscal jefe Anticorrupción por cinco años más, con lo que su mandato se prolongará 15 años.

Estos son los principales casos en los que la Fiscalía Anticorrupción, en lugar de alinearse con el magistrado responsable de la instrucción ha procedido, en realidad, como defensa de los sujetos investigados:

La infanta Cristina y Nóos. Hasta en tres ocasiones el fiscal Pedro Horrach se ha opuesto a las intenciones del juez instructor del caso Nóos, José Castro, de imputar a la infanta Cristina de Borbón en la causa que se sigue contra su marido y contra Diego Torres. Nóos es una fundación que se declaraba sin ánimo de lucro. Sin embargo todo el dinero que llegaba de las administraciones públicas se lo repartían Urdangarin y Torres. Urdangarin utilizaba para desviar el dinero de Nóos a sus cuentas la sociedad patrimonial que preside la infanta, Aizóon. De los cinco miembros del consejo de Nóos, la infanta es la única que no está imputada, mientras sí lo están la esposa de Torres o el propio secretario de la infanta, Carlos García Revenga.

A primeros de abril, el juez Castro decidió citar a la infanta en calidad de imputada. Inmediatamente, el fiscal Horrach, que junto a Castro había sido uno de los principales impulsores de la investigación, recurrió la decisión del magistrado. La Audiencia de Palma dejó sin efecto la decisión del juez Castro, aunque le dejó un resquicio para volver a citar a la infanta como imputada si se cargaba de razones. Los indicios acumulados por el juez Castro empezaron a apuntar de nuevo una eventual imputación de la infanta ya en noviembre. Sin que nadie se lo pidiera, el fiscal Horrach presentó un escrito en el que se oponía de forma preventiva a la imputación de la infanta. Y, cuando la segunda semana de noviembre el juez Castro pidió a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la duquesa de Palma, Horrach volvió a oponerse.

Miguel Blesa. Aunque no fue propiamente la Fiscalía Anticorrupción, sino la de Madrid, las dos veces que el titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, envió a prisión al expresidente de Cajamadrid y excompañero de pupitre de José María Aznar, Miguel Blesa, por algunas de las irregularidades en la gestión de la entidad financiera que acabaron por provocar su intervención se han encontrado con la oposición del ministerio público. Y no sólo eso, sino que, además, la Fiscalía de Madrid acabó querellándose contra el juez Silva por las decisiones que tomó respecto a Blesa. Es decir, Silva ha acabado imputado por encarcelar a Blesa, aunque el expresidente de Cajamadrid sólo pasó una noche en prisión.

Los correos electrónicos de Blesa conocidos estas semanas evidencian que había motivos más que sobrados para adoptar medidas cautelares contra el expresidente de Cajamadrid. Silva se lamentaba amargamente de que ningún fiscal se hubiera interesado por los correos. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que forman parte exclusivamente de las comunicaciones privadas del antiguo máximo responsable de la caja y que no pueden ser objeto de investigación.

El PP, Bárcenas y la Gürtel. En el caso Gürtel y su principal derivada, el caso Bárcenas, Anticorrupción ha llegado aún más lejos en su intento de proteger a los investigados del juez instructor. Si el responsable de la investigación, el juez Pablo Ruz, expulsó en su día al PP de la causa, en la que estaba presente como acusación particular, por razones obvias, en las últimas semanas, la Fiscalía se ha puesto al servicio del partido del Gobierno para que pudiera acceder a la causa. Fue Anticorrupción quien presentó al juez Ruz un escrito, que previamente había recibido de la formación de Mariano Rajoy, y que criticaba duramente el informe de la Policía sobre los supuestos pagos en negro de las obras en la sede de Génova.

El abogado del PP, Alberto Durán, registró el pasado 2 de diciembre en la Fiscalía Anticorrupción un escrito paraque ésta se sirviera “de darle el curso que en Derecho proceda”.  Anticorrupción lo entregó a Ruz como si lo hiciera en nombre del partido de Rajoy. Y es un contrainforme sobre los pagos de las obras en Génova que intenta rebatir punto por punto las conclusiones provisionales a las que llegó la Policía. Fue con el contenido del informe de la UDEF y otro de la Agencia Tributaria, que Ruz dictó un auto el pasado 22 de noviembre en el que aseguraba que los datos en su poder permitían “confirmar a nivel indiciario la presunta existencia por parte del Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas”.

La utilización de la Fiscalía Anticorrupción acabó por volverse en contra del PP porque Ruz descubrió que el partido había entregado documentos al ministerio público que él mismo no poseía. Eso motivó que el juez ordenara por primera vez en la historia de la democracia el registro de la sede del partido de Gobierno. Un registro que se prolongó durante más de 14 horas y en el que se incautaron cerca de 5.000 documentos sobre la presunta contabilidad B del PP.

La esposa de Ignacio González. En el caso del polémico ático que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, posee en Estepona, las contradicciones en las que ha incurrido Anticorrupción evidencian cómo la jerarquía del cuerpo está obligando a fiscales de prestigio a situarse en posiciones que rozan el bochorno. El 29 de noviembre el fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, remitía un escrito a la titular del juzgado de instrucción número 5 de Estepona, Mariana Peregrina, en el que se oponía al archivo de la causa porque el inmueble fue adquirido a través de una sociedad instrumental domiciliada en el paraíso fiscal de Delaware, Coast Investments, que el representante del ministerio público considera “ciertamente opaca” por 1.150.000 euros de los que, presuntamente, 400.000 fueron pagados en B.

Fue el propio Ignacio González quien pidió el archivo de las diligencias por estar siendo investigado sin haber sido llamado a declarar. Pero López Caballero consideraba en su escrito imprescindible aclarar quién está detrás de Coast Investments para proceder a una eventual imputación de los compradores del ático, Ignacio González y su esposa, Lourdes Cavero. Sin embargo, cuando la juez ha decidido imputar a la esposa de González por blanqueo de capitales y delito fiscal, remitir la causa a la Audiencia Nacional porque la operación tuvo lugar en el extranjero, y, en la parte que afecta al presidente madrileño, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid po rsu condición de aforado, el fiscal ha cambiado diametralmente de criterio.

López Caballero ha recurrido la imputación de Lourdes Cavero directamente ante la Audiencia de Málaga con el argumento de que “únicamente se alude a la existencia de una “sociedad extranjera ad hoc, con una estructura organizada y para cuya comisión se han podido utilizar sociedades fiduciarias opacas pero sin aclarar cuál sea el delito antecedente de ese blanqueo de capitales ni la modalidad comisiva ni sus posibles responsables”. A juicio del fiscal, “en este momento procesal” no se ha acreditado la participación de Cavero en ningún delito contra la Hacienda Pública o de blanqueo. No parece que López Caballero haya decidido fundamentar así su recurso por voluntad propia.

El Palau de la Música y CiU. El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, parece haber dado prioridad a la velocidad a la hora de cerrar la investigación del expolio del Palau de la Música Catalana a manos del expresidente de la institución, FélixMillet, y de su mano derecha y exdirector general Jordi Montull. Millet y Montull, además, desviaron, según el auto emitido por Pijuan el pasado 12 de julio, más de 6,6 millones de euros para la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en diversas operaciones, sin que el juez Pijuan haya sentado a alto responsable alguno del partido.

De hecho no consta que hayan sido investigadas dos de las personalidades a las que se señalaba como responsables últimos de la financiación de CDC: el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, que hasta 2003 era al mismo tiempo secretario de organización de Convergència y consejero de Obras Públicas; y el actual consejero de Justicia, Germà Gordó, en aquel entonces gerente del partido con unas atribuciones muy superiores a las del tesorero. Pijuan se jubila a fina lde año y no parece que los fiscales anticorrupción asignados al caso, Pedro Ariche y Emilio Sánchez Ulled tengan intención de pedir que se reabra la instrucción para esclarecer si las responsabilidades en Convergència van másallá del tesorero.

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