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MADRID

La Operación Chamartín se aprueba definitivamente treinta años después: Ayuso da luz verde al mayor desarrollo urbanístico de la ciudad

El proyecto que ha estado paralizado durante 26 años contempla la construcción de 348 edificios de oficinas (60%) y 11.500 viviendas

Operación Chamartín

Operación Chamartín

Luz verde definitiva a la Operación Chamartín. Casi tres décadas después, el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha dado el último aprobado para que el mayor desarrollo urbanístico de la ciudad, ahora conocido como Madrid Nuevo Norte, sea una realidad.

Madrid Nuevo Norte se articulará alrededor de la estación de tren de Chamartín y afecta a unos 2,65 millones de metros cuadrados. El proyecto contempla la construcción de 348 edificios de oficinas (60%), 11.500 viviendas y equipamientos públicos. "Va a ser la obra pública más importe del sur de Europa de los últimos años. En un momento de tanta incertidumbre lo que necesitamos es seguir creando empleo y apostando por esto", anunciaba hace unas semanas la presidenta madrileña.

Durante los últimos 26 años, la sociedad privada y la empresa pública Adif (propietaria de gran parte de los terrenos) han ido renovando el contrato por el que la empresa pública venderá los terrenos a una sociedad privada formada por BBVA y la constructora San José, unos documentos que publicó en exclusiva eldiario.es. La evolución de estos contratos supone una transformación completa del plan inicial, con condiciones muy distintas a las que, en su momento, consiguió el banco Argentaria –entonces público– cuando ganó el concurso convocado por Renfe para esta operación. Nunca se volvió a sacar a concurso.

El gigantesco solar que venderá Adif a Distrito Castellana Norte (DCN), formada por la constructora San José y BBVA, agrupa 1,27 millones de metros cuadrados, según el último contrato. La empresa pública tiene la propiedad de la mitad del terreno que se va a urbanizar, el resto se lo reparten con porcentajes mucho menores el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, Correos y el Ministerio de Fomento junto a otros propietarios privados. DCN pagará por ese suelo 984,2 millones de euros: lo que supone menos de 769,5 euros por metro cuadrado si se descuentan los intereses financieros del pago a 20 años.

En un primer momento, el terreno afectado para este desarrollo que giraba en torno a la estación de Chamartín era de 625.000 metros cuadrados, menos de la mitad del que finalmente será. A cambio, el banco –y, con una participación minoritaria, la constructora San José– construían una nueva estación de tren y un edificio de oficinas. Los beneficios de la explotación de los terrenos se repartían a medias: 53% para Renfe, 47% para el consorcio formada por Argentaria y Constructora San José.

Aquella operación nunca se hizo. Pero en lugar de anularse el concurso y convocar uno nuevo, al que se pudieran presentar otras empresas con otros planes, la administración lo renegoció hasta en cinco ocasiones. A lo largo de los años, el terreno afectado se llegó a triplicar, el porcentaje sobre los beneficios se rebajó primero al 20% y después se cambió por un pago fijo. Y muchas otras cláusulas del acuerdo, que eran favorables al Estado, se cambiaron hasta convertir esa explotación conjunta en una venta de más de un millón de metros cuadrados; una enorme cantidad de terreno sobre el que ningún otro promotor inmobiliario ha podido presentar ofertas.

La Operación Chamartín (el último plan urbanístico lo desarrolló el Gobierno de Manuela Carmena) fue aprobado en julio por el Ayuntamiento de Madrid. Desde entonces estaba pendiente del último y definitivo visto bueno del Gobierno regional, que se ha retrasado durante meses por unos expedientes medioambientales, explicó la administración autonómica.

El proyecto finalmente ha sido aprobado este miércoles y se desarrollará a lo largo de 25 años –en el segundo semestre de 2021 empezará la urbanización y tendrá que pasar otra década para que se empiecen a construir los edificios–. Supondrá una inversión de 7.100 millones de euros y la creación de 200.000 empleos, directos e indirectos, asegura la Comunidad de Madrid.

La Federación Regional de asociaciones Vecinales de Madrid, Ecologistas en Acción y la Plataforma Zona Norte ya han anunciado un recurso en los tribunales en contra de la aprobación definitiva.

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