El debate sobre la regulación de los precios del alquiler que ha enfrentado a los socios del Gobierno ha sido hasta ahora ajeno a la Comunidad de Madrid. El Partido Popular, y Ciudadanos cuando estaba en la Puerta del Sol, han rechazado de plano desde el principio que fueran a aplicar los límites estatales si dependía de sus competencias. Sin embargo, las elecciones anticipadas del 4 de mayo han abierto un nuevo escenario.
Los expertos dan por hecho que, si se produce cambio de Gobierno –algo a día de hoy poco probable a juzgar por las encuestas–, la pugna estatal se trasladará a la Comunidad de Madrid, con capacidad de poner en marcha una norma autonómica como la catalana, que acaba de cumplir medio año en vigor. Lejos de rehuir el debate, Ángel Gabilondo (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) abrieron la precampaña tirando precisamente de sus propuestas, muy dispares, en materia de vivienda.
El precio de la vivienda en alquiler en la Comunidad de Madrid ha subido el triple que los salarios desde el año 2008. Si los sueldos han crecido un 10%, el coste de alquilar una casa se ha disparado más de un 33%, según la comparación de datos realizada por elDiario.es a partir de los valores más altos aportados por el INE y la oferta de Idealista.
La crisis ocasionada por el coronavirus puede haber cambiado ligeramente estos porcentajes al frenar la expansión disparatada de los precios, especialmente en la capital, donde hace dos años un 16% de la población dedicaba más del 60% de sus ingresos al alquiler. Pero también ha desmoronado la frágil situación económica de muchas familias. De hecho, el último programa de vivienda puesto en marcha por el Ayuntamiento va dirigido a las “clases medias trabajadoras” mientras la lista de solicitantes de vivienda social –para los ciudadanos con más carencias– ha pasado de 26.000 a 30.000 en los dos años de mandato de PP y Ciudadanos. La candidata a revalidar la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en campaña que la capital es un sitio “complejo” para vivir porque los precios de la vivienda son muy altos.
Celia tiene dos hijos menores y paga 960 euros por un piso de tres habitaciones en el barrio de Ventas, más del 50% de su sueldo. Los expertos sitúan en un 30% el porcentaje razonable. En 2018 su contrato era de 790. Pese a que gana 34.000 euros al año, llega justa a fin de mes y, dice, no se puede permitir gastos extraordinarios. “Ya no hay más coche. No nos hemos podido permitir arreglar la avería”, cuenta en conversación con elDiario.es. “Incluso para unos salarios razonables como el mío, es el precio de la vivienda donde está el problema como derecho básico. Y es un determinante social de la salud”, añade.
Periodista de 34 años y recién enviado a la cola del paro, Miguel coincide en que “los salarios de la gente no se corresponden con el mercado”. Con un niño de tres años, él y su pareja, con contrato indefinido, tuvieron que pedir el aval de sus padres, funcionarios, para firmar el último contrato de alquiler. “Con treinta y pico y un niño, dices: joder. Te ves un poco fuera”. Ahora está a la espera de saber qué prestación recibirá por desempleo. Cambió el centro de Madrid por la periferia –fuera de la M-30– porque dentro ya no había oferta que pudiera permitirse.
“Evidentemente hay mayor sensibilidad por parte de la izquierda hacia aquellos que lo pasan mal porque no están seguros en su vivienda. Si gana este bloque seguramente sea más proclive a encontrar soluciones”, opina la economista Carme Trilla, del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (OHB). Trilla habla con conocimiento de la experiencia que ya ha puesto en marcha la Generalitat de Catalunya para frenar por ley la subida de los alquileres en “zonas tensionadas”. La norma autonómica ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional y su futuro es incierto.
Qué propone cada partido
Solo Unidas Podemos ha incluido en su programa electoral una regulación de precios. La medida presentada por la formación consiste en limitar los alquileres para que no superen el 30% del salario medio de la zona donde se encuentra la vivienda. Aunque para que esta medida llegue a buen puerto es vital que avance la futura ley estatal. Si esta norma no incluye la posibilidad de regular los precios en zonas con el mercado tensionado, la propuesta puede quedar en papel mojado. “Si no hay una ley estatal que establezca un marco, una ciudad o una comunidad autónoma lo tiene difícil. Hay dificultades competenciales”, considera Trilla, para quien hay dos claves ineludibles para que la próxima norma tenga éxito. Una: conseguir que el mercado no expulse a la población de sus viviendas. Dos: lograr mediante el consenso que quienes impugnarían la ley, no lo hagan.
A falta de conocer en profundidad el programa socialista, Gabilondo basa su solución al problema habitacional en la construcción de 15.000 viviendas públicas de alquiler asequible. Más Madrid incluye entre sus propuestas “incentivos y penalizaciones” para que los pequeños propietarios cedan sus viviendas para ponerlas en alquiler a precios razonables y asegura que se abrirá a limitar precios una vez que exista una ley estatal. En la recta final de la campaña, el candidato del PSOE ha incorporado una nueva medida 'estrella': la gratuidad del primer mes de alquiler para los menores de 30 años, una apuesta que los socialistas calculan que supondría 56 millones de euros anuales a las arcas públicas, que tienen unos presupuestos de 22.000 millones en la región. La candidatura de Mónica García promete también una norma autonómica para “aplicar el tanteo y retracto de inmuebles para evitar que caigan en manos de fondos o que se ejecuten desahucios.
Todos los partidos, independientemente de su signo, coinciden en que el problema de base de la vivienda es que el parque público es ínfimo. Los expertos comparten el diagnóstico, los prorregulación de precios y los que se oponen a ella. “Hemos llegado aquí después de destruir el mercado del alquiler sistemáticamente en los últimos 60 años favoreciendo la compra, el ladrillo y desgravando la adquisición. Lo que venga debe estar fundamentado en dos principios básicos: que no se ponga un euro de dinero público para transferir la propiedad de las viviendas y no construir nunca más vivienda para venderla”, apunta el catedrático en Economía José García Montalvo, de la Universidad Pompeu Fabra.
El experto forma parte del grupo de economistas que piensa que regular los precios genera mercado negro e incrementos en las zonas donde no se aplican los topes. Trilla, sin embargo, se desmarca de esa teoría. “Es verdad que este asunto se ha convertido en una especie de bandera y no se habla de otra cosa. Yo no estoy en contra, aunque sostengo que las medidas deben ser limitadas en el tiempo –hasta que la administración pública tenga capacidad para desarrollar las políticas– y justificado en zonas bien definidas”, explica la economista, que ve con buenos ojos los estímulos fiscales a los propietarios propuestos por el sector del PSOE en el Gobierno. “Entiendo que no guste, pero si no intentamos llegar a un acuerdo es un viaje que no es ni de ida”, defiende. Los incentivos al alquiler le cuestan a España mil millones al año y benefician a las rentas más altas.
Esta medida, sin embargo, no convence al Sindicato de Inquilinos. “Son soluciones que son lo opuesto a nosotros. Se trata de bonificar a los propietarios para que tengan una conducta u otra. Lo que quieren hacer es: no te sanciono sino que te bonifico cuando hay actores que están acaparando el mercado”, lamenta uno de sus portavoces, Javier Gil.
En la capital existe otro problema sin el que es complicado entender las subidas de precios: las viviendas de alquiler turístico. No obstante, este es un asunto competencia del Gobierno municipal de PP y Ciudadanos que, salvo sorpresa, no hay opciones de que cambie hasta las elecciones de 2023.