Gabilondo e Iglesias tiran de la vivienda para el arranque de campaña en plena batalla dentro del Gobierno

La ley de vivienda amenaza con convertirse en una de las primeras batallas de PSOE y Unidas Podemos en la campaña madrileña, vistas las profundas discrepancias en el seno de la coalición respecto a la regulación del precio de los alquileres. Lejos de rehuir el conflicto, los socialistas defienden su propuesta de incentivar fiscalmente a los propietarios para que bajen los precios. Ángel Gabilondo convertirá esa política pública en uno de los ejes de su campaña. La intención de Pablo Iglesias era abandonar el Gobierno con la normativa estatal aprobada, pero el acuerdo en el seno del Gobierno está aún lejos, por lo que presionará en la campaña para que Pedro Sánchez acepte poner un precio máximo a los alquileres en las zonas tensionadas. Y reclamará el voto en Madrid, una de las comunidades donde el precio del suelo se ha disparado en las últimas dos décadas, precisamente para tener la fuerza suficiente para lograrlo.

PSOE y Unidas Podemos han situado la vivienda como uno de los principales ejes de la campaña frente a Isabel Díaz Ayuso en una de les regiones con el metro cuadrado más caro del país. Además, el PP ha impulsado la especulación mediante la venta de pisos públicos a fondos buitre, una decisión que está en manos de la justicia y que los tribunales han ido, en buena medida, anulando con el tiempo. El último varapalo se lo llevó la presidenta madrileña al rechazar el Tribunal Supremo su recurso contra la nulidad de la venta de 3.000 pisos a Goldman Sachs por parte del Ejecutivo de Ignacio González. De momento desde el Gobierno regional no dan una solución a los inquilinos de esas viviendas, muchos con amenazas de desahucio por parte de los fondos que se hicieron con ellas y que nada más tomar posesión de ese parque empezaron a subir las rentas. 

El rechazo a esa gestión privatizadora será el principal mensaje del PSOE sobre este asunto. Gabilondo plantea impulsar una ley regional que impida que la vivienda pública se pueda vender a fondos buitres y que, por tanto, sea social. “Si soy elegido presidente, ningún ayuntamiento de la Comunidad de Madrid podrá vender viviendas públicas a fondos buitre o de inversión. La vivienda pública será por ley destinada en Madrid exclusivamente a vivienda social al 100%”, aseguró el candidato en un acto en Ferraz este jueves. “No es una cuestión que dependa del Gobierno de España, es una competencia de las comunidades autónomas. Nosotros lo podemos hacer como Comunidad de Madrid y, a esta cuestión indiscutible, estoy seguro que la ciudadanía no se opone –expresó–. A esta cuestión solo se puede oponer gente extremadamente conservadora”.

Esa será una de las medidas que Gabilondo presentará este domingo acompañado, precisamente, del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, de quien depende esa competencia en el Gobierno. Las negociaciones entre su departamento y el socio minoritario de la coalición están siendo infructuosas por ahora y la ley estatal lleva ya más de un mes de retraso, pese a los compromisos firmados por PSOE y Unidas Podemos y a la presión de los aliados parlamentarios y de los movimientos sociales.

En la parte socialista del Gabinete están convencidos de que Unidas Podemos acabará aceptando su planteamiento de dar incentivos fiscales a los propietarios y ven margen para la negociación. En Unidas Podemos rechazan esta medida de plano y aseguran que poner un techo a los precios es una línea roja porque así se recoge en el acuerdo de coalición. Esta misma semana, la ministra de Trabajo y futura vicepresidenta tercera en representación de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, intentaba rebajar el conflicto al señalar que, “tras el paro”, la vivienda es “el segundo gran problema” que tiene España y que “no se trata de ceder”: “Va a haber acuerdo seguro”.

La presión del secretario general de Podemos no va a descender aunque esté fuera del Gobierno. “Está firmado en un papel. Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus votantes que le van a decir: ¿qué es esto de favorecer a los grandes propietarios y bailar al son de las inmobiliarias? Van a intentar doblarnos el brazo, pero ya te digo yo que no lo van a conseguir”, afirmó hace una semana en una entrevista. “Las propias bases socialistas no van a consentir que el presidente les mienta a la cara”, insistió. Y reiteró su rechazo frontal al plan de incentivos fiscales del PSOE porque supone, dijo, “con dinerito de los ciudadanos, pagar a los grandes propietarios”.

Podemos ficha a la abogada de la PAH para la Asamblea

La decisión estratégica de Pablo Iglesias de convertir la política de vivienda en un eje de su campaña se puso de manifiesto ya desde el mismo vídeo en el que anunció de forma sorpresiva su salida del Gobierno para ser el candidato de Unidas Podemos en Madrid. “En las semanas que quedan hasta la campaña voy a centrar mis esfuerzos en sacar adelante la ley de vivienda que estamos negociando”, anticipó entonces su estrategia. 

En aquel momento no sabía que tendría que adelantar dos semanas su renuncia a la Vicepresidencia segunda por un trámite administrativo del que nadie en el partido se había percatado y que pudo costarle la candidatura. Iglesias no podrá ofrecer a los votantes una ley de vivienda en su campaña en Madrid, porque el acuerdo en el seno del Gobierno de coalición, esté o no él, parece aún lejano. Pero reclamará el voto precisamente a quienes creen necesario poner coto al precio de los alquileres o a los desahucios. Y defenderá que solo con un Unidas Podemos fuerte en la Asamblea esto se podrá conseguir.

De acuerdo con las prioridades marcadas, Iglesias ha fichado para las listas a Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid. “Su experiencia defendiendo a los afectados por hipotecas y alquileres abusivos será crucial para gobernar”, ha dicho de ella Iglesias. En el movimiento contra los desahucios militaba también Isa Serra, la hasta ahora portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, antes del lanzamiento de Podemos. De hecho, la condena de inhabilitación que pesa sobre ella, y que está pendiente de confirmación por el Tribunal Supremo, llegó precisamente por unos altercados con la policía que se produjeron durante un desahucio en Madrid en 2014.

Pero la labor como abogada de Alejandra Jacinto no se limita a la PAH. Ha sido una de las letradas encargadas de la batalla judicial para revertir la venta de viviendas sociales a fondos buitre. A través de la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social, que en 2013 denunció al Gobierno que entonces dirigía Ignacio González, han logrado que el Tribunal Supremo confirme la sentencia de la justicia madrileña que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se niega a ejecutar.

Iglesias contrapondrá el derecho a la vivienda al lema de precampaña de Isabel Díaz Ayuso (“comunismo o libertad”). “La libertad no es la libertad de imponer precios abusivos. No hay libertad si una familia no puede acceder a una vivienda digna”, dijo hace unos días en uno de sus últimos actos como miembro del Gobierno. El secretario general de Podemos no ahorró tampoco comentarios sobre la posición del PSOE. “La vivienda no es solo un bien de mercado, es un derecho”, negó la frase pronunciada hace unas semanas por su todavía compañero de Gobierno, José Luis Ábalos. Iglesias volvió a hacer hincapié en que, en esta materia, no tiene intención de ceder sobre lo firmado en el acuerdo de coalición: “Lo que se firma, se cumple”.

Sin embargo, en el PSOE tienen dudas jurídicas sobre la posibilidad de establecer un techo a los precios, por lo que proponen que los precios bajen gracias a exenciones fiscales –la bonificación en el IRPF dejaría fuera a las sociedades de inversión, que ya tienen su propio sistema de beneficios impositivos– y de promover la inclusión de inmuebles en el mercado del alquiler. Ábalos defendió en el Congreso la necesidad de “definir” las viviendas vacías para que se les pueda imponer el recargo en el IBI y, sobre todo, apostó por incrementar el parque público. El ministro aseguró que, por el momento, han superado las 24.000 viviendas –de un primer objetivo de 20.000– gracias a acuerdos alcanzados con la Sareb y fijó en 100.000 el compromiso del Gobierno. 

Pero Unidas Podemos tampoco cree que esa sea la solución ya que, dicen, hay suficiente parque de viviendas construido como para levantar más. De hecho, la situación de la Sareb (el llamado banco malo, que absorbió los activos inmobiliarios tóxicos de la banca durante la crisis de hace una década) ha vuelto a la actualidad después de que Eurostat haya cambiado de criterio para exigir ahora a España que se anote como deuda el pasivo de esa sociedad pública, que asciende a 35.000 millones de euros.

Ione Belarra, quien sustituirá a Iglesias en el Ministerio de Derechos Sociales, planteó este jueves que la ley de vivienda que negocia con el PSOE sirva para utilizar las viviendas que aún atesora la Sareb. Belarra, principal negociadora de Unidas Podemos en materia de vivienda, señaló que esos inmuebles “podrían servir como germen para crear un verdadero parque público de vivienda social”. Sus mensajes en Twitter fueron recogidos después por el secretario general de Podemos: “Para ampliar el parque público de vivienda no hay que construir más”.