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El Ayuntamiento de Madrid aprueba un nuevo reglamento para la adjudicación de la vivienda pública

Visita de Manuela Carmena y Marta Higueras a la primera promoción de viviendas de la EMVS en San Cristóbal de los Ángeles y presentación del nuevo Plan Municipal de Vivienda 2016-2019

elDiario.es Madrid

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La adjudicación de viviendas en alquiler de la EMVS se hará por cupos poblacionales de demanda, limitados cada uno de ellos en los distritos, frente a la baremación tradicional, un cambio en el reglamento que ha salido adelante en el Pleno de Cibeles --vía transaccional entre el grupo de gobierno y socialistas-- con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Cs.

No obstante, han tenido que salir del hemiciclo ediles de estas tres formaciones con el fin de que los votos dieran la esperada luz verde al texto dada la ausencia por enfermedad de la concejala de Ahora Madrid Montserrat Galcerán. El PP ha votado en contra.

Son nueve los grupos de demanda que se atienden en función de características socioeconómicas y personales: personas en situación de vulneración residencial (18%); menores de 35 y mayores de 65 años (5%); familias monomarentales (5%); familias numerosas (4%); personas con discapacidad (5%); víctimas de violencia machista, explotación sexual o trata (3%), la demanda general y demandantes en situación de extrema exclusión residencial.

El reglamento hasta ahora vigente solo establecía dos programas, el general y el destinado a jóvenes, unido a una bolsa en la que se incluía desde personas víctimas de desahucios o de violencia machista.

Otras de las novedades son la fijación de la duración de los contratos en cinco años, prorrogables; el acceso con un año de empadronamiento y la aprobación de los convenios a firmar por parte del consejo de administración de la empresa para evitar discrecionalidad alguna. También se mejora la flexibilidad en las rentas con revisiones anuales que permitirán adecuar el coste del alquiler a la situación económica que acredite la familia en cada momento limitando las rentas máximas a un 20 o 30 por ciento de los ingresos familiares.

Igualmente se exige el cumplimiento de las normas de convivencia a través de un compromiso social común para mejorar la convivencia vecinal. Con este nuevo sistema se busca una mayor heterogeneidad social y reequilibrio territorial en las adjudicaciones.

El PP, en contra

El PP ha sido el único partido que se ha distanciado del voto a favor del reglamento porque, en palabras del edil Orlando Chacón, “se han olvidado de un segmento que no le sobra nada”, el de la clase media, “la casta” para el Gobierno. “Esa clase media es la que sostiene ese Estado de Bienestar pero que se las ve y se las desea para salir adelante pero a la alcaldesa, Manuela Carmena, y a sus socios de gobierno no les preocupa una mayoría de bien que respeta el orden y la legalidad porque solo gobiernan para los suyos, los okupas”, ha lanzado.

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, le ha preguntado a Chacón si cree que alguien okupa por gusto cuando da esa patada en la puerta por no poder acceder a un mercado de alquiler “disparatado”. “¿Una persona que okupa no es de bien?”, le ha preguntado.

La edil ha agradecido la generosidad de parte de la oposición e incluso de sus propios compañeros de bancada al reconocer que ha habido “escollos dentro del equipo de gobierno”, a quienes les une “la vivienda entendida como derecho fundamental” y reivindicado una vivienda y unos sueldos dignos. También ha concretado que la vivienda de la EMVS okupada no llega al 1%.

Discurso “casposo”, de VOX

El concejal de Ciudadanos Bosco Labrado ha contestado a Chacón que la okupación ha salido del reglamento y que se sigue la línea del reglamento de la Comunidad, apoyado por Ciudadanos en la Asamblea, por lo que le ha pedido que deje el “postureo electoral”. La edil socialista Mercedes González, ha acusado al concejal del PP de hacer un discurso “casposo” y más propio de Vox y que sus palabras son las propias de un “desalmado”.

“No hay que tener alma para dedicar dinero público a putas y cocaína”, ha replicado Orlando Chacón, quien cree que con este reglamento el gobierno municipal pretende “colapsar el servicio municipal de vivienda”.

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