Ayuso apunta contra los migrantes con su nueva medida para el transporte en pleno debate sobre la “prioridad nacional”
Este lunes las colas eran similares a las de todos los días en las oficinas de Metro de Madrid en Sol. El personal que atiende a los usuarios trabaja como de costumbre, aunque salen a recordar la novedad que ya ha entrado en vigor: solo podrán solicitar la Tarjeta de Transporte Público Personal, el abono de transportes, aquellas personas que estén empadronadas en Madrid. Asociaciones y usuarios critican la medida del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que principalmente afecta a estudiantes, trabajadores en la capital que viven en otras comunidades y personas migrantes: “Perjudica a muchos inmigrantes. Hay mucha gente que alquila pisos y quienes se los alquilan no los quieren empadronar. Imagínate esa cantidad de gente cómo va a estar”.
Habla Cecilia, una de las usuarias de Metro de Madrid que hacen cola en la céntrica estación. En su caso, ella sí está empadronada y disfruta del abono, pero asegura que tiene “muchas amistades” que no lo están. “Incluso para regularizarse están haciendo un padrón policial. Imagínate tanta gente sin poder trabajar. Imagínate cuánto se gastan a diario en los pasajes sin tener el bono”, dice, en declaraciones a elDiario.es.
No es complicado encontrar a personas que, como Cecilia, aunque llevan ya un tiempo viviendo en España y, concretamente, en la capital, sí tienen conocidos a los que esta medida les afectará. Es el caso de Camila, que lleva ya cuatro años en el país y que es de Perú. A ella no le afectará porque está empadronada, pero a un familiar suyo, que acaba de venir para estudiar, sí. Entre el bullicio del resto de usuarios con prisas para subirse al metro, la joven relata las dificultades a las que se enfrentan las personas migrantes en la capital para solicitar el empadronamiento. “Tú vas a alquilar una habitación y un piso y muchas veces, aparte de las mensualidades y todo eso, te piden 400 euros o así” para poder empadronarse. “Mi prima alquiló una habitación, pero tenía que pagar 700 euros más” para poder solicitarlo.
Camila asegura que incluso ha llegado a ver grupos en redes sociales que cobran cientos de euros para que las personas migrantes se empadronen. “Están haciendo con todo esto un negocio”. Como en el caso de otros usuarios, la joven también entiende que se pida un empadronamiento, aunque reconoce que “perjudica a muchas personas”. “Es una pena, se sobreentiende pero es que también hay que ponerse...” [en la piel de esas personas].
Los trabajadores de la oficina siguen con normalidad su turno. Uno de ellos explica a elDiario.es que se esperaban una situación más caótica, pero dicen que en general la gente sí conoce la nueva medida, a excepción de unos pocos. Eso sí, asegura que quedan semanas todavía para recordar el cambio.
Las asociaciones tachan la medida como un “instrumento de exclusión social”
Uno de los argumentos que este lunes se han escuchado por parte del PP de Madrid es que esta medida no va contra los migrantes ni contra “ningún colectivo” en concreto. Unas declaraciones que desde Red Acoge critican por ser “muy engañosas”. “La Comunidad de Madrid no desconoce quiénes son las personas que tienen dificultades para el empadronamiento”, asegura Natalia Slepoy, responsable de área de incidencia de la asociación. “No se quiere personas con derechos, sino esclavos sin ningún tipo de reconocimiento”, asegura.
¿Y quiénes son esas personas? Aquellas que están en “situación de mayor vulnerabilidad”, que tienen más dificultad para acceder a una vivienda o que incluso están en situación de calle, y también personas como las trabajadoras internas. “Los ayuntamientos están poniendo obstáculos y están incumpliendo la legislación vigente que dice que toda persona tiene el derecho de empadronarse y el ayuntamiento la obligación de que esa persona esté empadronada sin importar la situación administrativa”, advierten.
Justo las personas no empadronadas son las que más complicado tienen para salir de esa situación de exclusión: “Quien no está registrado, no existe”. Pero es que además también afecta al conjunto de la población: “Si no están censadas todas las personas, las políticas públicas no serán acordes al conjunto de la población”. “Cuando se adoptan medidas como estas, el padrón se convierte en un instrumento de exclusión social”. Slepoy también pone de ejemplo el aumento a diez años de empadronamiento para acceder a una vivienda pública o “cuando se dificulta el acceso a la atención sanitaria, que en Madrid se incumple la ley reiteradamente”. “Medidas como estas son una política de prioridad nacional encubierta”.
Este mismo lunes, la presidenta de la Comunidad aseguraba que la medida se decidió porque el “contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público” y que este requisito se establece porque “hay que pagar” gastos como nóminas o modernizaciones de los vehículos. Sin embargo, para Red Acoge esto tampoco es del todo así: “Las personas, aun en situación irregular, contribuyen con sus impuestos indirectos a las arcas públicas y, por tanto, a pagar las nóminas de trabajadores que sí están regularizados”.
Hablan sobre esta cuestión Rocío y Elizabeth, dos mujeres que descansan bajo los toldos en las primeras horas de la tarde en la Plaza del Sol. “Si tú trabajas y pagas tu cotización, se supone que sale de ahí” el dinero para servicios públicos como el transporte, argumentan, independientemente de si están empadronadas o no. “Nosotros también pagamos”. Ambas tienen el padrón y los papeles en regla, pero el hijo de una de ellas vendrá a Madrid en julio y se encontrará con la nueva norma. “Va a ir a estudiar, al colegio y no se va a poder movilizar”, lamenta. O sí se va a poder movilizar, pero pagando lo que cuesta la tarjeta de diez viajes, un dinero que puede suponer un buen monto mensual si se utiliza mucho el transporte público. Ellas también relatan las dificultades a las que se enfrentan para conseguir el empadronamiento. “Es injusta”, dicen, sobre la medida.
Pero en las colas del metro también hay diversidad de opiniones: algunas personas procedentes de otros países, pero ya empadronadas y regularizadas aquí, consideran razonable la medida. Otras dos mujeres que aguardaban su turno, en este caso españolas, aseguran que está “muy bien hecho”. “Que se empadronen en un sitio, como nos tenemos que empadronar todos”, dicen en declaraciones a elDiario.es.
Fuera de la estación, Juan, de Perú, aguarda apoyado en un muro. El hombre asegura que “lo han complicado un poquito más”, pero que “tendrán sus razones”, aunque reconoce que es complicado para las personas que vienen de otros países poder conseguir darse de alta en el censo. Ahora Juan está empadronado y a punto de conseguir los papeles pero recuerda cómo fue para él cuando llegó a la capital. “Así como yo alguna vez estuve en esa situación, espero que haya alguna solución, alguna salida favorable para aquellas personas que también tienen derecho a estar, a disfrutar libremente de aquí, de España, que es un país hermoso”, dice a elDiario.es.