Cada Consejo de Gobierno, una batalla cultural. Y en el primero del año la Comunidad de Madrid ha anunciado que cambiará una ley para perseguir judicialmente protestas como la que se organizó contra el genocidio en Israel y que obligó a terminar antes de tiempo la última etapa de La vuelta Ciclista a España en la que participaba un equipo representando a aquel país. Lo que ha anunciado este miércoles el Gobierno de Ayuso es su intención de modificar la ley de espectáculos regional para habilitar al Ejecutivo y que pueda ejercer la acción popular en los tribunales y de acusación “en los procedimientos penales relacionados con delitos de orden público que hayan impedido o dificultado la celebración de eventos y acontecimientos de interés general”. Entre ellos, ha citado la Vuelta Ciclista a España, cuya última edición se vio interrumpida en varias ocasiones por grupos de manifestantes, incluida la suspensión de la etapa final a varios kilómetros de la capital.
Con el cambio legal anunciado este miércoles, el Gobierno de Ayuso busca dotarse de un instrumento que ya podía utilizar en caso de violencia contra la mujer y el terrorismo. Ahora se trata de que el Gobierno regional tenga la misma capacidad de respuesta ante manifestaciones que amenacen la celebración de espectáculos culturales o deportivos. Al realizar el anuncio, el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, citó expresamente y en dos ocasiones las protestas en la prueba ciclista contra la participación del equipo de Israel. Ya entonces, Isabel Díaz Ayuso se posicionó inequívocamente contra los manifestantes y a favor del equipo de Israel e incluso siguió parte de la etapa en el coche del director deportivo. Su número dos en el partido, Alfonso Serrano, llegó a calificar a las decenas de miles de personas que participaron en las protestas como “gentuza”, aunque horas después tuvo que rectificar.
Cuatro meses después de aquello, el Gobierno de Ayuso anuncia ese cambio legal, que se tramitará en la Asamblea de Madrid, así como en otras leyes, para perseguir las protestas en museos o que utilizan obras de arte como reclamo (en este caso la norma que se modificará es la de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid), mientras que para perseguir judicialmente a los autores de incendios forestales se tocará la Ley Forestal y de Protección de los Espacios Naturales.
Como todas las administraciones, el Gobierno de Madrid ya puede presentarse como acusación particular en aquellos casos donde sufra un perjuicio. Las reformas legales que plantea ahora es para blindar su acción en los tribunales también en estos casos: los de las protestas, “desórdenes públicos” en eventos que considere de especial interés. El objetivo, señaló el portavoz del Gobierno de Ayuso, es que los cambios legales estén listos ya para el verano y que a partir de entonces la Comunidad de Madrid pueda personarse en estos tres supuestos como acción particular.
Este fue el anuncio más importante tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el que el Ejecutivo de Ayuso mostró su rechazo al sistema de financiación autonómica que propone el Gobierno central. Según los cálculos del Ejecutivo regional, Madrid recibirá 200 euros menos por habitante que Catalunya y ese el principal motivo en contra de una propuesta que “pone en peligro la prestación de los servicios públicos”. La comparecencia del portavoz de Ayuso arrancó con un deseo, “que se acabe la agonía” en la que viven los españoles y se cumpla “el deseo más pedido durante la navidad”: “Que Pedro Sánchez se vaya”. La frase es literal.
El resto del Consejo semanal de Gobierno dio para que se aprobase una decena de informes y el Plan de Cooperación al Desarrollo con un presupuesto de 4,8 millones de euros, para inversiones en educación y salud fundamentalmente en Hispanoamérica y en África.