“Evitamos todas las situaciones en las que pueda surgir el más mínimo atisbo de corrupción”. La frase está en el código ético de Quirón dentro de los mandamientos que el gigante sanitario impone a directivos, trabajadores y proveedores externos. Figura en la página 18 de ese manual de buenas prácticas que es de obligado cumplimiento para todos los operadores de la compañía. El compromiso está incluido en un párrafo más amplio donde el grupo sanitario advierte: “La selección de nuestros socios comerciales se basa en criterios cualitativos, económicos y éticos. Solo trabajamos con socios cuyos valores coincidan con nuestros principios corporativos y cuya cooperación no se haya visto influida por la corrupción. La corrupción se produce cuando alguien abusa de su posición profesional o de su poder para obtener una ventaja ilícita para sí mismo o para otros”.
Pese a esa declaración de intenciones, Quirónprevención, una de sus filiales, mantiene como proveedor a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario y comisionista Alberto González Amador, quien desde 2023 opera dentro de la compañía con una identidad falsa, Alberto Burnet González, tal y como desveló en exclusiva elDiario.es y que en la actualidad está imputado por “corrupción en los negocios”.
En los ficheros de la compañía figura ahora su cometido: Director de Proyectos, Servicios centrales, aunque un portavoz autorizado de Quirón asegura a este medio que ese puesto lo puede desempeñar una persona no contratada por el grupo.
Según ha podido comprobar elDiario.es la pareja de Ayuso sigue operando para el grupo Quirón, tras las últimas revelaciones, y tampoco se le ha aplicado el código ético a raíz de su imputación por corrupción en los negocios.
Un juzgado de Madrid investiga desde hace meses la sospechosa compra de González Amador por medio millón de euros de una empresa, Círculo de Belleza SL, sin infraestructura ni clientes ni apenas facturación, a María Gloria Carrasco, la esposa de su jefe en Quirónprevención, Fernando Camino. Camino es un personaje clave en el negocio que reportó a González Amador dos millones de euros porque ejercía de consejero en una sociedad de Pontevedra, MAPE Asesores, que tuvo la llave para que González Amador pudiese cobrar la comisión de dos millones de euros por intermediar en una venta de material sanitario importado de China durante la pandemia. Camino era consejero de MAPE Asesores, la firma que hizo dos pedidos en 2020 en plena pandemia por 20 millones de euros en mascarillas y otros insumos sanitarios a la empresa catalana FCS Consulting. Por mediar en esa operación de FCS, que durante esa misma época vendía directamente y sin necesidad de intermediarios al Ministerio de Sanidad, Alberto González Amador se llevó una comisión del 4,5%: dos millones de euros en total. A raíz de esas ganancias y por haber fabricado facturas falsas y empleado empresas pantalla tras ese pelotazo, González Amador está acusado de un doble fraude fiscal y se sentará en el banquillo.
Al margen de ese juicio, un segundo juzgado sigue investigando si la compra de la sociedad Círculo de Belleza SL, que González Amador adquirió a la pareja de Fernando Camino por esa cantidad que a la jueza le ha parecido desproporcionada (medio millón de euros) esconde en realidad un reparto de la comisión por la venta del material sanitario. De momento, tanto el vendedor, González Amador, pareja de Ayuso, como la compradora, la esposa de Fernando Camino, María Gloria Carrasco, farmacéutica en León, están imputados por “corrupción en los negocios”.
Pese a ello, Fernando Camino y González Amador siguen operando con normalidad en Quirónprevención, el primero como presidente de la empresa, y la pareja de Ayuso como supuesto proveedor externo, aunque en la intranet del grupo figure como “Director de Proyectos, Servicios Centrales”, con la identidad falsa que este medio reveló ayer: Fernando Burnet González.
El código de buenas prácticas de Quirón en su página 18 continúa: “El soborno es una forma de corrupción en la que alguien concede a otra persona una ventaja para verse favorecido en una decisión. La corrupción tiene graves consecuencias, tanto para Quirónsalud como para nuestros pacientes, empleados, familiares y la sociedad. Es una práctica que desperdicia recursos valiosos en lugar de fomentar el desarrollo sostenible o el tratamiento o la investigación de alta calidad. Da prioridad a los intereses privados a expensas de la empresa y de nuestras partes interesadas. El soborno y la corrupción dañan la libre competencia y el desarrollo económico y pueden tener graves consecuencias legales, financieras y de reputación para Quirónsalud y sus empleados. Para mantener y reforzar la confianza en nosotros como empresa, rechazamos todas las formas de corrupción y no participamos en tales actividades”. Y concluye: “Evitamos todas las situaciones en las que pueda surgir el más mínimo atisbo de corrupción”.
Entre 2021 y 2024 la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso hizo pagos a Quirón por 5.000 millones de euros, el doble de lo que contemplaban sus presupuestos. Al frente de la Consejería de Sanidad que validó el abono de esas cantidades está Fátima Matute, exempleada durante casi dos décadas del propio grupo Quirón, aunque este dato no figure en el currículum que facilitó a la Comunidad de Madrid y que puede consultarse en el Portal de Transparencia. Cuando se le preguntó a Matute por qué esa experiencia profesional no figura en su vida laboral, la consejera respondió que era un dato ya conocido.
elDiario.es ha preguntado a Quirón si la imputación de González Amador, que figura como Director de Proyectos en su intranet, pero que la empresa describe como un proveedor externo, implica algún tipo de medida derivada del código ético. Un portavoz oficial ha señalado que la compañía no va a hacer comentarios sobre este tema.