El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido a su edil David Pérez con buenas palabras en respuesta a las informaciones publicadas por este periodico, acerca de la contratación por 10.500 euros de una empresa para la Cabalgata de Reyes 2024 en Sanchinarro que no cumplía los pliegos establecidos en la propia convocatoria. La Junta Municipal de Hortaleza, que preside el bautizado como concejal aguafiestas por su enfrentamiento con varias asociaciones críticas que tienen un papel importante en festejos populares del distrito, adjudicó la licitación a una empresa que no satisfacía uno de los requisitos del proceso. En concreto, la inscripición o solicitud de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece). Lo hizo, además, contra el criterio de la interventora delegada.
Almeida destaca el “gran trabajo” de Pérez en Hortaleza como contestación a las preguntas de Somos Madrid, durante el acto de colocación de la primera piedra en un nuevo centro cultural de El Cañaveral, barrio en expansión del distrito de Vicálvaro. Para el regidor, el exalcalde de Alcorcón y exconsejero (primero de Vivienda y luego de Transportes) en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “ha impulsado Hortaleza y sus nuevos desarrollos, Sanchinarro y la parte de Valdebebas que corresponde al distrito” desde su llegada a la Junta Municipal en 2023.
“Cuando a uno le critican determinadas personas o asociaciones significa que lo está haciendo bien y no es que lo esté haciendo mal”, ha aseverado Almeida. “Hay asociaciones y personas que le han puesto en el punto de mira y que le van a criticar haga lo que haga”, opina.
Más allá de esa valoración, y en lo que respecta a la cuestionada contratación, el primer edil cree que “se ha debido proceder bien porque el trámite ha pasado los procesos administrativos, la tramitación administrativa y los controles que hay en el Ayuntamiento de Madrid”. “Animo a cualquiera que se sienta perjudicado o a quien tenga dudas que lo recurra. Quien aprecie cualquier irregularidad, que se no se limite a una denuncia periodística, sino que lo recurra [judicial o administrativamente]. Para eso estamos en un Estado de derecho”, apostilla.
Una contratación con el voto contrario de la interventora: “No se cumple la cláusula”
El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), documento que establecía las bases de la convocatoria que adjudicó el contrato para organizar tanto este evento el 3 de enero como la cabalgata participativa del 6 de enero (otorgada a otra entidad sin que medien presuntas irregularidades), recoge en su cláusula 14 que las empresas beneficiarias debían cumplir un requisito indispensable. Se trata de la inscripción o solicitud en el Rolece. Sin embargo, la agraciada con el lote 1 fue la compañía Eventos Innovate Altea, que no figuraba en dicho registro en el momento de presentar su candidatura, pese a señalar que sí en la presentación de su oferta.
Esta anomalía debió resultar en dejar el concurso desierto al ser la única compañía concurrente, según fuentes internas de la Junta Municipal de Hortaleza consultadas por este diario. Pero desde el Ayuntamiento optaron por exigir a la compañía la documentación que no presentó de inicio. “Se acuerda requerir al licitador del Lote 1 Eventos Innovate Altea SLU para que aporte la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores o, en caso de no encontrarse inscrito en el correspondiente Registro, haga uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción”, recoge el acta de la mesa de contratación celebrada el 17 de diciembre de 2024, al que ha tenido acceso este medio.
Dos días más tarde, un nuevo encuentro de la mesa de contratación validó la documentación enviada por la compañía para cumplir con el requerimiento. Este organismo estaba compuesto por cinco vocales, todos ellos con puestos de responsabilidad en la Junta, junto a la presidencia (que ostentó la por entonces secretaria del distrito) y la secretaria (ejercida por la Jefa de Unidad de Contratación).
De acuerdo a la documentación consultada por este periódico, la situación dio pie a un voto discrepante de una de las cinco vocales que integraban la mesa. Fue el de la interventora del distrito, Aránzazu Ruiz Muguruza, al considerar que la información aportada no eximía a la empresa de incumplir las condiciones recogidas en los pliegos: “Se aprueba la justificación aportada por el licitador respecto al requerimiento efectuado por la mayoría de votos, a excepción del voto de la interventora por considerar que no se cumple la cláusula 14 del PCAP”, recoge el acta.
El acuerdo de la mesa argumenta que “en el procedimiento abierto simplificado sumario la inscripción en el Rolece no es requisito esencial”, exponiendo así que este trámite no es obligatorio en este caso según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. En cambio, la resolución obvia que lo que obliga a cumplir con dicha inscripción es que figura como requisito indispensable en unos pliegos previamente aprobados por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.
Fuentes municipales sostienen por contra que “no existe ninguna irregularidad por parte de la Junta Municipal de Hortaleza”, ya que “la empresa adjudicataria presentó su oferta dentro del plazo establecido, y la mesa de contratación realizó una propuesta de adjudicación que, en todo caso, no es definitiva”. No obstante, apuntan que “se ha requerido a la empresa documentación adicional para continuar con la tramitación del expediente”. Recalcan asimismo que la empresa no figura inscrita en el Rolece “por ser de reciente creación”. “Según el criterio de la mesa, y conforme a lo establecido en los pliegos, la inscripción en el Rolece no es obligatoria”, aseguran, aunque precisamente esos pliegos apuntan que ese registro si era mandatorio.
Desde el Consistorio insisten en que “todo lo actuado hasta el momento se ajusta estrictamente a lo previsto en los pliegos de la licitación, en el Informe sobre solvencia, clasificación y condiciones especiales de ejecución (pág. 1), y en la Ley de Contratos del Sector Público”, aunque en lo relativo a los pliegos la lectura de la documentación indica lo contrario.
Estas explicaciones no convencen a Miguel Montejo, concejal de Más Madrid en el distrito, que cuestiona la figura del edil presidente del distrito: “David Pérez tiene un comportamiento de caciquillo sectario. Al mismo tiempo que ejerce tanta violencia administrativa como puede contra todo aquello que le resulta incómodo, especialmente contra el tejido asociativo, le da facilidades a quién le rinden pleitesía o colaboran con sus chiringuitos. Empezamos a ver el alcance de su trato déspota a los empleados públicos o sus malas artes en materia de contratación. Adjudicar un contrato en contra del criterio técnico de la funcionaria que rige la pulcritud del procedimiento, la interventora delegada, no es una simple bravuconada más: es de una gravedad extrema”.