Admitido el recurso contra la argucia legal de Ayuso para impulsar el plan de Almeida en las Cocheras de Cuatro Caminos

El futuro del proyecto urbanístico sobre las históricas Cocheras de Cuatro Caminos vuelve a estar en entredicho. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio y Ecologistas en Acción sobre la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana efectuada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

“Examinado el escrito de interposición y cumpliendo los requisitos legales, procede admitir a trámite el recurso y requerir a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo en el plazo y con los requisitos que se establecen en dicho artículo”, recoge el documento, al que ha tenido acceso Somos Madrid. La Comunidad de Madrid cuenta con 20 días “improrrogables” desde la comunicación judicial para hacer llegar dicho expediente solicitado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM.

El origen de esta controvertida actuación de las autoridades madrileñas se retrotrae a julio de 2022, con una sentencia del Tribunal Supremo que tumbó los planes del Ayuntamiento en los terrenos, cuando la histórica instalación ya había sido demolida. El proyecto municipal comenzó de cero y el consistorio aceleró al máximo para lograrlo. El nuevo plan fue aprobado a las pocas semanas. En juego estaban 443 pisos y una iniciativa defendida por todos los partidos políticos con representación municipal, al menos en su etapa embrionaria.

En mayo de 2023, cuando todavía continúan los trámites para dar luz verde a Residencial Metropolitan (cooperativa reunida alrededor de la promotora Ibosa propietaria del solar), el Gobierno central aprobó la nueva Ley de Vivienda, que obliga a dedicar un 20% de vivienda protegida en cualquier desarrollo urbanístico. Hasta entonces se exigía un 10%, el porcentaje que contemplaba el proyecto sobre las cocheras. Todo hacía indicar que tocaba volver a la casilla de salida, para enfado de los miembros de la cooperativa.

El pasado verano llegó la última trampa legal de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. El equipo legal de Ayuso asegura primero que es obligatorio rehacer el proyecto, pero más tarde retuerce la interpretación de la norma estatal para indicar lo contrario. Lo hace con un polémico informe en el que los argumentos se dictan desde el área de Urbanismo de Almeida. De esta manera, los 443 pisos fueron aprobados en la comisión del ramo de septiembre de 2023 y quedaron definitivamente validados durante el pleno del día 28 de ese mismo mes, gracias a la mayoría absoluta del PP en el consistorio.

10 de años de periplo urbanístico y judicial

Las disputas alrededor de estos terrenos comienzan en el año 2014, cuando Metro de Madrid vende por 88 millones de euros un solar que ocupan sus cocheras, todavía en uso. Aparece entonces para adquirirlas Residencial Metropolitan. El proyecto, modificado durante la legislatura de Manuela Carmena, acaba proponiendo cinco bloques de pisos en este espacio (con 58.500 metros cuadrados de superficie), entre ellos una torre de 31 plantas y por encima de los 100 metros de altura (más elevada que el Faro de Moncloa), que destacaría en un entorno sin construcciones de este tipo.

Su materialización implica modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) y también la desaparición de las históricas cocheras, con más de un siglo de antigüedad y atribuidas a Antonio Palacios, el arquitecto de cabecera del primer Metro de Madrid. Su conservación empieza a levantar a asociaciones de Chamberí, el distrito sobre el que se asienta, y a otras que reclaman el valor de este patrimonio industrial, tanto por su diseño como por su antigüedad. Estas constituyen rápidamente la plataforma Salvemos las Cocheras de Cuatro Caminos, para intentar frenar en los tribunales toda la operación urbanística.

El primer frente es el de intentar que el complejo fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC) para su protección definitiva, intento que es tumbado por la Comunidad de Madrid (solo se protegen unos muros laterales). En 2019 llegaron las demandas en los tribunales para frenar una operación que aseguraban era ilegal. La justicia les da la razón en primera instancia y después lo ratifica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Es aquí cuando el Ayuntamiento hace uso de la primera trampa legal para conseguir la demolición de las cocheras y que el proyecto avance: Urbanismo recurre todas las sentencias judiciales en su contra y a la vez autoriza la demolición de todo el complejo, como paso previo a la construcción de los edificios. El derribo de las cocheras se consumó el 8 de junio de 2021, mes y medio después de la sentencia del TSJM que ya dejaba claro que el planeamiento sobre el que se asentaba el proyecto era ilegal.

Pero la decisión no era firme hasta que lo dijera el Supremo, gracias a los recursos del equipo de Almeida. Ahora el consistorio madrileño va a tener que seguir empleándose a fondo en los tribunales para sacar adelante un proyecto que cambiará radicalmente la estampa de esta zona de Chamberí cargada de historia.