Confirmada la multa de 96.000 euros al festival Brava Madrid por imponer pulseras como único medio de pago

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la multa de 96.000 euros que la Comunidad de Madrid impuso a la organizadora del festival Brava Madrid, Madrid Salvaje AIE, tras la denuncia de Facua-Consumidores en Acción por distintas cláusulas abusivas en las que incurrió en su edición de 2023, como imponer pulseras cashless como único método de pago y cobrar por la devolución del dinero no consumido.

La Sala desestimó el recurso de la organizadora del evento contra dicha sanción y al no ser recurrido la sanción ha adquirido firmeza, según consta en una resolución de la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de Madrid, a la que tuvo acceso Europa Press. El expediente se encuentra en fase de ejecución para el cobro de la sanción impuesta.

En octubre de 2025, la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la CAM comunicó a Facua que había impuesto una sanción de 96.000 euros por la comisión de dos infracciones administrativas graves. Por un lado, se sancionó la imposición de las pulseras cashless como “único sistema posible para la adquisición de productos” y, por el otro, la inclusión de “varias cláusulas limitativas de los derechos del consumidor” en sus condiciones generales.

Posteriormente, la organizadora del evento interpuso un recurso ante la decisión de la administración madrileña. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, sin embargo, ha determinado recientemente la “caducidad” del recurso interpuesto por Madrid Salvaje dado que “no presentó la demanda en el plazo legalmente concedido”.

Facua volvió a denunciar al Brava Madrid en 2024 por la imposición de las pulseras cashless y por quedarse con parte del dinero sobrante, entre otras irregularidades. En 2025 la ha denunciado de nuevo por impedir el acceso a sus instalaciones con comida y bebida adquirida en el exterior, lo que en la práctica supone la imposición indirecta de servicios accesorios no solicitados, además de una limitación de los derechos de los usuarios y un desequilibrio en las relaciones contractuales en detrimento del consumidor.

También ha denunciado a la promotora este año por negarse a devolver el dinero de las entradas a aquellos asistentes que lo solicitaron después de que el evento tuviera que modificar su cartel después de que varios artistas anunciaran que finalmente no participarían en el festival. Además, la asociación ha logrado una sentencia que ha confirmado la abusividad y declarado nulas las cláusulas que la misma promotora impuso en otro de los festivales que organiza: el Madrid Salvaje.

El juez ha prohibido a la empresa que reitere en estas prácticas, que consistían en impedir en entrar con comida y bebida del exterior e imponer tres euros por devolver el dinero consumido de las pulseras cashless. Esta sentencia está pendiente de recurso ante la audiencia provincial.

Brava Madrid ha protagonizado durante los últimos años varias polémicas relacionadas con los derechos de los consumidores. En el año 2023, la edición sancionada por el uso exclusivo del cashless, cobró 9 euros por cada billete de autobús que la EMT puso a disposición del festival, un servicio que el consistorio había anunciado que sería “gratuito”.